Por: Johnny Nogales V. |
Ya llevan varios días en discusiones y hasta el momento no se vislumbra la posibilidad de que lleguen a establecer, de manera concertada, la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda. Los técnicos delegados para esta tarea no avanzan en sus deliberaciones; por el contrario, se siente un ambiente cada vez más hosco, más enrarecido, más turbio, por la inexplicable resistencia del INE a dar la información completa y detallada de su programa de actividades y por la (previsible) actitud de quienes representan la posición oficial, que intentan justificar la postergación de la actividad censal hasta el 2024, ya determinada por el gobierno.
Aparte de la desproporción numérica de los adeptos a la posición oficial, se ha propiciado el ingreso y participación de representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Bolivia, Rolando Pardo, y el especialista Daniel Allende Lizama, con el acompañamiento virtual de Simone Cecchini, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la CEPAL.
No es aventurado presumir que estos técnicos “independientes” vienen a sustentar también el postulado de diferir el censo en Bolivia. El mismo Daniel Allende ha reconocido que ellos sugirieron la fecha de octubre de 2024, “para garantizar un proceso de alta calidad”. Incluso cree que se necesita un año calendario para hacer una “prueba”, que permita ajustes en el cronograma censal.
Por tanto, existen razonables dudas sobre su independencia, lo que provoca mayores susceptibilidades; pues, con la experiencia del 2019 y lo ocurrido con el informe de la OEA sobre el fraude electoral, de seguro que no fueron invitados con la posibilidad de que sus criterios sean contrarios al designio del gobierno.
Si a ello sumamos que se pretende analizar cada una de las 700 actividades que tiene el programa del censo, estaremos ante un panorama sombrío, que puede prolongar el tratamiento del tema y extenderlo sine die, dejándolo para las calendas griegas.
Aunque la mayoría de los planteamientos presentados en el cónclave apuntan a que el censo se lleve a cabo el 2023, resulta improbable que, en estas circunstancias, se les preste atención. Eso sería como reconocer la incapacidad el INE para manejar tan delicado tema o desarropar su total subordinación a los mandatos del poder político.
Y quizás el verdadero propósito sea el de armar un espectáculo que distraiga la atención pública, para desviarla de las aristas más punzantes que tiene el asunto. Ya resulta inocultable que uno de los principales efectos que puede tener un recuento prolijo y ecuánime de la cantidad de ciudadanos que pueblan nuestro país, así como saber su edad y su ubicación, será el de promover la limpieza del Padrón Electoral y la readecuación de las circunscripciones electorales, antes de los próximos comicios.
De una actitud pasiva, suspicaz y hasta contraria a las determinaciones del Cabildo de Santa Cruz, que muchos interpretaron como orientadas simplemente a obtener mayores recursos económicos y más curules, hoy se ha pasado a comprender la verdadera importancia del censo en la vida política del país. Por ello, los líderes cívicos de todas las regiones han determinado sumarse al pedido cruceño e iniciar enérgicos reclamos, exigiendo que el censo sea el año venidero. Seguramente recibirán como respuesta la evasiva de que los técnicos aún siguen debatiendo.
Es posible que el ardid dilatorio busque que la población, exhausta por el prolongado tiempo de protesta, intimidada por los ataques vandálicos, agobiada por la falta de dinero y la escasez de alimento, levante las medidas de bloqueo y reinicie actividades, dejando el paso libre al objetivo de postergar el censo. Por eso se siguen urdiendo planes para nuevas tomas de puntos estratégicos y se mantiene latente la amenaza de los quintacolumnistas traídos para cerrar el cerco a la capital oriental.
En caso de que las delegaciones de los departamentos que propugnan el 2023 abandonen la discusión, será el momento en que se los catalogue de golpistas, como ya lo ha dejado entrever el propio presidente del Estado, en el acto inaugural. Los que se queden darán su veredicto: se hará el 2024. Ese será el preludio de un endurecimiento de posiciones.
Pecan de ingenuidad quienes esperan que la solución salga de una reunión de técnicos. Es un asunto POLÍTICO. La reunión de Trinidad es sólo una maniobra. Hay que comprenderlo de una buena vez: El MAS y el gobierno (que es del MAS) están amurallados y no cejarán un milímetro en su postura. Parece que para ellos es cuestión de vida o muerte. Todo indica que están dispuestos a llegar a peligrosos extremos antes que ceder un ápice. Por algo será.
Vivimos momentos de zozobra colectiva, pues no hay indicios de que se avizore una luz al final del tenebroso túnel. Sólo las antorchas de la verdad, la justicia y la libertad nos podrán iluminar el camino a seguir.