CIFRAS Y MÁS CIFRAS: EL MODELO ECONÓMICO–POLÍTICO Y LA REALIDAD QUE SE IMPONE

Por: M. Sc. Joshua Bellott Sáenz | 

A dos años del gobierno de Arce, el discurso presidencial no anunció nada nuevo para Bolivia. Es más, la mayoría coincidió en que casi no lo entendieron, ya que se enfocó en un montón de datos, dejando de lado los problemas reales por los que atraviesa Bolivia. Muchos se preguntaron si el presidente realmente estaba hablando de Bolivia, o de una realidad paralela en la que él y sus operadores viven. 

Por estas razones es importante mencionar que los datos y cifras expuestos de manera fría, no tienen ningún sentido y realmente no dicen nada. Se dice que en economía los datos son relativos, lo que significa que, si los mismos no tienen un parámetro de comparación, no significan nada. Por esta razón, en el presente artículo mencionamos algunos de los datos del discurso presidencial o en general del discurso de personeros de gobierno, tratando de hacerlos entendibles y ubicando al lector en una realidad comparada.

Escuchamos hasta el cansancio que la economía es estable y que está en proceso de reactivación, con un elevado crecimiento económico y una de las inflaciones más bajas del planeta; con cada vez más bajas tasas de desempleo, mayor industrialización, seguridad alimentaria, reducción de la pobreza y hasta una deuda sostenible. Al respecto de la estabilidad citamos algunos datos.

El Informe de Riesgo Macroeconómico 2022, preparado por Visual Capitalist y New York Life Investments, sitúa a Bolivia con un “Riesgo elevado”. Los factores que determinan este cálculo son: Riesgo Económico (deuda, política monetaria y estructura económica); Riesgo Político (Independencia institucional, efectividad de la política); Ambiente Estructural para los Negocios (facilidad para hacer negocios, marco regulatorio); Riesgo Comercial (ruptura de corto plazo de la demanda); y, Riesgo de Financiamiento (riesgo de corto plazo de ruptura de cuentas de deuda (crédito)). Argentina, Venezuela, Suriname y Bolivia, son los países de Sudamérica clasificados en la misma situación (riesgo elevado). Por supuesto, este reporte contrasta con el discurso gubernamental de estabilidad y reactivación económica.  

Por otro lado, uno de los riesgos mencionados constantemente por los analistas es la reducción acelerada de las Reservas Internacionales Netas. La idea es que el nivel de las mismas, sea equivalente a por lo menos 3 meses de importación, en vista de que una eventual reducción por debajo de este parámetro -especialmente de la parte líquida-, podría presionar a una devaluación del tipo de cambio que alimentaría las expectativas inflacionarias. A continuación, revisamos el comportamiento de este indicador en los dos años de la actual gestión presidencial.

Las RIN a finales de 2020 eran 5.276 MM de usd, y en divisas 2.386 MM de usd. Para el 26 de octubre de 2022 alcanzaron a 3.833 MM de usd y en divisas 998 MM de usd. El último reporte del 11 de noviembre de este año, indica que las divisas alcanzaron 940 millones de dólares. La pérdida a un año y 11 meses es de casi 1.500 MM de usd. Pese a que tuvimos un 2021 con una balanza comercial positiva que alcanzó los 1.400 MM de usd y un ingreso por remesas de compatriotas que viven en el exterior por un monto similar (entraron más dólares de los que salieron), la caída de las Reservas no se detuvo. Tomando en cuenta que, en septiembre de este año las RIN incluso se situaron en un poco más de 700 MM de usd (menos de un mes de importaciones), es evidente cierta volatilidad del indicador. Si a esto, adicionamos el paro de Santa Cruz que se constituye probablemente en el mayor generador de divisas para el país, es casi seguro que, para diciembre o enero del siguiente año, la cantidad de divisas caiga aún más. Por supuesto, parece que el riesgo de desestabilización de la economía se acerca inevitablemente.

Otra de las preocupaciones es la referida a los elevados niveles de deuda pública, problemática que la vivimos en la década del 80 y que provocó una de las más altas inflaciones del mundo. En la actualidad, Bolivia ocupa el tercer lugar en el ranking de países con deuda pública más elevada de América Latina (18 países), equivalente a un 86,1% del Producto Interno Bruto. La deuda de Venezuela alcanza a un 307% y la de Brasil a un 91,9% (los dos primeros lugares); por su lado, el mejor situado es Guatemala, cuya deuda alcanza a 30,6% del PIB. Para 2021, la deuda externa superó los 12.500 Mm de usd y la deuda interna los 14.300 Mm de usd. Lo malo de la deuda interna, no es sólo que se la tiene que pagar, sino que, compite por recursos con bolivianos que podrían utilizar esos recursos para ahorrar, invertir o consumir.

La Deuda Interna en Bolivia se incrementó en la gestión 2021 en 12.480 MM de Bs y en 2022 (hasta el 19 de octubre), en 7.080 MM de Bs adicionales; básicamente 3 mil MM de dólares en la gestión presidencial actual.  

Por supuesto, los elevados niveles de deuda pública son considerados como otra de las fuentes principales de inestabilidad, que como vimos, parece no preocupar al gobierno dado que la califican como “sostenible”.

