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Uno de los argumentos políticos de los jerarcas de la Alcaldía de La Paz para haber allanado el camino hacia un nuevo incremento de pasajes en minibuses, micros, buses, carrys y trufis es que las administraciones municipales de otras capitales ya lo hicieron, obligadas por la severa crisis económica, cuyo responsable es el MAS, sus gobiernos de casi dos décadas y sus otrora aliados en la hoyada. Por qué La Paz debería quedar al margen de esa ola si los repuestos e insumos automotores se han encarecido y atentan contra la actividad económica, dicen con tono de justificación.
No se ha tomado en cuenta que el incremento de pasajes en La Paz, a diferencia de las otras metrópolis, terminará dándose en dos administraciones municipales consecutivas, con los dos últimos alcaldes (2016 y 2025), habiéndose verificado en lo que va de la actual gestión que en estos nueve años los choferes no cumplieron los mínimos compromisos que hicieron ante la comunidad. Un estudio encargado recientemente es categórico en ese punto.
¿Crees que los choferes harán en tres meses lo que no quisieron hacer en nueve años para mejorar y modernizar el servicio? Tienes razón cuando mueves la cabeza. Y solo para ejemplificar la degradación, en 2016 cada minibús contaba con un voceador. En 2025, los pasajeros deben cumplir esa función, sentándose junto a la puerta, en un espacio habilitado de espaldas al conductor, abriendo y cerrando la puerta. Son contadas las unidades que han instalado puertas eléctricas.
La única razón política, por tanto, para haber encaminado un nuevo aumento de tarifas es el compromiso electoral que realizaron las actuales autoridades locales en la campaña electoral de 2021. ¿Qué le espera a la nueva administración edil que asumirá en mayo del próximo año? ¿Encarar el nocivo escenario de la exigencia de nuevos ajustes por mero capricho de los choferes?
Ojalá que futuros candidatos o candidatas a la silla edil no cometan el facilismo de ofrecer nuevos pasajes para asegurarse el apoyo electoral de miles de conductores y sus familiares en edad de votar, armando incluso organizaciones sindicales de transportistas para que urdan y ejecuten nuevos golpes a la economía familiar.
Cabe recordar que horas después de la tragedia en dos urbanizaciones de Bajo Llojeta, en noviembre de 2024, se difundió un video en el que la dirigente de una de las zonas afectadas por la mazamorra, hace tres meses, agradece al alcalde por haber cumplido su promesa electoral de entregar un Plan de Intervención Vial para acceder a servicios en un sector considerado por el propio Gobierno Municipal como vulnerable y con líos de derecho propietario.
Si las actuales autoridades municipales de La Paz sabían que desempeñarían funciones condicionadas al cumplimiento del compromiso electoral de nuevas tarifas, ¿por qué en estos cuatro años no exigieron pública y sostenidamente a sus ahijados del volante que eliminen los abusos, mejoren el servicio y renueven sus vetustas unidades? ¿Lenidad o fiestas de mil colores como prioridad?
En lugar de ello, lanzaron un plan de reordenamiento vial en el centro paceño que incluía la eliminación del parqueo de vehículos oficiales y particulares en las calles y avenidas, y que el abordaje y descenso de pasajeros en puntos clave sean continuos; sin embargo, las vías siguen tomadas por coches estacionados buena parte del día y letreros con la palabra “reservado”, además de que se ha multiplicado el agolpamiento de minibuses y trufis en sectores del centro, las villas y la zona Sur de La Paz. Nadie pone orden.
En el caso del detestable trameaje, los choferes de minibuses o trufis que inician sus rutas en barrios de la zona Sur como Irpavi II, Huayllani o Chasquipampa, literalmente botan a los pasajeros en las calles 12, 21 y 23 de Calacoto. Desde esos puntos, deben abordar otros minubuses o trufis hacia el centro de la hoyada paceña que hacen lo mismo entre el Obelisco e inmediaciones de San Francisco.
Por tanto, quienes tienen la necesidad de trasladarse de la zona Sur al Centro o inclusive a la Ceja de El Alto, deben pagar hasta tres pasajes que actualmente bordean los 7 bolivianos por persona sencillamente porque las rutas están parceladas.
Una manera de amortiguar esta situación debió haber sido la consolidación de los sistemas alternativos de transporte urbano como La Paz Bus y Mi Teleférico. Recuerdo una conferencia de prensa conjunta en la que el alcalde y una autoridad del sistema de transporte por cable anunciaron la anhelada integración de ambos servicios. ¿Ocurrió en los hechos? Vuelves a tener razón cuando mueves la cabeza.
En el caso de los buses PumaKatari y ChiquiTiti, pese a que se repusieron aquellos que fueron incendiados en la grave crisis política de 2019, la actual administración eliminó el servicio de 24 horas, distanció las frecuencias, no cumplió a cabalidad las rutas dejadas y diseñadas por la anterior gestión municipal y hasta el trato dentro de los buses ha ido marcha atrás en el último tiempo.
Los jerarcas de la Alcaldía se aferran al argumento político de que la crisis multidimensional es la razón del nuevo incremento de pasaje en el transporte urbano. Lo hacen sabiendo que el motivo de fondo es la palabra electoral empeñada en 2021, todavía no cumplida, y la posibilidad de abrir con ello un escenario de reelección municipal. El paro de 48 horas determinado por la federación de transportistas afín al alcalde, si bien es perjudicial para la gente, es fundamentalmente un mensaje político que puede hacer muy difícil el último año de su mandato, en caso de que no cumpla el ofrecimiento electoral.
| Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
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