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La reserva forestal de Tariquía, que acoge a más de 10 comunidades que se encuentran en alerta por el ingreso de empresas petroleras, tiene 36 años de creación. En todos estos años, el papel de los expresidentes Víctor Paz Estenssoro y Jaime Paz fue trascendental para su protección. Ahora, los comunarios de este territorio, rico en flora, fauna y esencial para la protección de afluentes, reclaman la atención de otro miembro de la familia, el presidente Rodrigo Paz.
Vía: Visión 360 |
El 2 de agosto de 1989, el entonces presidente Paz Estenssoro aprobó el Decreto Supremo 22277, mediante el cual se creó la Reserva Nacional de Flora y Fauna “Tariquía”, con una superficie aproximada de 246.870 hectáreas. La norma, promulgada por el mandatario tarijeño, precisaba que el territorio abarcaba a las provincias O'Connor, Arce y Gran Chaco.
Víctor Paz Estenssoro, cuatro veces presidente de Bolivia, era el primo del general del ejército Néstor Paz Galarza, quien tuvo cinco hijos con Edith Zamora: Néstor Paz Zamora, Rosario Paz Zamora, Mario Paz Zamora y Jaime Paz Zamora, según un perfil publicado en ABI.
Jaime Paz Zamora, hijo de Paz Galarza y Edith Zamora, asumió la presidencia de Bolivia desde el 6 de agosto de 1989 hasta el 6 de agosto de 1993. En ese periodo de tiempo, promulgó la ley Nº 1328, del 23 de abril de 1992. Esa norma fue otro de los hitos para Tariquía, pues elevó a rango de ley el Decreto 22277 y designó a un consejo de Administración, para elaborar los reglamentos internos del Área Protegida.
Para los habitantes de las 10 comunidades que están asentadas en Tariquía, fue el 2015 cuando se levantaron las alarmas en el lugar, cuando el gobierno de Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 2366, que en su artículo dos establece lo siguiente: “Se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas…”. Con este decreto, diversas zonas que tenían el rango de áreas protegidas en Bolivia se vieron amenazadas, no solo Tariquía.
Desde entonces, Petrobras Bolivia firmó contratos de servicios con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Uno de ellos para la exploración y explotación del Área San Telmo Norte que se encuentra en el proyecto DMO-X3.
Es el ingreso a este sitio (Chiquiacá) donde se instaló un punto de vigilia que fue despejado por la policía la mañana del pasado lunes cinco de enero. Esta acción llegó acompañada de un requerimiento fiscal en contra de 17 personas, entre ellos comunarios y un concejal, por el delito de “asociación delictuosa y otros”.
El presidente, Rodrigo Paz, hijo del exmandatario Jaime Paz, tuvo una estrecha relación con el tema Tariquía desde que fue alcalde de Cercado (Tarija). Luego de las elecciones de octubre de 2025, los comunarios del Comité de Defensa de Tariquía en el cantón Chiquiacá, en un comunicado público el 29 de noviembre de 2025 le recordaron sobre la consulta previa y le pidieron que respete la decisión de las 10 comunidades del Cantón Chiquiacá, que en una consulta interna el 10 de octubre de 2024, tras largos debates y deliberaciones, en el marco de sus procedimientos democráticos propios, respaldados por la Constitución, ratificaron su decisión de rechazar toda actividad hidrocarburífera en su territorio, que a la vez es un área protegida nacional.
Mientras que los comunarios y analistas recomiendan al Gobierno eliminar el Decreto 2366, y paralizar los contratos y trabajos petroleros en Tariquía, el primer mandatario negó que se esté desarrollando un pozo dentro de la reserva. "Tariquía es un reservorio que está dentro de Tarija. Dicen que hubiéramos dado un permiso para que se desarrolle un pozo gasífero dentro del reservorio. Eso no es verdad y algunos políticos están usando temas medioambientales para hacer política. Eso no está bien”, expresó el mandatario en sus redes.
El Jefe de Estado enfatizó que, en Tariquía no hay ningún pozo de gas que se esté desarrollando y aseguró que su gobierno va a “desarrollar muchos pozos en Bolivia” para que la economía salga adelante, pero -aseguró- sin afectar la normativa, ni “violar” el medioambiente.