Para cerrar el tema de la estabilidad de la economía, sabemos que los reportes de inflación son muy bajos. La tasa de variación anual del IPC a octubre de 2022 fue del 2,9%. Sin embargo, si comparamos las importaciones los 7 primeros meses de 2022 respecto de los 7 primeros meses de 2021, tenemos que la inflación en alimentos y bebidas alcanza a un 41%, pese a que consumimos (-28%) menos en cantidades. Los combustibles y lubricantes también aumentaron su precio en un 74%, siendo que consumimos 42% más (es obvio que el parque automotor no aumentó en ese porcentaje). Asimismo, los suministros industriales aumentaron de precio en un 25%, e incluso los bienes de capital, un 9%. Por esta razón es que los ciudadanos no confiamos en las cifras del gobierno, la realidad de todos es muy distinta a la realidad planteada por nuestros gobernantes. 

Y a propósito de los alimentos y la reducción en su consumo, en este mes de noviembre se publicó el Informe para Bolivia del Índice Global de Hambre, cuyos resultados resumimos a continuación. 

Son 4 indicadores que se combinan para calcular el Índice Global del Hambre (IGH): Desnutrición o subalimentación (proporción de la población con insuficiente consumo de calorías); Retraso en el Crecimiento Infantil (porcentaje de niños menores a 5 años que tienen baja estatura para su edad, reflejando una desnutrición crónica); Emaciación Infantil (porcentaje de niños menores a 5 años que tienen bajo peso para su estatura, reflejando desnutrición aguda); Mortalidad Infantil (porcentaje de niños que mueren antes de los 5 años, reflejando en parte, una mezcla de mala nutrición y un medio entorno insano). Puntuaciones menores a 9 es considerado como un “bajo” índice de hambre, entre 10 a 19,9 “moderado”, entre 20 y 34,9 “Serio”, entre 35 y 49,9 “Alarmante”, y mayor a 50 “extremadamente alarmante”. 

Bolivia ocupa el puesto 61 de 121 países con la puntuación de 13,2 para este 2022, considerada como “moderado nivel de hambre”; además, ocupa el puesto 15 entre 21 países de América Latina. Bolivia ha reducido este indicador de manera importante desde el año 2000, cuando el indicador alcanzaba a 27,7; el 2007 alcanzaba a 22; el 2014 a 14,7 y el 2022 a 13,2. 

Por otro lado, lo que más preocupa de este indicador es el reporte a nivel departamental para 2021, situando a Potosí (23,8) y a Chiquisaca (23,3) con una incidencia “grave” del IGH. La Brecha entre el último (Potosí) y el primero (Santa Cruz) es de 18 puntos. Oruro, Pando, La Paz, Cochabamba y Tarija están dentro la categoría “moderado”, y Beni y Santa Cruz con una incidencia “Baja”. Asimismo, es importante ver que la región del altiplano en Bolivia es la más afectada (16,4), seguida de los valles y del llano (9,4). En este mismo ámbito, la incidencia del hambre en el área rural bajó apresuradamente desde 1998, especialmente entre 2008 y 2012 (de 36,3 a 24,8), para después tener reducciones lentas y menos importantes. Sin embargo, debemos destacar la todavía amplia brecha para 2021 (área rural 18,6 y área urbana 7,4). 

Por indicadores como este, es necesario entender que más allá de la discusión actual sobre la fecha del Censo, es más importante iniciar una reflexión sobre las diferencias regionales, que no sólo se enfoque en la distribución de recursos vía coparticipación tributaria, sino, sobre el Pacto Fiscal. 

Por último, mencionamos a continuación cifras del programa de créditos SiBolivia; que, según mi percepción, refleja la dura realidad económica por la que atravesamos.  El programa nace a finales de 2020 y cuenta con una cartera para créditos de Bs 1.132 millones, a una tasa de 0,5%. Adicionalmente, se cuenta con un Fondo de Garantías (FOGADIN) para avalar un 50% del crédito solicitado. Según información gubernamental, a septiembre de 2022 se acomodaron 471,8 millones a 4.431 beneficiarios (menos de la mitad). Dicha información la encuentra en el siguiente enlace: https://abi.bo/index.php/component/content/article/36-notas/noticias/economia/28587-alrededor-del-80-de-beneficiados-con-los-creditos-sibolivia-son-microempresarios?Itemid=101. Lo extraño es que, en publicaciones a nivel nacional sobre el discurso presidencial, la información difiere de manera importante, ya que se dice que el Fondo es de Bs 2.393 y que al 31 de octubre se desembolsó Bs 1.223 a más de 9 mil unidades productivas (Separata del Periódico La Patria: “Bolivia Cuenta con Lucho, dos años de logros”). Sin embargo, en cualquiera de los casos, resalta el hecho de que no es posible que un programa tan atractivo, no pueda acomodar créditos a una tasa tan baja donde se cubre, además, 50% de la garantía. Ésta es la mejor evidencia de que el mercado se encuentra tan distorsionado y desconectado de los ciudadanos que, seguro ni con plata regalada “sabrán en qué invertir”.

En conclusión, la tan mentada estabilidad económica parece demasiado frágil, las cifras reportadas de inflación no obedecen a la realidad que vivimos la mayoría de los ciudadanos, ya que día que pasa comemos menos y más caro; pero más importante aún, las políticas de seguridad alimentaria y el hambre en el país, parecen haber sido víctimas de un modelo político que se ha impuesto sobre las decisiones económicas de las regiones y los ciudadanos, abriendo una brecha inaceptable entre departamentos y regiones, que provocan exclusión e inviabilizan el futuro del país en su conjunto. 

Este modelo político que perpetúa el poder, y el modelo económico que sustenta que el Estado debe dirigir la economía, no dieron los resultados esperados. Es momento de quitarle tanto poder al Estado para darle mayor poder a los ciudadanos y a las regiones.

| M. Sc. Joshua Bellott Sáenz es economista.