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Por: M. Sc. Joshua Bellott Sáenz |
El paro en Santa Cruz, el cerco ejercido a dicho departamento por grupos afines al gobierno, y las todavía tímidas muestras de apoyo a la realización del censo para 2023 por parte de otros departamentos y sus instituciones, configuran un ambiente de incertidumbre, en el que los mercados distorsionados por el desabastecimiento, emiten señales claras con precios más elevados. Pero, además, esta coyuntura desnudó problemas relacionados con la distribución de recursos, la representación política, seguridad alimentaria, diferencias económicas regionales; pero también, generó reacciones sobre las conocidas dicotomías entre centralismo versus descentralización y autonomía, dictadura versus democracia, y poder político versus poder económico, entre otras.
Lo cierto es que, lo que ocurre en Santa Cruz, configura un accionar gubernamental equivocado, que no sólo va en contra de los cruceños, sino también, de todo el país. La población se enteró que Santa Cruz provee más del 70% de insumos y alimentos al país, y que su producción representa un tercio del Producto Interno Bruto de Bolivia (PIB). Por estas razones, el cerco casi delincuencial, provoca un daño irreparable a las familias más pobres. Sin embargo, parece no quedar claro si la fecha del Censo, es un argumento lo suficientemente fuerte para movilizar a la ciudadanía en pro de sus propios intereses.
La Fundación Jubileo en una publicación reciente, concluye que aproximadamente 284 municipios de los 339 del país, “reducirán” sus recursos debido al ajuste que se realizará con los resultados del Censo para determinar la coparticipación tributaria; y, por supuesto, este parece un argumento poderoso que justifica el tímido reclamo de la mayoría de las regiones en el país. En ese sentido, es necesario conocer algunas cifras sobre la participación de las regiones en la economía nacional y sobre la distribución de recursos y su posible efecto sobre los niveles de desarrollo de las mismas.
Debemos reconocer que la economía boliviana es sumamente dependiente del Estado, y dependiente también de la distribución de recursos a las diferentes regiones. Esta dependencia, sin duda, se ha exacerbado durante los últimos años debido a las ingentes cantidades de dinero que ingresaron al país.
En los últimos 12 años, entre 2010 y 2021, los departamentos (gobernaciones) recibieron recursos por el Impuesto a los Hidrocarburos, coparticipación tributaria, regalías y transferencias de capital vía FNDR, FPS, VIPFE, entre otras fuentes. El total de fondos recibidos por las gobernaciones en estos años, alcanza a casi 60 mil millones de Bs.
Tarija se llevó el 43% de estos recursos -más de 24 mil millones de bolivianos-, Santa Cruz el 19%, lo que alcanza a casi 11 mil millones de Bs. Chuquisaca recibió un 10%, Cochabamba y Beni un 7%, La Paz y Pando un 4% (cada uno) y Oruro y Potosí un 3%. Entonces, resulta que Tarija recibió 15 veces más presupuesto que Oruro y el doble de Santa Cruz. Aunque parecen montos importantes de dinero, recordemos que sólo la renta petrolera entre esos años, alcanzó a los 36 millones de dólares, o sea, casi 250 mil millones de Bs, recursos que en gran parte los dispuso el gobierno central.
Si revisamos la distribución de recursos hacia los 10 municipios con mayor número de ciudadanos, sabemos que además de las fuentes mencionadas, recibieron recursos vía fondo HIPC o alivio de la deuda externa, pero sólo hasta el año 2016. Santa Cruz de la Sierra recibió el 12% (más de 15 mil MM de Bs), La Paz y El Alto 7% (9 mil MM de Bs aproximadamente, cada uno), Cochabamba el 5%, Sucre, Tarija y Oruro el 3%, Potosí el 2% y Cobija y Trinidad el 1%.
Si bien en el caso de los recursos municipales no se nota una disparidad tan acentuada como en el caso de las gobernaciones, debemos preguntarnos si dicha distribución es la que ha creado brechas en el desarrollo de unos y otros. Por otro lado, debemos resaltar que, con las cifras presentadas, queda en evidencia que la distribución de recursos; de ninguna manera, es proporcional al nivel de población en cada departamento o municipio. Pero, además, queda demostrado que el nivel de recursos que recibe una región no es determinante para su desarrollo.
Debemos tener en cuenta también, que este análisis es incompleto, dado que no hay claridad sobre la distribución de los recursos que maneja el gobierno central, que superaron en muchos años el 75% sobre el total de los recursos del país. Sin embargo, con un alto grado de certeza puedo afirmar que gran parte de estos recursos fueron destinados al eje central y especialmente a Santa Cruz, lo cual permitió que estos departamentos se alejen notoriamente de los demás en cuanto a grados de desarrollo. Algunas cifras, las mencionamos a continuación.
Por el lado de la producción, sabemos que las exportaciones de Pando en 2021 fueron 24 veces menores a las exportaciones de Santa Cruz (primer exportador este año). Sólo como referencia, el 2013, Pando exportaba 240 veces menos que Tarija (primer exportador ese año).
