Kathia Saucedo y José Antonio Rivera cuestionan a Óscar Hassenteufel.
Vía: Público.bo |
Ante las reiteradas declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, en sentido de que “ve muy difícil” que este año se realice el referéndum popular para la reforma judicial, integrantes del grupo de juristas independientes fustigaron la postura de la máxima autoridad del Órgano Electoral que deberá revisar las 1,5 millones firmas que se están recolectando en el país para viabilizar el referendo.
En contacto con el meritorio periodista Iván Ramos de Sucre, la jurista Kathia Saucedo se dirigió a Hassenteufel y con tono de reclamo dijo: “De qué retraso está hablando, con qué respaldo está hablando de una demora, si el Tribunal Supremo Electoral demoró cinco meses en un trámite que debió demorar 30 días”, refiriéndose a la revisión de las cuatro preguntas que serían puestas a consideración de los bolivianos habilitados para participar en el referéndum y la autorización para la impresión de los libros.
Luego de calificar a Hassenteufel como un “parcializado”, Saucedo afirmó que el grupo de juristas independientes ya no confía en sus decisiones respecto del referéndum judicial. “Si logramos el millón 500 mil firmas, nuestro proceso va a volver al Tribunal Supremo Electoral, entonces no sentimos ausentes de certeza jurídica después de semejante declaración”, dijo Saucedo.
Además, la jurista criticó que Hassenteufel, como presidente del Órgano Electoral, haga afirmaciones sobre otro órgano del Estado sin competencia alguna. “Habla de los plazos en el Tribunal Constitucional Plurinacional donde él no tiene ninguna competencia para hacer semejante afirmación”.
Por su parte, el abogado José Antonio Rivera, señaló que es “lamentable que el presidente del TSE emita una opinión pública desahuciando la iniciativa porque supuestamente no alcanzan los tiempos”.
Rivera reforzó la opinión de Saucedo al precisar que la iniciativa ciudadana fue presentada el 28 de julio de 2022 y recién en octubre se aprobaron las preguntas y se autorizó la recolección de firmas, pero con una serie de obstáculos que obligó a los promotores tener que presentar impugnaciones, razón por la que recién el 25 de enero de este año iniciaron la cruzada nacional de recolección de firmas.
“Si se cumple celosamente los plazos establecidos en la Ley 026 y el Reglamento es perfectamente posible que se realice la votación del referéndum antes de octubre de este año, situación no analizada adecuadamente por el presidente del TSE”, explicó el jurista.
Rivera detalló que los plazos procesales que tiene el Tribunal Constitucional son desde la presentación de los libros firmados. “El TSE cuenta con un plazo de 30 días para verificar los libros, de haberse cumplido tiene que remitir en consulta la propuesta de reforma parcial de la Constitución y las preguntas y, desde la recepción correspondiente, el Tribunal tiene que sortear el expediente y cuenta con 15 días hábiles para emitir la declaración”.
“Si hubiese una voluntad real de cumplir con la CPE y la Ley y de enfrentar esta crisis estructural, es perfectamente posible que el TCP pueda emitir la declaración constitucional máximo en 30 días calendario y no como dice el presidente del TSE en meses”, aclaró Rivera.
