YO FIRMO. LA REFORMA DE LA JUSTICIA EN MANOS DE LA CIUDADANÍA

Por: Zulema Alanes B. | 

Un millón y medio de firmas en 90 días, es la meta de la gran cruzada por la reforma de la justicia, que impulsa un grupo de juristas independientes para conseguir que un referéndum autorice la reforma parcial de la Constitución Política del Estado y los cambios en la forma de elección de las máximas autoridades judiciales.

El objetivo mayor es lograr una justicia eficaz, transparente y oportuna,  con jueces y magistrados independientes, aseguró Ramiro Orías que integra el grupo de juristas que promueve la iniciativa entrevistado por Cabildeo Digital. Subrayó que “esta posibilidad está ahora en manos de la ciudadanía”.

La Constitución vigente en Bolivia desde 2009 establece la elección mediante voto popular de las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, con candidatos seleccionados previamente por dos tercios en el Legislativo.  

Luego de dos votaciones, dijo Orías, “este sistema ha fracasado, por eso que decidimos que sea  la ciudadanía la que defina con su firma si se va a referéndum para iniciar el proceso de reforma de la justicia”.  

Una nueva ingeniería constitucional

Yo firmo, es la consigna con la que se involucra a la ciudadanía en la cruzada por el proceso de transformación de la justicia.  “El millón y medio de firmas inicia este proceso para, mediante un referendo, someter a la aprobación de los ciudadanos la reforma parcial de la Constitución en lo referente a la forma de elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental”, explicó Orías.

Detalló que “la idea es que no se realice una elección vía voto, que la selección no esté en manos de la Asamblea Legislativa, que se constituye en una  especie de juez y parte.  Hay que garantizar la calificación de méritos, no puede continuar un sistema de habilitación sin calificación ni puntaje, y sujeta adhesiones políticas”.

El jurista señaló que justamente el fracaso del sistema de elección que establece la actual Constitución es que la Asamblea Legislativa  selecciona a los candidatos y luego los elige. “Para cambiar eso se ha pensado en una nueva ingeniería constitucional.  Se propone conformar una Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por seis ciudadanos independientes y confiables. Esta comisión independiente sería la encargada de seleccionar a los postulantes según su calificación de méritos y sometiéndolos a pruebas de aptitud para elaborar ternas cerradas para cada cargo, y de las cuales la Asamblea Legislativa designaría a los magistrados por dos tercios de votos; finalmente, la lista de designados sería aprobada por la ciudadanía con su voto en otro referendo nacional ratificatorio”.

El referéndum ratificatorio tendría carácter vinculante, de tal manera que si se diera el caso, como ocurrió en la segunda elección judicial, de que los  votos nulos y blancos sean superiores a los válidos,  tengan efecto vinculante.  “No se puede continuar con el mismo sistema, hay magistrados con el 1% y 2% de votos válidos.  En el voto ratificatorio la gente puede votar por el no, si hay rechazo ciudadano la Asamblea Legislativa estará  sujeto a mayor escrutinio público, se garantiza el ejercicio del voto de forma real”.

Según Orías, la propuesta es parte de una nueva ingeniería constitucional que  además de cumplir con las recomendaciones de diversos órganos de derechos humanos sobre cómo elegir altas cortes, garantiza el respeto al voto ciudadano. “Está claro que en las elecciones judiciales votamos pero no elegimos,  porque, antes de que vayamos a las urnas, los que eligieron fueron las mayorías que tenían el control total de la Asamblea Legislativa”.  

Transparencia e independencia judicial

El propósito de este nuevo procedimiento de elección de los magistrados es la conformación de los tribunales nacionales con jueces independientes, idóneos y probos.  “Hay que garantizar la transparencia e independencia judicial”, subrayó Orías. 

Detalló que la propuesta tiene cuatro ejes: un nuevo sistema de selección y elección de magistrados, manteniendo el voto popular; una asignación presupuestaria reconocida por la Constitución del 3% del presupuesto general  para el órgano judicial; el fortalecimiento de la justicia indígena y; la incorporación de a justicia de paz. 

En su criterio, “el sistema judicial es un servicio público y, por lo tanto, tiene que estar financiado por el Tesoro General, el problema es que la autonomía presupuestaria es uno de los elementos de su independencia institucional y actualmente no existe tal, el Ministerio de Finanzas le asigna un techo presupuestario validado por la Asamblea Legislativa, si le ponemos3 % a favor de servicios judiciales habrá esa autonomía real, genuina y el órgano judicial podrá tener un presupuesto digno para que los funcionarios y los servicios judiciales lleguen a la gente”.

Dejó en claro que la propuesta que busca mejorar la dotación de recursos para el Órgano Judicial “no es un cheque en blanco, hemos visto casos de corrupción, nepotismo, designaciones políticas, al Consejo de la Magistratura  no se le puede entregar mayores recursos sin hacer reforma de la composición, funciones y de la forma como trabaja”.

La participación y el voto favorable de los bolivianos a los cuatro ejes de la propuesta  es clave porque “representará un mandato popular expreso para encauzar la reforma de la justicia, que se tendrá que completar  con la implementación de la carrera judicial y otras medidas administrativas y cambios institucionales”.

Procesos fallidos de reformas en la justicia

 Si los plazos se cumplen y no hay ninguna injerencia política en el Órgano Electoral, culminado el recojo de firmas el referéndum debiera realizarse en agosto o septiembre, en el que se hará cuatro preguntas relativas al nuevo sistema de selección y elección de magistrados, cambios  en la asignación presupuestaria, ajustes en  la justicia originaria y la creación de juzgados de paz.

Orías se mostró confiado en que el proceso culminará sin contratiempos.  “Hasta la autorización de los libros, el OEP ha contribuido a que se cumpla la ley en lo que se refiere a la admisión de una iniciativa ciudadana de reforma parcial de la Constitución y tiene que estar más allá del debate político circunstancial, la demanda ciudadana de una reforma judicial convoca y debe unir a los bolivianos.  En las pasadas elecciones todos los partidos se comprometieron a reformar la justicia, creemos que esta propuesta ante la falta de acuerdos políticos puede contribuir a reformar la justicia con respaldo ciudadano”

Recordó que en los últimos dos años, el Gobierno ha promovido cinco iniciativas de reforma de la carrera judicial “y estas han sido fallidas porque básicamente no podemos seguir administrando a carrera judicial bajo este esquema de captura política y cuoteo político partidario”.