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Vía: Erbol |
Se trata de 11 contratos por servicios legales que se realizaron durante la gestión de Chávez, entre 2021 y 2023, y que ahora son cuestionados por la Procuraduría, bajo el argumento de que los trabajos podían será realizados por abogados de la institución o que no cumplieron el procedimiento institucional.
La PGE explicó que en la gestión de Chávez ocurrió una “privatización de la defensa de los intereses del Estado”, porque se contrató a bufetes y peritos para trabajos innecesarios o que se podían realizar con su propio personal.
El procurador César Siles denunció que existen casos donde incluso los abogados externos cobraban por minuto de llamada o por mensaje de WhatsApp.
También se reportó irregularidades como la presentación de un certificado del Seprec caduco y el hecho de que se invitó a un adjudicatario de servicios cuando no tenía documento de constitución.
Además de Chávez, está denunciado el exdirector administrativo financiero de la PGE y dos personas que recibieron contrataciones.
Los 11 contratos observados suman un monto de casi 12 millones de bolivianos, de los cuales ya se pagaron 5,4 millones. Esta segunda cifra se pretende recuperar con el proceso judicial.
“Quien ha generado la mala dirección técnica que han generado el daño económico y tiene que devolver ese dinero son los funcionarios públicos. Es el anterior Procurador, es el anterior director administrativo financiero, son quienes tienen que devolver estos Bs5.433.603”, afirmó Siles.
Agregó que se ha tomado la decisión de resolver estos 10 contratos observados.
