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Vía: Datápolis |
A las 13.55, el presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, el senador evista Andrónico Rodríguez, dio por sancionada la norma y anunció que remitirá la norma al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
En la discusión en detalle, la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) propuso un ajuste al artículo 3 de la norma, que fue aceptado sin discusión. Así transcurrió el trámite sin mayores contratiempos.
Minutos antes, funcionarios notificaron en la oficina de Rodríguez la resolución con la cual el TCP admitió un recurso directo de nulidad interpuesto por el diputado arcista Juan José Jáuregui y, por tanto, dejó en suspenso su competencia para la convocatoria al pleno.
Al mismo tiempo, la Vicepresidencia publicó un comunicado en el que informó que “la Secretaria General de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, comunica al pueblo en general, que en fecha 06 de junio de 2024, el Tribunal Constitucional Plurinacional notificó el Auto Constitucional Plurinacional N°0254/2024-CA”.
Precisó que es “dentro de un Recurso Directo de Nulidad, el cual dispone como Medida Cautelar la suspensión de la Convocatoria a la Séptima Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023-2024 de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
A las 13:00 Rodríguez, instaló la sesión del pleno de la Asamblea Legislativa y minutos después se incluyó en el orden del día dos proyectos de ley antiprórroga.
Tras el llamado de la lista, en la Cámara de Diputados se informó que había el quorum suficiente. Lo mismo ocurrió en el caso del Senado. A las 13:15, Rodríguez indicó que la sesión contaba con el quorum reglamentario en ambas cámaras, con lo cual dio por iniciada la sesión plenaria.
La sesión se desarrollaba en penumbras debido al repentino corte de energía eléctrica. Ante ello, habilitaron reflectores y un micrófono extra para la directiva, pero además circula un megáfono para los oradores.
La ley 075 prevé sin efecto el mandato “autoprorrogado” de los magistrados del Órgano Judicial y del TCP.
El proyecto normativo establece que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura, cumplieron su mandato el 2 de enero y por tanto, mediante esta ley sancionada, deben cesar en sus funciones.
