INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ABOGACIA EN BOLIVIA: DE LA “RESERVA DE HUMANIDAD” A LA TRANSFORMACIÓN CONSTITUCIONAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL

Por: Ramiro Sánchez Morales |

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la profesión jurídica obliga a replantear no solo herramientas de trabajo, sino también conceptos de responsabilidad, garantías y rol del abogado en el Estado constitucional de derecho boliviano. Inspirado en las directrices del Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía de la Abogacía Española, este trabajo propone una adaptación crítica a la realidad institucional, normativa y tecnológica de Bolivia, marcada por un proceso de regulación pionera a través del Proyecto de Ley N° 178/2024‑2025 de “Promoción, Gestión y Uso de la Inteligencia Artificial”.

1. Mandato constitucional de tecnología y límites garantistas

La Constitución Política del Estado (CPE) contiene un doble mandato que estructura la discusión sobre IA y abogacía. Por un lado, el artículo 103.II obliga al Estado a implementar estrategias para incorporar el conocimiento y la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación, lo que proporciona fundamento constitucional para políticas públicas e iniciativas regulatorias específicas sobre IA. Por otro lado, el artículo 115.II garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, exigencias que operan como límite infranqueable a cualquier uso de tecnología en el sistema de justicia.

De este modo, la IA en la abogacía boliviana debe entenderse como un instrumento constitucionalmente impulsado en cuanto tecnología, pero constitucionalmente condicionado por los derechos y garantías procesales. La incorporación de herramientas de IA solo será legítima si contribuye a fortalecer la tutela judicial efectiva, la transparencia y la razonabilidad de las decisiones, sin sacrificar la igualdad de las partes ni la independencia de jueces y abogados.

2. Hacia una definición operativa de IA para el foro boliviano

El Libro Blanco español toma como referencia la definición del Reglamento de IA de la Unión Europea, que concibe la IA como sistemas basados en máquinas diseñados para operar con distintos niveles de autonomía y generar resultados tales como predicciones, recomendaciones o decisiones. Esta noción resulta útil como base técnica para la abogacía boliviana, porque permite abarcar desde herramientas de transcripción automática y asistentes de redacción hasta sistemas de análisis predictivo de resoluciones judiciales.

En el contexto boliviano, el Proyecto de Ley N° 178/2024‑2025 busca establecer un marco ético, seguro y transparente para el desarrollo y uso de la IA, con principios de transparencia, protección de datos personales, seguridad y soberanía tecnológica, bajo supervisión de la AGETIC. Una definición armonizada entre esta futura ley y los estándares profesionales que diseñen colegios de abogados y universidades permitiría que todos los operadores jurídicos compartan un lenguaje común al regular y utilizar estas tecnologías.

3. Usos profesionales de la IA en despachos bolivianos

Aunque el mercado boliviano es más incipiente que el europeo o estadounidense, la experiencia comparada permite identificar al menos cuatro grandes bloques de uso de la IA en los despachos, siguiendo la tipología del Libro Blanco español y adaptándola al contexto local.

Gestión y eficiencia operativa: automatización de agendas, recordatorios de plazos procesales, coordinación de reuniones y organización de expedientes mediante asistentes digitales, eventualmente integrados a plataformas procesales electrónicas de los tribunales.

Transcripción y voz a texto: utilización de sistemas de reconocimiento automático para convertir audios de audiencias, entrevistas o dictados de escritos en texto editable, facilitando la preparación de minutas, actas y resúmenes.

Creación y optimización de documentos: empleo de modelos generativos para elaborar borradores de demandas, contratos o recursos, que deben ser objeto de revisión crítica por parte del abogado, evitando cualquier delegación ciega de la argumentación jurídica.

Inteligencia jurídica y gestión documental: clasificación automatizada de jurisprudencia, búsqueda semántica en bases de datos normativas y análisis de tendencias jurisprudenciales en tribunales clave, especialmente útil en sectores altamente regulados como hidrocarburos, telecomunicaciones o derecho administrativo sancionador.

La clave para Bolivia es que estas aplicaciones se integren paulatinamente al grado real de digitalización del sistema de justicia y a las capacidades tecnológicas de los despachos, evitando una brecha aún mayor entre grandes estudios, pequeñas oficinas y servicios públicos de defensa. La política pública en materia de IA debería incorporar medidas de inclusión tecnológica para la abogacía de menores recursos, si se pretende que la innovación contribuya a la igualdad de acceso a la justicia y no a su segmentación.

4. Regulación emergente, responsabilidad y “reserva de humanidad”

El proyecto de ley boliviano sobre IA establece que todo sistema desarrollado o utilizado en el país estará bajo la órbita regulatoria de la AGETIC, como autoridad encargada de registro, certificación, monitoreo y sanción del uso indebido de la tecnología. Asimismo, prevé prohibiciones como el uso de algoritmos manipuladores o discriminatorios, el reconocimiento facial masivo sin control judicial y los sistemas de puntuación social, junto con deberes de reparación en caso de daños causados por sistemas de IA.

