La recolección de firmas para la reforma de la justicia vía consulta popular, promovida por juristas independientes, se iniciará el 2 de enero de 2023, informó el abogado constitucionalista y exmagistrado José Antonio Rivera.
Vía: Los Tiempos |
“A partir del 2 de enero, vamos a salir a las calles, vamos a tener puntos fijos, vamos a tener en lugares estratégicos, como las oficinas de los tribunales de justicia, porque es donde el ciudadano carga día a día los resultados y los efectos de esta crisis judicial que ya es insostenible”, manifestó el jurista.
Explicó que se tiene programado tener listos los libros hasta el 31 de diciembre.
“Estamos aprovechando para hacer los ajustes logísticos de organizar territorialmente cada municipio con responsables por distritos, de manera que podamos salir simultáneamente en cada distrito con personas debidamente capacitadas que recojan las firmas haciendo una verificación, además, informática para evitar la depuración que hace el organismo electoral y que eso no nos impida seguir con esta iniciativa. Tenemos que recoger 1.483.000 firmas, pero nos hemos propuesto superar el 1.500.000”, sostuvo.
Enmienda
Rivera señaló que el grupo de juristas tiene que superar una serie de situaciones, entre ellas la necesidad de plantear una solicitud de enmienda y complementación, que se demoraron en despachar, para que aclaren desde cuándo corre el plazo de recolección de firmas. Si es desde la entrega del formato del libro o desde que se entregan los libros al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Se indicó que es desde la entrega de libros al TSE. Entonces, ahora estamos en la fase de impresión de los libros en las imprentas, luego tenemos que hacer notariar que es un acto muy complejo, porque cada libro tiene que tener un acta de apertura y un acta de cierre con un costo económico que no es fácil cubrir para nosotros, porque hasta hoy estamos cubriendo con pesitos de nuestro bolsillo, además de la buena voluntad”, manifestó.
Posibles obstáculos
De acuerdo con Rivera, durante este proceso se pueden presentar problemas para impedir que esta consulta prospere.
Dijo que el primer temor era superar el TSE, pero se logró. Señaló que ahora se tiene un segundo ámbito que será el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“El TCP tiene que hacer un control preventivo de constitucionalidad de la propuesta de reforma y las preguntas del referéndum. Tenemos el riesgo de que allá saboteen, pero a la vez abrigamos la esperanza de que existiendo más de 1,5 millones de ciudadanos que están promoviendo no vayan en ruta contraria”, refirió.
Agregó que también se corre el riesgo de que los sectores radicales del Movimiento Al Socialismo (MAS) intenten interferir en el proceso de la consulta.
Normativa que respalda referendo
El artículo 12 de la Ley del Régimen Electoral señala que “el referendo es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa por el cual las ciudadanas y los ciudadanos, mediante sufragio universal, deciden sobre normas, políticas o asuntos de interés público, cuyas decisiones adoptadas por la mayoría del voto tienen vigencia inmediata y obligatoria, sus resultados tienen carácter vinculante, y las autoridades están obligadas a su oportuna y eficaz aplicación” (art. 15).
Ciudadanía apoya la reforma a la justicia
Una encuesta realizada por Diagnosis establece que los bolivianos no solamente están a favor de la reforma judicial, sino que también tienen la predisposición de votar en un referendo nacional para introducir cambios en la Constitución que viabilicen dicha reforma, señaló el abogado constitucionalista José Antonio Rivero.
Según el estudio de Ceres, en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba, 7 de cada 10 personas votarían a favor si se lleva a cabo un referendo para reformar la justicia.
“Felizmente, hay una respuesta positiva de la población. Una institución hizo una encuesta una vez conocida la propuesta, un 66 por ciento ha señalado que está dispuesta a poner su firma y adherirse a la iniciativa”, manifestó.
El estudio de Diagnosis se realizó el 1 y 2 de octubre en los nueve departamentos del país, en poblaciones urbanas y rurales, de manera que su representatividad es aún más alta.
Esta encuesta se hizo poco después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizara al Grupo de Juristas Independientes la recolección de firmas que dará lugar a un referendo para reformar el sistema judicial, previsiblemente a mediados de 2023.
“Esto nos da mayor esperanza en esta cruzada nacional que estamos trabajando”, concluyó.