Vía Datapólis |
Por: Edwin Herrera |
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Bolivia vive de la minería desde antes de la colonia española. Lo hizo durante toda la era republicana, por cerca de dos siglos, y sigue haciéndolo en tiempos del Estado plurinacional. Héctor Córdova, analista minero independiente y conocedor del sector como pocos, afirma que el país seguirá viviendo de la minería por más tiempo. No se equivoca.
El agotamiento del gas natural, el recurso natural que marcó una época dorada entre el 2006 y 2014, y la todavía poca gravitación de los otros sectores en la economía nacional, hacen que la minería siga teniendo la calidad de motor económico del país.
Héctor Córdova es analista minero independiente y docente universitario.
Primero fue la explotación de la plata, luego del estaño. Ahora le toca al zinc, pero sobre todo al oro que está en pleno apogeo. Durante la gestión 2023, las exportaciones de oro alcanzaron un valor de 2.531 millones de dólares, que representa cerca del 50% del valor de las ventas de minerales al exterior que totalizaron 5.601 millones de dólares.
El dato corresponde al ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, durante la Rendición Pública de Cuentas Final 2023 que esa cartera de Estado realizó el viernes 2 de febrero en la ciudad de Oruro.
La minería tradicional, aquella que se dedica a la explotación de la plata, estaño, zinc, plomo, antimonio, cobre, wólfram y hierro, entre otros minerales, no tiene el tamaño que luce ahora la minería aurífera.
Cooperativistas mineros en plena labor de explotación de plata en el departamento de Potosí.
De la mano de los gobiernos del MAS (Evo Morales 2006-2019 y Luis Arce 2020 en adelante) el auge del oro es evidente, como incontrastable es el costo para el medio ambiente, la estructura impositiva y la salud de los bolivianos que habitan las riberas de los ríos en el norte de La Paz y en el departamento del Beni, producto del uso del mercurio y las quemas de bosques amazónicos
Comencemos, entonces, con las cooperativas, sobre todo auríferas, y el peso que han ido ganando en las dos últimas décadas.
COOPERATIVISTAS TODOPODEROSOS
La relocalización de trabajadores mineros asalariados dejó en la calle y sin destino a más de 25.000 personas. Tras el cierre de operaciones de las minas a cargo de Comibol, las cooperativas sostuvieron la minería nacional durante el período 1985-2005. Al despuntar el siglo XXI la elevación de los precios internacionales las convirtieron en lo que siempre soñaron: ser consideradas imprescindibles.
En ese período acumularon poder económico, trasplantaron el poderío organizativo de las minas estatales, llegaron a ser tantos que el inmenso número de afiliados los consolidó como un poderoso sector social y, claro, todo eso derivó en el ansiado poder político que cualquier colectivo organizado y con ambiciones espera tener.
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Cooperativistas mineros cumpliendo los rituales de interior mina.
“La suma de todos estos poderes es muy difícil de contrarrestar. El gobierno tiene el poder de la legalidad, el poder de la fuerza coercitiva, pero no alcanzan… Lo hemos visto en el caso del asesinato del viceministro Rodolfo Illanes”, recuerda Córdova.
UN COOPERATIVISTA, COMANDANTE DE LAS FFAA
Sin otra habilidad que no sea arañar la tierra, cientos de extrabajadores mineros y sus familias retornaron a los campamentos abandonados por Comibol. El gobierno de ese entonces les autorizó que trabajen en los desmontes y áreas específicas de las minas, siempre y cuando se organicen en cooperativas sin fines de lucro y con economía de subsistencia.
Así lo hicieron. “Se agruparon como cooperativas y empezaron a explotar lo que la Comibol dejó a medias”, explica el experto. Años más tarde, apuntalados por la minería de oro, ilegal en casi todas las operaciones, en alianza con los gobiernos de la historia reciente del país, empezaron a desplegar el poder que habían forjado después de 1985.
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El expresidente Evo Morales y la dirigencia de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin).
El primer ministro de Minería del régimen de Morales fue un cooperativista de Huanuni, anota Córdova y rememora que, paradójicamente, el primer titular de Minería en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez también fue un socio cooperativista, esta vez de Potosí.
