La minería ilegal en Bolivia sufrió un duro golpe. La Armada Boliviana, la Policía Boliviana y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) realizaron operativos en dos ríos cercanos al Parque Nacional Madidi. En esa acción militar se destruyeron 11 campamentos mineros utilizados como centros logísticos para la explotación de oro ilegal. Solo en un campamento se destruyó maquinaria y equipos y se incautó oro, un total valuado en 10 millones de dólares, entre equipos y producción.
Vía: Mongabay |
En los otros ocho campamentos se destruyeron máquinas catalogadas en dos millones de dólares, también incluyendo el registro de producción. Según un reporte de la Armada Boliviana, al que Mongabay Latam tuvo acceso, los lugares de los operativos fueron en los ríos Quendeque y Beni. Ambos afluentes se encuentran en la zona norte del departamento de La Paz, en plena Amazonía boliviana. Además, se realizó otro operativo en el río Kaka, en proximidades a la comunidad de Mayaya. Los operativos fueron realizados el 5 y 6 de marzo.
El abogado Jaime Cuéllar, especializados en minería legal e ilegal, afirmó a Mongabay Latam que la minería ilegal en Bolivia dejó de ser un fenómeno local para convertirse en un nodo estratégico de crimen transnacional, donde la inversión y legitimación de capitales ilícitos a través de oro, mercurio y cooperativas parcialmente legales consolidan poder económico y erosionan la institucionalidad. A su vez, aplaudió las acciones que realiza la Armada Boliviana, pero aseguró que estas intervenciones deben ser más recurrentes y en muchas otras zonas de la Amazonía.
El operativo se da en un contexto de tensión con la cartera de Ambiente, que ha sido reducida desde la llegada del presidente Rodrigo Paz. El mandatario, además, no presentó un plan con medidas profundas contra la minería ilegal. Los pueblos indígenas y organizaciones ambientalistas han sido críticos del nuevo gobierno desde su llegada y temen que estos movimientos se traten de «golpes de efecto».
Los campamentos eran centros logísticos que se dedicaban a la explotación aurífera ilegal, contaban con áreas destinadas a dormitorios, cocinas, talleres de herramientas y espacios de acopio de maquinaria liviana y pesada. El contralmirante Rocco Villazón, inspector general de la Armada Boliviana, informó a Mongabay Latam que durante los operativos se encontraron químicos que se utilizan para la extracción del oro, como mercurio y bórax.
“Se ha realizado un trabajo arduo y desmantelaron campamentos que estaban estratégicamente ubicados. La maquinaria pesada era de primer nivel. El resultado es una afectación a [bienes por] 12 millones de dólares para la minería ilegal”, afirmó Villazón.
La autoridad militar añadió que en el operativo que se realizó en el río Kaka, el personal naval fue emboscado por personas provenientes de comunidades cercanas a Mayaya. Los vecinos lanzaron piedras desde la ribera del río. A pesar del ataque -dijo Villazón- no se reportaron militares con heridas de gravedad. “Pero también tuvimos el apoyo de comuneros que se acercaron a ayudarnos, nos contaron que este problema es recurrente y que vivían amenazados si denunciaban [a los mineros]”, dijo.
La lista de la destrucción
El documento resalta que como resultado de la operación conjunta se obtuvieron cuatro retroexcavadoras inutilizadas, una volqueta inutilizada, una volqueta modificada tipo tolva draga inutilizada, cuatro motores generadores y motobombas inutilizados. También, cuatro bombas de agua inutilizadas, nueve campamentos mineros ilegales desarticulados y 25 tambores de combustible con diésel destruidos. Además, el mercurio y bórax secuestrados fueron entregados a la autoridad competente.
“Asimismo, durante la intervención se logró identificar que el campamento de mayor dimensión pertenecería a un ciudadano de nacionalidad peruana, quien fue identificado”, dice el informe. Sin embargo, logró darse a la fuga al momento de la intervención.
