Vía: Infobae |
La ONG detalló que, del total, 1.836 fueron detenidos tras el fraude electoral del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador de las presidenciales al dictador Nicolás Maduro sin mostrar las actas.
De acuerdo a las cifras publicadas en X por el presidente de la ONG, Alfredo Romero, 69 de los presos políticos son menores de edad y tienen entre 14 y 17 años.
Por otra parte, 1.720 son hombres y 243 mujeres, mientras que 1.801 son civiles y 162 militares, siempre según la organización, que asegura registrar “el mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos, en el siglo XXI”.
Asimismo, el Foro Penal aclara que, además de los presos políticos, en el país todavía hay más de 9.000 personas que siguen “sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”.
El viernes pasado, familiares de detenidos concluyeron una vigilia de oración cerca de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, donde exigieron la “libertad plena” de los presos políticos, según informó entonces la organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
A través de X, detalló que la actividad -que comenzó el jueves- finalizó con una caminata frente al penal, donde, según la ONG, están recluidos más de 900 presos políticos detenidos en el contexto postelectoral.
La líder opositora María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad por la persecución del régimen chavista, expresó este sábado su compromiso con la libertad de “más de 3.500 presos políticos” en América Latina, entre ellos, los que afirma- hay en Venezuela, que confía en que también “será libre”.
“A cada uno de los más de 3.500 presos políticos en América Latina y a sus familiares, les reitero que no descansaremos hasta que todos sean liberados”, aseguró la ex diputada en la red social X.
En la publicación, Machado dijo sentirse “profundamente honrada de recibir”, en nombre de “todos los presos políticos y perseguidos por las tiranías” en la región, el premio ‘ODCA de Derechos Humanos’, otorgado por el Foro América Libre, debido a su “incansable compromiso con la democracia, la libertad y la dignidad”.
”Nuestro eterno agradecimiento por su apoyo incondicional y por este gran evento que reunió a demócratas de todo el mundo. Ustedes lo saben, Venezuela será libre y también el resto de la región. Hasta el final”, agregó.
Huelga de hambre
Un total de 193 presos en calabozos policiales del estado Lara, en el oeste de Venezuela, levantaron una huelga de hambre que comenzó un grupo de estos el pasado lunes en protesta por el “hacinamiento” y el “retardo procesal”, informó este sábado el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
En X, señaló que, ante la protesta de los reclusos en calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), al menos 30 fueron trasladados a un centro penitenciario en el estado Carabobo, mientras que a los otros “les prometieron revisar sus expedientes y atender sus casos en tribunales”.
La ONG instó al director del CICPC, Douglas Rico, a solicitar al ministro de Servicio Penitenciario, Julio García, cupos en cárceles para que las personas recluidas en “cada uno de los calabozos” de este cuerpo policial sean trasladadas, para que luego puedan “participar en actividades deportivas y culturales” y “redimir sus penas”.
”Una vez más recordamos que el CICPC fue creado para la investigación criminal y sus funcionarios no fueron formados para cuidar presos. Resulta inadmisible que los calabozos policiales en Venezuela estén abarrotados de detenidos bajo la custodia de este cuerpo policial, limitando sus funciones”, agregó el OVP.
Humberto Prado, director del observatorio, dijo recientemente a la agencia EFE que desde la organización estiman que, de unos 23.000 presos en calabozos policiales, alrededor del 85% están en retardo procesal.
Esto se debe -aseguró- a la “falta de algunas partes en el juicio, a la falta de que se presenten testigos”, entre otras, lo que hace que el caso se difiera.
Según el OVP, los presos iniciaron la huelga como una “medida extrema” que refleja “desesperación ante condiciones carcelarias inhumanas, además de ejercer una presión sobre las autoridades para responder a sus demandas”.
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