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Por: Zulema Alanes B. |
Cada dos o tres días se agrede a periodistas o se vulnera la libertad de prensa en Bolivia, según denunciaron las asociaciones de periodistas del país en su solicitud de audiencia temática sobre impunidad en delitos contra la libertad de prensa presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Alertaron que “En Bolivia, el clima de hostilidad hacia la prensa y la total impunidad en los delitos contra los periodistas y medios de comunicación, está configurando un cuadro en el que la labor de informar resulta de alta peligrosidad”.
A 24 de diciembre de este año, se registraron un total de 184 vulneraciones a la libertad de prensa, lo que representa un 140% más que los casos de violencia en contra de los medios y los periodistas que se cometieron a nivel nacional en 2021, según los datos recopilados por el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de UNITAS.
Las asociaciones de periodistas, advierten que “esta situación ha incrementado de manera preocupante desde 2019, debido a la violencia, ataques, amenazas y criminalización que sufren periodistas en el ejercicio de su labor” y lamentaron “el Estado boliviano no garantice condiciones de seguridad e integridad personal de los periodistas”.
Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), dijo a Cabildeo Digital que “justamente debido a esta situación de vulneración del derecho a la libertad de expresión y de prensa, pero también la impunidad que protege a quienes cometen estos delitos, se presentó una solicitud de audiencia temática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Recordó que la última vez que una delegación de periodistas presentó un informe en una audiencia presencial de la CIDH fue en 2011, por lo que “esperamos que nuestra solicitud sea aceptada porque la última década la situación ha empeorado”.
Las asociaciones de periodistas esperan dar cuenta del estado de la libertad de prensa en Bolivia en el marco del 186° periodo ordinario de sesiones de la CIDH que será desarrollado entre el 6 y el 10 de marzo de 2023 en Los Ángeles, Estados Unidos.
En la audiencia solicitada “se espera presentar información relevante y actualizada sobre hechos de vulneración a la libertad de expresión y de prensa en Bolivia, que amenazan el entorno para el trabajo periodístico y vulneran las garantías necesarias para su trabajo, evidenciando además la omisión del deber del Estado de prevenir, investigar y sancionar estos actos”.
MAS impunidad y violencia
Según el diagnóstico de las asociaciones de periodistas de todo el país, la situación de desprotección a periodistas en el ejercicio de su trabajo y la impunidad en los delitos contra la libertad de prensa han ido en aumento en los sucesivos gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Destacan que “los ataques a los periodistas son cometidos por múltiples actores y, con mucha frecuencia por autoridades de entidades estatales” y, como ejemplo, mencionan que “el año 2021, el presidente de la Asamblea Legislativa del departamento de Potosí fustigó a los periodistas al ser descubierto dirigiendo un grupo de choque que atacaba violentamente a la población que protestaba en las calles acatando un paro cívico”..
En el recuento, puntualizan que “el secuestro, tortura y amenazas de muerte a las que fueron sometidos seis (6) periodistas en la Hacienda Las Londras, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, constituye uno de los casos de mayor preocupación ocurrido en el marco de la labor de cobertura informativa que dichos profesionales, junto a policías y otros civiles, estaban desarrollando por el avasallamiento de tierras ocurrido en esa localidad, cuando fueron sorprendidos por encapuchados, que los golpearon, amenazaron con armas de fuego”.
A más de un año ese hecho, “pese a las continuas marchas y demandas de las asociaciones de periodistas, tales agresiones siguen en la impunidad. De los cinco imputados, fueron aprehendidos tres, pero luego liberados para asumir defensa legal con el beneficio del arresto domiciliario. A la fecha, dos continúan prófugos, las autoridades judiciales a cargo han suspendido 15 audiencias en una clara decisión de dilatar el proceso, en tanto las víctimas siguen siendo blanco de amenazas intimidatorias”.
Detallan también que, en 2022, “en respuesta a la investigación periodística que frustró la compra con sobreprecio de 41 ambulancias en la Gobernación de Potosí, la máxima autoridad departamental aseguró que “me importa un carajo" lo que digan los medios de comunicación con la intención manifiesta de devaluar el aporte del periodismo de investigación al derecho de acceso a la información y la libertad de expresión, así como a la lucha contra la corrupción”.