Sobre este punto, Villazón prefirió no revelar la identidad del prófugo, debido a que el proceso todavía está en investigación. “Este caso ya es de conocimiento de la Fiscalía y se está tras los pasos de este ciudadano extranjero, que lamentablemente logró escapar al momento de la operación”, dijo.
Según la AJAM, en octubre de 2025 se realizaron diversos operativos en los ríos Beni, Quendeque, Tequeje, Tuichi, Kaka y Alto Beni, donde se evidenció minería ilegal. En esos casos se procedió a solicitar a los mineros que se retiraran. A pesar de la notificación, siguieron operando. Por eso, la Armada adelantó que realizarán acciones en otros ríos amazónicos.
La minería ilegal en Bolivia avanzó sin respiro en 2025 sobre ríos, territorios indígenas y áreas protegidas, sobre todo en la Amazonía. En lo que va de este año, la situación no es diferente: existe escaso control estatal, a pesar de las incursiones militares. Además, no existen avances en el Plan de Acción Nacional (PAN) para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera legal.
El uso de mercurio en la minería aurífera, especialmente en la artesanal y de pequeña escala, es una práctica común para amalgamar y separar el oro del sedimento del río, liberando vapores tóxicos y contaminando diferentes ecosistemas. En Bolivia, el sector cooperativista representa una de las mayores fuentes de contaminación por mercurio, afectando ríos como el Beni y la salud de las poblaciones indígenas. El mercurio es altamente tóxico.
El abogado Cuéllar explicó que los negocios ilícitos transnacionales se filtran en la cadena de extracción, comercialización de oro y circulación de mercurio, transformando recursos naturales en vehículos de legitimación de capitales y ampliando su capacidad de maniobra económica sin que la fiscalización estatal logre contenerlo.
“Se utiliza a la minería ilegal como instrumento para reinvertir capitales ilícitos, legitimarlos y expandir influencia. La extracción informal, la comercialización de oro, la importación y reexportación clandestina de mercurio hacia países vecinos permiten transformar dinero sucio en recursos aparentemente legales, facilitando lavado de capitales, financiamiento de nuevas operaciones ilícitas y adquisición de tecnología”, afirmó Cuéllar.
La minería ilegal en Mayaya
En el operativo que se realizó en el río Kaka, al norte de La Paz, se intervino el área minera titulada como “Venceremos I”, que está en la comunidad de Mayaya. Allí, según el informe militar, se destruyeron cuatro retroexcavadoras inutilizadas, un tractocamión tipo volqueta inutilizado, dos campamentos mineros ilegales desarticulados, una tolva utilizada para la extracción de oro inutilizada y cinco tambores de combustible con diésel destruidos. Además, se secuestraron memorias de cámaras de circuito cerrado, que fueron entregadas a la autoridad competente para fines investigativos.
Según la AJAM, a finales de la gestión 2024 presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de Bolivia por la explotación ilegal de recursos minerales en el área minera “Venceremos I”, donde se identificó la presencia de maquinaria pesada y personas realizando trabajos de extracción de minerales sin contar con derechos mineros otorgados por el Estado.
“Desde la presentación de la denuncia penal, el ingreso al área resultó extremadamente difícil, incluso para las autoridades del Ministerio Público y el investigador asignado al caso, pese a las reiteradas solicitudes realizadas por la AJAM dentro del proceso penal”, dice parte de un comunicado de esta entidad enviada a este medio.
“Es en ese contexto que el último operativo realizado permitió retomar el control estatal en la zona e inutilizar la maquinaria utilizada para la explotación ilegal de minerales, garantizando la seguridad del personal interviniente”, remarca el informe militar.
Mayaya es una comunidad cercana al Madidi. Este pueblo se convirtió en una especie de cuartel de la minería en plena Amazonía boliviana. Ahí llegan de forma ilegal barriles llenos de diésel y luego los introducen a la reserva. Además, Mayaya está ubicada a orillas del río Kaka, donde la actividad minera creció en la última década. En esta comunidad existe la presencia de varios ciudadanos extranjeros, principalmente de China, Perú y Colombia.
