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La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz expresamos nuestro más enérgico repudio ante el brutal ataque perpetrado contra la periodista Paola Cadima y el camarógrafo Juan Rodo Adrián, del equipo móvil de la red Unitel, durante una cobertura informativa realizada el lunes 5 de mayo en la zona de Cotapachi, municipio de Quillacollo, en el contexto del conflicto por el traslado de residuos sólidos.
Mientras cumplía con su labor periodística, Paola Cadima fue violentamente agredida por un grupo de choque que actuó con saña, brutalidad y con una clara intención de intimidarla y silenciarla. A pesar de haberse identificado como periodista, Cadima fue golpeada, tocada en sus partes íntimas, despojada de sus equipos de trabajo y sufrió un desmayo producto de la agresión, según reportó la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que detalló que el camarógrafo Juan Rodo Adrián también resultó con lesiones en diversas partes del cuerpo.
Este ataque no solo representa una flagrante vulneración a los derechos humanos y a la integridad de una mujer periodista, sino que también constituye una agresión directa al derecho a la información y a la libertad de prensa, pilares fundamentales de toda sociedad democrática.
La violencia se agravó en un acto de profundo contenido simbólico y humano: mientras intentaba proteger a dos mujeres que clamaban por ayuda en quechua, Paola Cadima no solo fue golpeada, sino que también fue objeto de violencia sexual. Su testimonio —valiente, conmovedor y profundamente revelador— expone no solo la barbarie de los hechos, sino también la indiferencia con la que se sigue permitiendo la violencia de género en el ejercicio del periodismo.
Denunciamos con indignación el uso sistemático de la violencia como forma de intimidación contra la prensa y, en particular, contra las mujeres periodistas, quienes enfrentan agresiones específicas que combinan la represión con el castigo simbólico por atreverse a informar, visibilizar y resistir.
Exigimos al Estado boliviano y a las autoridades competentes una investigación inmediata, la identificación y sanción ejemplar de los responsables materiales e intelectuales del ataque, la reparación integral del daño sufrido por la periodista y su camarógrafo, tanto física como psicológicamente.
Demandamos el cumplimiento de reiteradas recomendaciones de misiones especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado boliviano, sobre la urgente adopción de medidas de protección para periodistas y el diseño de políticas públicas eficaces que garanticen la no repetición y prevengan la violencia contra la prensa.
La impunidad envía un mensaje devastador a toda la sociedad: que es posible silenciar con violencia, que se puede castigar la voz informada y que la verdad puede ser acallada por el miedo. Eso es inaceptable, la violencia no puede ser el precio por informar.
