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Vía: ANF |
“Desde el 22 de julio del presente año, varias federaciones sindicales agrarias, ahora bajo el rótulo de 'campesinos' vienen emitiendo instructivos para que sus afiliados puedan apropiarse de tierras en calidad de dotación en el municipio de Ixiamas. Asimismo, las federaciones sindicales de supuestos “productores agropecuarios de la Provincia Iturralde”, han emitido un pliego petitorio que incluye desde exigencias de ampliación de chaqueos y quemas, que se constituyen en declaraciones implícitas de la comisión de delitos en los incendios del 2023", denunció la Contiocap por medio de un pronunciamiento público.
Las organizaciones que principalmente estarían tras esas pretensiones son la Central Agraria de Campesinos de la Provincia Aroma Tupak Katari y Bartolina Sisa y la Federación Sindical de Productores Agropecuarios FESPAI, FESMAI y FUTOC-PAI.
La primera convocó a los comunarios de sus 12 subcentrales a organizarse por planillas para una supuesta dotación de 80.000 hectáreas en Ixiamas por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
“Nos preguntamos: ¿Quién pone a disposición de estas organizaciones tierras en Ixiamas?, ¿Qué estatutos confieren privilegios a estas organizaciones para que se apropien de tierras en el Norte de La Paz, en una región amazónica altamente en riesgo, donde son áreas protegidas de categoría municipal y nacional como es el Parque Nacional Madidi? ¿Qué estatutos pueden estar por encima del mandato constitucional de preservar la Amazonia de todo un país en condiciones de crisis climática, donde debemos cuidar cada centímetro de bosque?”, cuestionó la organización.
El 14 de agosto, la Federación Sindical de Productores Agropecuarios FESPAI, FESMAI y FUTOC-PAI emitió un voto resolutivo con demandas que parten desde ampliar los planes forestales para destruir más hectáreas de bosque y sacar más madera; ampliar la Frontera Agrícola, definido en el DS2907, hasta 40 hectáreas por beneficiario; evitar retrasos en las autorizaciones de desmontes ilegales, piden a los agentes de la ABT para agilizar su regularización; anular todas las multas por reincidencia por desmontes y solicitar la amnistía por los desmontes ilegales; dejar sin efecto los inicios de procesos administrativos por quemas; y la construcción de carreteras por el Parque Nacional Madidi.
“Convocamos a toda la sociedad boliviana en general, a asumir una férrea defensa del derecho de todos los bolivianos y bolivianas a un medio ambiente sano, que hoy se ve amenazada por grupos que el gobierno fomenta como su base política”, dice la carta pública dela Contiocap.
La misiva firmada por 18 instituciones civiles y organizaciones campesinas llama a la comunidad internacional a observar todas estas intenciones que no son frenadas por el Gobierno.
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