Las exportaciones de Santa Cruz representaron el 2021 el 27% del total, comparable con Potosí y La Paz que exportaron un 23%, cada uno. Si bien en este caso existen diferencias marcadas, entre los 3 departamentos mencionados, no parecen ser muy importantes; pero claramente, la participación de Potosí demuestra que las exportaciones no están necesariamente correlacionadas con el desarrollo. En el caso de Santa Cruz, parece que pesaron más otros factores.
Por otro lado, las importaciones de Santa Cruz (39% del país), fueron 510 veces superiores a las de Beni (2021). Como referencia, en 2014, las importaciones de Santa Cruz fueron 4.880 veces superiores a las importaciones de Pando, 934 veces superiores a las de Beni y 163 veces superiores a las de Chuquisaca. Si bien Santa Cruz es el primer importador del país, el segundo es La Paz (23%) y el tercero es Oruro, con 17%. Nuevamente, la concentración se da en sólo 3 departamentos.
Respecto a las importaciones, podríamos afirmar que dichas cifras reflejan una gran distancia y diferencia entre departamentos; y, aparentemente el poder económico de Santa Cruz es su capacidad de consumo. En el caso de Oruro, esta participación sólo se explica por su posición geográfica privilegiada, por ser el punto más cercano a los dos principales Puertos del Pacífico.
Con los datos presentados, parece que es difícil establecer los factores que contribuyeron al despegue económico de Santa Cruz y las grandes diferencias entre departamentos. Pero a propósito del Censo, es necesario conocer de manera muy breve y simplificada la evolución del número de habitantes por región.
Santa Cruz, según datos del Censo de 1950, contaba con 244.658 habitantes, Potosí con un poco más de medio millón, La Paz con un poco más de 800 mil y Cochabamba casi duplicaba la población de Santa Cruz, sólo por citar unos ejemplos. La ciudad de Santa Cruz, era un pequeño pueblo de 50 mil habitantes.
En un poco más de 70 años; mientras la mayoría de las regiones duplicó o triplicó su población (exceptuando Potosí), Santa Cruz la multiplicó por 15. Por esta razón, podríamos afirmar que una de las principales razones para el desarrollo de Santa Cruz fue y es, la migración.
Con esto datos en mente, parece que la fecha del Censo o su efecto respecto a la distribución de recursos vía coparticipación tributaria, parece no ser lo más importante; dado, además, que no existe ninguna correspondencia en relación a la distribución de recursos y la población. Más aún, cuando sabemos que el éxito económico de Santa Cruz probablemente obedezca a la elevada migración (recursos humanos), a los recursos recibidos vía gobierno central y seguramente al tipo de economía de su región. Grandes economistas afirman que el despegue hacia el desarrollo de los países, se concentra en el desarrollo agrario e industrial, y no así en el mero extractivismo de recursos no renovables.
Por estas razones queda demostrado, que más importante que la discusión acerca del Censo, es el debate acerca del Pacto Fiscal que tiene una connotación política fuerte. Distribuir de mejor forma los recursos del Estado, significa deteriorar el poder del gobierno central y del sistema político implantado. Ese sistema político de logias, que ha beneficiado a muy pocos, y que incluso, malgastó y despilfarró los ingentes recursos económicos que recibió Tarija en relación a los demás departamentos, sin ningún resultado evidente. Sin embargo, el Censo parece ser importante porque puede constituirse en el instrumento técnico que interrumpa la reproducción del mencionado sistema político.
En estos últimos días, se implantó en la opinión pública, la idea de que el gobierno; dilatando la decisión sobre la fecha del Censo, sólo quiere encubrir las diferencias entre el padrón electoral y la población real en las regiones, evitando que se realice el mismo o buscando mecanismos para amañar los resultados. Esta decisión, está generando incertidumbre, caos, inflación y desabastecimiento en las regiones; que, a decir de varios analistas, la solución a dichos conflictos -cualquier sea-, deteriorará la imagen política del gobierno que terminará siendo el gran perdedor.
Sin embargo, mientras el gobierno nos enfrasca en la discusión acerca de la fecha, parece que nos olvidamos de algo más importante, la forma del proceso y su transparencia. Se discute quien imprimirá la boleta censal y quien escaneará dichas boletas, así como la duración del proceso de contratación de empresas que se encargarán de esta tarea, olvidándonos que en 2012 obligaron a los encuestadores a llenar la boleta con lápiz. Nos olvidamos de que se manejaba una propuesta para llenar la boleta en tablets, y así utilizar la tecnología para asegurar la transparencia de los resultados. Entonces, si esto fuera cierto, más bien parece que la estrategia del gobierno da resultado: “ya hemos aceptado el tipo de Censo y los procedimientos propuestos por el INE”, y nos olvidamos de la transparencia y la confiabilidad de los datos, que precisamente son los que podrían promover la destrucción de un modelo político y económico agotado, que sólo pensó en favorecer a sus pequeñas logias, y se olvidó de las grandes mayorías.
| M. Sc. Joshua Bellott Sáenz es economista.
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