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La agresión física que sufrió la activista y comunicadora María Galindo y su productor Sergio Escalante este viernes en instalaciones de Comibol filial Huanuni.
Vía: ANPB | Datapolis |
En el departamento de Oruro, fue repudiada por las asociaciones nacional y orureña de periodistas, que exigieron el inicio de una investigación fiscal para dar con los autores del nuevo ataque a la libertar de expresión.
Un comunicado emitido oficial de la máxima instancia de los periodistas bolivianos señala: «La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Oruro (APO), repudian la violenta agresión física contra María Galindo y su productor, Sergio Escalante, cometida por trabajadores y personal de la empresa Comibol filial Huanuni y exigen a la Fiscalía una investigación de oficio para sancionar a los autores del hecho».
El pronunciamiento afirma que, según la denuncia pública de la organización feminista Mujeres Creando, Galindo y su productor fueron agredidos físicamente, «expulsados a rastras, jalones y golpes por trabajadores y personal de seguridad cuando transmitían un radiodocumental desde Comibol Huanuni».
«El hecho constituye una flagrante vulneración a la libertad de expresión y se suma a otras violentas agresiones cometidas contra periodistas y trabajadores de la prensa que lamentablemente quedan en la impunidad debido a la inacción de las autoridades responsables de garantizar protección, reparación y justicia», agrega el documento.
Las asociaciones de periodistas, siempre en el pronunciamiento, expresaron solidaridad con Galindo y su productor, además exigieron garantías para el desempeño de su labor al servicio de la gente que, al no encontrar respuesta en las instancias estatales llamadas a proteger los derechos de las mujeres, busca apoyo y confía en la labor de investigación, acompañamiento y denuncia que realiza radio Deseo.
«Asimismo, recordamos que el sistema interamericano de justicia establece que cuando las mujeres son víctimas de violencia en el ejercicio de su labor comunicacional, el Estado debe cumplir con la obligación reforzada de actuar con celeridad y debida diligencia en la investigación para sancionar a los responsables», finaliza el comunicado conjunto.
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