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Por: Zulema Alanes B. |
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron la violencia, el uso excesivo de la fuerza policial y las agresiones a la prensa durante las protestas en Santa Cruz en rechazo a la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.
“La CIDH expresa su firme condena a todo tipo violencia y rechaza de manera enfática tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como los actos violentos cometidos por grupos organizados en el marco de las protestas en los últimos días”, manifiestan en un comunicado de prensa en el que informan que han dado seguimiento al desarrollo de las manifestaciones que iniciaron el 28 de diciembre en Santa Cruz.
“Según información de público conocimiento, en el contexto de estas manifestaciones, se han reportado enfrentamientos entre civiles y efectivos policiales, resultando en personas heridas y denuncias de posibles casos de uso excesivo de la fuerza policial, incluso contra personas periodistas y comunicadoras sociales, según información de la Asociación Nacional de la Prensa Boliviana y la Sociedad Interamericana de Prensa”, destaca el comunicado.
Expresa su preocupación por reportes de la Defensoría del Pueblo que dan cuenta de "25 casos de presunta vulneración de los derechos humanos, que comprenden el uso desmedido de la fuerza policial, agresiones a periodistas, heridos, quemas de inmuebles y vehículos (particulares y públicos), entre otros", en los 13 días de protestas.
ANPB anuncia envío de informe complementario
El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic, saludó la preocupación de la CIDH y de la RELE y anunció que “enviaremos un informe complementario sobre las graves vulneraciones a la libertad de prensa y a la seguridad de los periodistas”.
El comunicado de la CIDH y la RELE “rechaza todo uso excesivo de la fuerza por parte de agentes públicos y reprueba los actos de violencia ejercida por personas en el contexto de las manifestaciones” y, asimismo recuerda que “Las fuerzas de seguridad no deben perpetrar violencia contra la prensa. Los medios de comunicación y personas comunicadoras sociales tienen un rol en el control social durante la organización, convocatoria y el ejercicio de las protestas y como canalizadores privilegiados del debate público”.
En criterio de Glasinovic, “este primer informe no menciona en detalle los casos de violencia extrema que las fuerzas policiales cometieron contra la prensa y que denunciamos oportunamente”.
Detalló que “en medio de las protestas tras la detención del gobernador Camacho, en Santa Cruz se reportaron violentas agresiones a cinco equipos de prensa, en tanto en La Paz fueron agredidos siete periodistas y tres camarógrafos por grupos de choque del MAS y, asimismo, una periodista reportó que recibió el impacto de una piedra lanzada por una persona que protestaba contra el gobierno”.
Glasinovic recordó que la ANPB denunció en reiterados pronunciamientos públicos que “este tipo de hechos vulneran la libertad de prensa, tienen la manifiesta intención de generar un efecto amedrentador y de silenciamiento de las y los periodistas; violan la libertad de expresión y, por tanto, el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información. A ello se suma la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables generando la violación del derecho al acceso a la justicia”.
Anunció que pedirán a la CIDH “el seguimiento estricto del cumplimiento por parte del Gobierno de su obligación de garantizar la seguridad, la integridad física y la vida de los y las periodistas”.
El comunicado de prensa de la CIDH y la RELE deja claramente señalado que “Las fuerzas de seguridad no deben perpetrar violencia contra la prensa” y destaca que “Los medios de comunicación y personas comunicadoras sociales tienen un rol en el control social durante la organización, convocatoria y el ejercicio de las protestas y como canalizadores privilegiados del debate público”.
Asimismo, subraya que “La CIDH ve con preocupación las amenazas de grupos violentos a personas defensoras de derechos humanos y a miembros de medios de comunicación a través de las redes sociales. Esta situación genera una vulneración grave a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, con consecuencias perjudiciales para el ejercicio de estas actividades”.
La protesta social es esencial en democracia
El comunicado de prensa del organismo internacional deja en claro que “La protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia” y llama a “hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos violentos que, apartados del derecho de protesta, puedan desnaturalizarlo o bien utilicen dicho contexto para otros fines alejados de la misma” para evitar escenarios de enfrentamiento y violencia extrema.
Asimismo, “la CIDH rechaza todo uso excesivo de la fuerza por parte de agentes públicos y reprueba los actos de violencia ejercida por personas en el contexto de las manifestaciones” y recuerda que “todo Estado debe adoptar medidas para proteger a las personas que ejercen su derecho legítimo a la protesta, así como salvaguardar la seguridad de las personas que no participan en ésta. Para ello, los estándares interamericanos exigen actuar sobre la licitud de éstas como manifestación de los derechos de asociación, libertad de expresión y reunión pacífica”.
Informa que recibió datos oficiales que dan cuenta de “diversas acciones violentas cometidas por grupos organizados contra bienes públicos y privados, incluyendo la casa de un Ministro de Estado” y, asimismo, “reportó daños a 44 vehículos y 27 infraestructuras, incluyendo incendios de instituciones estatales, así como intentos de toma de instalaciones policiales (…) el Ministerio de Gobierno reportó que 76 fueron aprehendidas por destrucción o deterioro de bienes del Estado, entre otros delitos”.
Anuncia que “la CIDH hará un seguimiento cercano a los procesos judiciales en los que se enmarcan las detenciones realizadas, con el objetivo de monitorear el respeto irrestricto relativos a las garantías judiciales, el debido proceso, la protección judicial y el acceso a la justicia, acorde con los estándares interamericanos. La Comisión reafirma su compromiso con el monitoreo de la situación de derechos humanos en Bolivia, labor que incluye la comunicación con todos los actores de la sociedad boliviana, en su pluralidad”.
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