EL CUENTO TÉCNICO

Por: Johnny Nogales V. | 

El gobierno no da el brazo a torcer; es decir, no quiere escuchar y mucho menos atender ninguna razón que cuestione su decisión de postergar la realización del censo. A pesar de que no le ha dado resultados positivos, persiste en su discurso de que el tema sea resuelto por decisión “técnica”.  

La intempestiva decisión de no cumplir la fecha que, decreto supremo mediante, el mismo presidente y su gabinete ministerial habían determinado para el recuento de los datos de población y vivienda en el país, provocó un justificado reclamo social.

¿Por qué se dio esta reacción ciudadana en Santa Cruz? Pues, primero, porque tiene la intención de regatear los recursos que, por ley, le corresponden a este departamento, que alberga hoy a la mayor cantidad de habitantes; segundo, por el manifiesto propósito de impedir que la región tenga más representación parlamentaria, como también le correspondería legalmente; y, tercero, porque existe una fundada desconfianza en los mecanismos electorales, y en particular en el inefable Padrón Electoral, a partir del denunciado y comprobado fraude de 2019.

La población exige censo en el año 2023.

¿Por qué la porfía en que se lleve a cabo el 2023? Pues porque, de culminarse el trabajo en un tiempo prudente, el 2024 se estaría recibiendo más dinero de coparticipación, necesario para atender los requerimientos de una población tan grande como la que ahora vive en Santa Cruz; porque habría que reconocerle un mayor número de diputados y, no menos importante, porque, de seguro, se tendría que rediseñar el mapa de las circunscripciones para los futuros comicios. Y esos tres aspectos van en contra de los intereses del régimen imperante. Así de simple y claro.

A pesar de que pretenden tildar de políticos a los que demandan que el censo se realice el 2023, no se puede ocultar que, incluso en el tema económico, se encuentran motivaciones POLÍTICAS en la cerrada posición de los gobernantes. No en vano han desatado un furibundo ataque en contra de Santa Cruz, con encarnizadas resistencias al paro, e incluso han llegado al exabrupto genocida de cercar la ciudad.

Cerco a Santa Cruz. 

¿Pueden y deben los técnicos tomar una decisión tan crucial para la vida de la nación? Veamos: Los funcionarios técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE) han tenido diez años para preparar todos los detalles que demanda un censo y, por lo visto, NO LO HAN HECHO. Aquí surge, sin embargo, una sombra de duda: Si esto es cierto y, como aseguran hoy, no se puede realizar el censo el año venidero, tendrían que explicar por qué, hasta hace tres meses, altas autoridades afirmaban que se lo haría este 2022; y no sólo se lo dijeron al pueblo sino a los organismos internacionales financiadores, como FONPLATA y el BID, que han otorgado cuando menos 140 millones de dólares para que cumplan con esta tarea. Y para que tales recursos sean aprobados, los representantes gubernamentales han tenido necesariamente que demostrar documentadamente que estaban bajo control y debidamente preparadas todas las actividades para cumplir ese objetivo.

Después de escuchar la confesión de parte de los responsables del INE, que han afirmado que no existe la posibilidad de llevar adelante el censo ni siquiera el próximo año - que es la base de la postura oficial - habría que cuestionar la capacidad de este órgano y sancionar severamente a sus directivos, por incumplimiento de deberes. No sería disparatado pensar en buscar otras instituciones, incluso fuera del país, que lo puedan realizar de forma pronta, profesional y confiable. Ya que se cuenta con más de una centena de millones de dólares, sería viable. Aquí se rasgarán las vestiduras los que aseguran que esta es una potestad estatal, pero se les podría recordar que incluso los billetes que tenemos en los bolsillos son fabricados por una empresa internacional (o transnacional, para provocarles más escozor). Sin embargo, es posible que esto no sea necesario, puesto que la universidad cruceña ha delineado un planteamiento técnico que demuestra la factibilidad de hacerlo en octubre del próximo año.

Comisión técnica en Trinidad.

Dando por roto el diálogo, dos ministros acaban de comunicar la decisión unilateral de que, a partir del viernes, empezará a funcionar una comisión técnica, que tendrá la misión de definir la fecha del censo. ¿Creen acaso que unos empleados públicos podrán imponer semejante decisión? Se equivocan.  A estas alturas, deben darse cuenta de que no les ha servido el uso de la violencia de sus cuadrillas de ataque, ni el traslado de miles de campesinos y de policías. Es posible que haya quienes estén empecinados en buscarle cinco pies al gato, con medidas que agravarían la situación, como la declaratoria de un estado de sitio; cuyo pronóstico no es necesariamente favorable para nadie. Lo cierto es que la única alternativa razonable que les queda es optar por una salida elegante para acatar la demanda ciudadana: Hacer el censo el 2023.

En consecuencia, lo que resta es asegurarse de que no sea una nueva decepción, que este tan batallado censo se haga con transparencia y pulcritud, y que sus oportunos resultados nos ayuden a construir la confianza y el respeto institucional, que sea el fundamento de una convivencia armoniosa y pacífica, para bien de toda Bolivia.

Plataformas ciudadanas y médicos en Cochabamba advierten con paro
desde el lunes exigen censo el 2023.