Queda claro, entonces, que la materialización de sus intereses no pasa por cuestiones ideológicas, sino por el pragmatismo más descarnado. Los cooperativistas mineros han tenido y tienen senadores, diputados y asambleístas departamentales, impusieron e imponen ministros y viceministros.
“Hubo un momento en que un cooperativista fue Comandante de las Fuerzas Armadas y esas son palabras mayores en el tema minero”, revela Córdova, aunque se guarda el nombre. ¿Será por eso que la institución militar tiene entre sus empresas públicas una dedicada a los negocios mineros y recibió más de 200 cuadrículas en el río Mapiri para la explotación del oro a través de terceros?
REGALÍA REDUCIDA A UN TERCIO
Uno de los principios en la minería cooperativizada es la distribución equitativa de los excedentes para los socios en una especie de salarios para la subsistencia familiar. Con la subida de precios desde 2005, las ganancias llegaron a cifras nunca antes vistas. Hubo meses en los que cooperativistas llegaron a recibir entre 20.000 y 40.000 dólares. Dejaron de trabajar.
El boom de los precios les permitió dejar de explotar a sus familias y a ellos mismos y contratar a otros mineros para que realicen su labor en las “minas de primera dejadas por Comibol”. A estos les llamaron “los segundas” que a su vez subcontrataban a “terceras”, y éstos a peones. Las ganancias eran tan grandes que daba para distribuirlas entre muchos.
El fotógrafo y realizador francés Miquel Dewewer retrata la actividad minera en el Cerro Rico para su libro “Vale Un Potosí”
En 1997, al finalizar el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se estableció una escala de regalías mineras. El oro debía pagar el 7%, la plata el 6% y 5% los otros minerales por el valor bruto de ventas. Córdova afirma que no se sabe cómo exactamente, pero años más tarde las cooperativas logaron que la regalía del oro baje al 2,5%.
El analista cree que en realidad fue un ofrecimiento del gobierno entrante en 2006 y no por simpatía eterna con las cooperativas, sino que había un plan para quedarse con el 4,5% restante, ya que el nivel central del Estado no recibe ni un solo centavo por el cobro de la regalía minera. Todo lo recaudado va los gobiernos departamentales y municipales.
El plan es que el porcentaje que se deja de cobrar a los cooperativistas (4,5%) se transforme en un impuesto bajo control exclusivo del Gobierno central. Hubo una masiva y ruidosa manifestación de de cooperativistas exigiendo pagar ese impuesto. En una posterior negociación, ya en el gobierno de Luis Arce, se estableció un porcentaje mayor (4,8%), aunque el mismo no entró aún en vigencia.
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El presidente Luis Arce recibe el pliego petitorio de Fencomin en agosto de 2023. Foto: ABI.
¿CÓMO CONTROLAR A LAS COOPERATIVAS?
Córdova está convencido de que el control más efectivo para las operaciones en minas dejadas por Comibol es el descentralizado, es decir que pueda ser efectuado por los tres niveles del Estado, a fin de que gobernaciones y alcaldías sepan cuánto sale de sus territorios y aspirar a una regalía justa.
“El Senarecom (Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales), pese a su crecimiento, es una entidad débil”, porque debe controlar una por una a miles de operaciones mineras de todo tamaño, dice Córdova.
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Vista satelital el Cerro Rico de Potosí – Bolivia. Google Earth.
En el caso del oro, el experto sugiere todo lo contrario, es decir centralizar el comercio para que las comercializadoras no negocien en el extranjero a nombre de país, pero defendiendo sus propios intereses.
“Hubo una intención de centralizar con la Ley del Oro… pero ningún cooperativista ha vendido un gramo al Estado”, sentencia el analista y añade que la norma ha servido hasta el momento solo para vender las reservas internacionales en oro.
LAS ESTAFADORAS DEL ESTADO
Las cooperativas mineras han encontrado una nueva veta para incrementar sus ganancias sin mucho esfuerzo. Muchas se asociaron con empresas extranjeras de dudosa reputación (chinas, colombianas, rusas, chilenas) para aparecer como fachadas de operaciones que mínimamente deberían pagar el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el impuesto a los ingreso o RC-IVA, pero no lo hacen amparadas en su condición de cooperativas sin fines de lucro.