En el recuento, mencionan que entre octubre y noviembre de 2022, al menos 40 trabajadores de la prensa, entre ellos 15 mujeres, sufrieron ataques por varias personas denominados “grupos de choque”, durante los 36 días de paro cívico en Santa Cruz.
“En el contexto de ese conflicto, el caso más grave fue el ataque al periodista Mario Alberto Rocabado de la red televisiva Unitel, ocurrido el 1 de noviembre de 2022, durante un enfrentamiento entre partidarios y opositores. El reportero que realizaba la cobertura fue agredido y no recibió auxilio o apoyo, al contrario, las autoridades policiales lo abandonaron luego de que fue víctima de golpes e incluso apedreado, lo que le causó 35 días de incapacidad. Una fiscal rechazó la denuncia penal contra una alta autoridad y dos jefes policiales por su responsabilidad en este hecho”.
También refieren que “el 8 de diciembre de 2022, en medio de la escalada de violencia en la toma de tierras por parte de avasalladores fue atacado un equipo de prensa del diario El Deber de Santa Cruz que realizaba la cobertura en la zona acuífera del Parque Regional Lomas de Arena. Como consecuencia de la virulenta ofensiva de los avasalladores que actuaban encapuchados y armados con palos y machetes, el periodista Juan Carlos Fortún resultó con graves heridas y debió ser hospitalizado”.
Criminalización y amenazas al secreto de fuente
Entre 2020 y 2022 el observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de UNITAS registró al menos 17 casos de judicialización a periodistas.
“La mayoría de estos casos proceden bajo el accionar de autoridades públicas en clara inobservancia de lo dispuesto por la ley de imprenta y el secreto de fuente, tal es el caso del periodista del diario El Deber, Guider Arancibia, que en 2021, fue citado por la Fiscalía para declarar sobre información develada en un reportaje que hacía alusión al uso de camionetas incautadas para trasladar a encapuchados que agredían a vecinos durante el paro multisectorial”, señala el reporte de las asociaciones de periodistas.
Menciona los casos “del periodista de Radio Frontera, Roberto Puma quien fuera citado a declarar a solicitud del alcalde de Yacuiba (Tarija) por información que publicó en un reportaje sobre mal estado del desayuno escolar (…) y de la periodista Yolanda Barrientos citada por la Fiscalía el mes de julio de 2022, para declarar como testigo en el caso de la quema de instalaciones del Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca en 2019, y, en septiembre de 2022, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, pidió que se levante el secreto de fuente para develar quién filtró al diario El Deber el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se establece que el Estado cometió ejecuciones extrajudiciales en el caso Hotel Las Américas”.
También refiere que “Desde agosto de 2022, el periodista Andrés Ignacio Titiboco del diario Contacto de la ciudad de Trinidad enfrenta cinco procesos penales que le fueron instaurados por autoridades y funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), del Tribunal Departamental de Justicia, de la Alcaldía de Trinidad y del Movimiento Tercer Sistema (MTS). Todos los procesos son por difamación, calumnia e injuria por publicaciones que realizó en su medio de comunicación denunciado hechos de corrupción y reclamando por los derechos de las mujeres”.
Este caso suma a los procesos penales que enfrentan seis periodistas y comentaristas que trabajaron en la Red Bolivia TV de propiedad del Estado, durante el gobierno de transición de Jeanine Añez. Esta situación ha motivado la movilización de las organizaciones gremiales de periodistas que enviaron una carta abierta al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, demandando que se deje sin efecto la persecución penal a los periodistas.
En 2022, el Consejo de la Magistratura amenazó al diario Página Siete con tomar acciones legales en represalia a un reportaje en el que difunde audios que involucran al entonces presidente de esta instancia supuestamente negociando cargos en el Órgano Judicial.
Las amenazas al secreto de fuente también se han intentado a partir de proyectos de ley, tal es el caso del PL Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas presentado para tratamiento en septiembre de 2021, mismo que en su artículo 11 establecía que no se podrá invocar el secreto de fuente cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) requiera información que podrá ser obtenida de manera directa sin orden judicial o trámite previo
En criterio de Pedro Glasinovic, estos y otros hechos fueron denunciados en la solicitud de audiencia a la CIDH, en la que “manifestamos nuestra preocupación por la gravedad de la situación de vulnerabilidad generada a partir de la impunidad y la inacción del Estado en brindar las garantías para el trabajo periodístico”.
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