Para la abogacía, estas disposiciones tienen varias consecuencias directas. En primer lugar, obligan a revisar contractualmente la relación con proveedores de IA, exigiendo cláusulas claras sobre transparencia, seguridad, auditoría y localización de datos, en coherencia con las exigencias que impondrá la AGETIC. En segundo lugar, exigen una especial atención a la protección de datos personales de los clientes en un contexto en el que Bolivia aún carece de una ley integral de datos personales, necesidad que ha sido reiterada por especialistas y por la propia discusión parlamentaria sobre IA. En tercer lugar, introducen una nueva dimensión de responsabilidad profesional: el abogado deberá responder no solo por su mala praxis tradicional, sino también por el uso negligente de sistemas de IA que produzcan resultados lesivos o discriminatorios.

En este punto cobra relevancia la noción de “reserva de humanidad” reivindicada por el Libro Blanco español, según la cual la IA debe ser un complemento estratégico y no un sustituto del juicio profesional del abogado. En Bolivia, esta idea se conecta con el derecho a la defensa y el debido proceso del artículo 115 CPE, que exigen que toda persona sea escuchada por autoridades independientes e imparciales, y asistida por un abogado que asuma personalmente la responsabilidad de la estrategia y decisiones del caso. De ello se derivan, al menos, tres consecuencias:

Prohibición de decisiones jurídicas plenamente automatizadas cuando se encuentren en juego derechos fundamentales, en coherencia con las previsiones del proyecto de ley que reconoce el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en sistemas automatizados.

Necesidad de trazabilidad y explicabilidad de los resultados de IA utilizados en litigio o asesoría, de modo que puedan ser comprendidos, contrastados e impugnados por jueces, partes y defensores.

Reafirmación del deber de diligencia del abogado: la IA puede sugerir argumentos o estructuras, pero la selección, verificación y articulación en el caso concreto es indelegable, de modo que la responsabilidad final recae siempre en el profesional.

5. Propiedad intelectual, sesgos y agenda estratégica para la abogacía

El Libro Blanco subraya que los textos generados exclusivamente por IA no gozan de protección por derecho de autor, por carecer de la originalidad derivada de la creación humana, criterio consistente con la tendencia comparada y extrapolable a sistemas como el boliviano, donde el derecho de autor se estructura en torno a la creación intelectual de personas naturales. Para la abogacía, ello implica que los borradores generados por IA deben verse como material de trabajo sin pretensión autónoma de protección hasta que el abogado introduzca una aportación creativa y responsable; también exige que los despachos definan políticas internas sobre uso de IA, confidencialidad, autoría y distribución de derechos económicos.

Al mismo tiempo, la presencia de sesgos algorítmicos y sistemas de “caja negra” entraña riesgos particulares en una sociedad atravesada por desigualdades por origen étnico, género, condición económica o residencia rural‑urbana. Un sistema de IA entrenado con datos incompletos o distorsionados puede replicar o intensificar estas desigualdades, afectando el derecho a la igualdad y a una justicia imparcial. El proyecto de ley pretende atenuar estos riesgos al prohibir el uso de algoritmos para clasificar o discriminar personas por su comportamiento o fenotipo y al requerir supervisión humana en decisiones automatizadas que afecten derechos fundamentales.

La abogacía está llamada a desempeñar un papel de vigilancia activa frente a estos riesgos, tanto en el uso interno de IA en los despachos como al cuestionar en juicio tecnologías opacas empleadas por entidades públicas o privadas. Ello exige, según las recomendaciones del Libro Blanco y de la doctrina comparada, al menos cinco líneas estratégicas de actuación: formación continua en cultura digital, supervisión humana efectiva de los productos generados por IA, protección reforzada de la confidencialidad y los datos personales, gobernanza interna y contratación responsable con proveedores tecnológicos, y una visión instrumental y humanista del derecho que preserve la centralidad del criterio jurídico y la empatía con el cliente.

En síntesis, la experiencia comparada recogida en el Libro Blanco español ofrece una guía valiosa, pero requiere ser reinterpretada a la luz de la CPE, del Proyecto de Ley N° 178/2024‑2025 y de los desafíos específicos del sistema de justicia boliviano, aún marcado por la sobrecarga de causas, la brecha digital y la desconfianza ciudadana. La abogacía nacional tiene la oportunidad de liderar ese proceso y de situar la IA al servicio de una justicia más accesible, eficaz y respetuosa de la dignidad humana, consolidando una auténtica “reserva de humanidad” en el corazón del ejercicio profesional.