Draga operando en el río Kaka en el departamento del Beni. Foto: Agencia de Noticias Ambientales.
Son estafadoras del Estado, dice con firmeza Córdova y su caracterización puede abarcar tanto a las cooperativas que se prestan para un negocio irregular como a las empresas foráneas que se camuflan en las primeras porque, además, hay otras violaciones a la Ley como el trabajo infantil, la trata de personas, el daño al medio ambiente y relaciones de explotación laboral.
¿QUÉ PASA CON LAS EMPRESAS PRIVADAS?
El colapso de la minería estatal en 1985 también se llevó por delante a las empresas privadas que explotaban minerales de alta concentración en el país. El analista recuerda que la única compañía minera que se mantiene incólume durante 116 años, desde 1918, es International Mining Company S.A. (IMCO S.A.) con capitales 100% bolivianos que explotan estaño y wólfram o tungsteno. “Hay que reconocerle su persistencia”, afirma.
Otras empresas privadas, como Comsur del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, aparecieron a fines del siglo XX para explotar minas que anteriormente estuvieron bajo control de Comibol con contratos de arrendamiento. “Sacó tajada”, asegura Córdova, ya que Sánchez de Lozada era el principal accionista de la compañía minera y encabezaba la administración gubernamental.
Vista área del complejo minero de Sinchi Wayra.
Con la huida de Goni de Bolivia en 2003, la Compañía Minera del Sur (Comsur) fue adquirida por la suiza Glencore y se creó la minera Sinchi Wayra para operar las minas Bolívar, Porco y Colquiri, las más grandes del país, aún en manos de Comibol en ese momento. También nació la compañía Illapa. Glencore controlaba y participa en varias operaciones mineras en el país. Pero en el ocaso de 2022 y principios de 2023 decidió dejar Bolivia y transferir sus activos a la empresa canadiense-mexicana Santa Cruz Silver Mining.
Después de Glencore-Sinchi Wayra, surgió la Minera San Cristóbal en el departamento de Potosí que fue considerado el proyecto minero privado «más grande de Bolivia» con una inversión de 1.800 millones de dólares en una importante infraestructura en caminos, puentes y vías ferroviarias, además del complejo minero, según datos de la empresa.
La mina San Cristóbal, ahora en manos canadienses, produce plata, zinc y plomo.
A principios del año pasado la canadiense San Cristóbal Mining Inc. adquirió «todos los activos» de la Minera San Cristóbal (MSC) en Bolivia, que estuvo en manos de la japonesa Sumitomo Corporation, para «convertirla en la mayor (mina) productora de plata del mundo»
El yacimiento a cielo abierto está ubicado en la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí, al sudoeste del país, y es considerado como uno de los «más grandes del mundo» en zinc, plomo y plata por su producción en concentrados en zinc-plata.
SORPRESA ENTRE LAS PRIVADAS
El Gobierno confirmó el descubrimiento del reservorio de plata en el proyecto Silver Sand.
Si bien Córdova anota la falta de seguridad jurídica como la principal causa para que el país no reciba nuevas inversiones extranjeras para impulsar la actividad minera a gran escala, destaca que hay empresas que arriesgan capitales como la canadiense New Pacific Metals Corporation con su subsidiaria en Bolivia Minera Alcira descubrió en Potosí «el proyecto «Silver Sand», considerada una de las reservas de plata más grande del mundo y, según el analista minero, también halló oro en Carangas, Oruro, lo que muestra que la minería seguirá siendo parte de la columna vertebral de la economía del país.
Si las cooperativas mineras, sobre todo las auríferas, aportaran a las arcas nacionales como lo hacen las empresas privadas en cuestión de regalías, impuestos, respeto al medio ambiente y derechos laborales, entre otros aspectos, el panorama podría ser beneficioso no solamente para el sector minero tradicional y cooperativizado, sino para el conjunto de la población boliviana.
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