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En horas de la noche del día 16 de noviembre y hasta horas de la madrugada del día 17, grupos violentos, armados y acompañados de funcionarios de la Policía Boliviana, han atacado y agredido a la ciudadanía en Santa Cruz, más propiamente en la zona del Plan 3000, donde cada noche, la ciudadela se convierte en un campo de batalla por los ataques constantes y cobardes contra los vecinos por parte de grupos irregulares de violencia afines al gobierno, junto con escuadrones de policías.
Por: Jorge Valda |
El día de ayer sin embargo, la violencia extrema desplegada contra la ciudadanía que acata un paro cívico en su día 27, demostró que no tiene límites y ha llegado a convertirse en una verdadera masacre contra Santa Cruz y sus habitantes.
Una granada de gas lanzada por fuerzas policiales en contra de una vecina que transitaba por el lugar, llegó a estallar al interior del coche donde transportaba a su bebe de 11 meses de edad, causando su desvanecimiento inmediato, llegando a pensar su familia lo peor, sin embargo gracias a la intervención oportuna de los médicos en dos distintos centros hospitalarios, lograron salvar su vida, más no así librarla del peligro por la inhalación del gas lacrimógeno empleado desproporcionalmente por la policía en contra de los ciudadanos.
En las ultimas jornadas se vio a la policía lanzando granadas de gas al interior de los domicilios o locales comerciales, disparando sus armas a quema ropa contra seres humanos, acompañando a grupos irregulares de violencia y protegiéndolos, al igual que protegió a los cercadores foráneos que por más de 15 días dejaron sin combustible ni alimento al departamento de Santa Cruz.
La última jornada de violencia dejó más de 30 heridos, varios de gravedad, entre ellos menores de edad, un joven de 34 años perdió parte de la mano, y ciento de vecinos intoxicados por el uso indiscriminado por parte de la policía del gas lacrimógeno empleado para atacar, intimidar y lastimar al ciudadano, más que para reprimir, pues quienes acatan el paro ciudadano, bloquean sin violencia, empero en las noches, afines al movimiento al socialismo, impulsados por el discurso de odio y confrontación proveniente de sus líderes y dirigentes, así como de autoridades de gobierno.
La policía no brinda el resguardo de seguridad que debiera realizar de un modo ético, honorable mucho menos imparcial. El ministerio público no investiga ni sanciona estos crímenes, y la justicia constitucional ha rechazado acciones de libertad y de cumplimiento que en más de 10 se han presentado durante este último paro, por lo cual tampoco defienden a la ciudadanía indefensa y desarmada.
Son cientos de testimonios de víctimas de la violencia y abuso en los que han incurrido cuerpos policiales y para policiales contra los ciudadanos, quienes están al presente en indefensión. Son decenas de ciudadanos arrestados, detenidos y procesados por casos montados, empleando pruebas falsas, sembrando evidencias, y lo que es peor, torturando a los detenidos con técnica macabras tanto física como psicológicamente. Estos procesos falsos, con sentencias condenatorias falsas inclusive, obligando a declararse culpables a los detenidos para no seguir siendo torturados, demuestra una de las mayores crisis que haya vivido Santa Cruz y Bolivia en el desconocimiento de los Derechos Humanos y el ataque violento de la policía y grupos irregulares contra el ciudadano, a vista y silencia de las autoridades de gobierno, que lejos de repudiar estos crímenes, los callan y además promueven e incitan a continuar con la violencia.
Al haber agotado las instancias de la justicia ordinaria, constitucional y siendo que no existen mecanismos para lograr la seguridad de los ciudadanos, estamos acudiendo ante la Corte Penal Internacional y más de 25 organismos internacionales, y de protección a los Derechos Humanos, denunciando estos crímenes de lesa humanidad, que van desde crímenes de odio, incitación a la violencia, asesinato, genocidio, apresamientos por razones políticas, hasta desconocimiento pleno por la vigencia de los Derechos Humanos en Bolivia, denunciando al país y al mundo que Bolivia está bajo ataque, sobre todo el Departamento de Santa Cruz.
Es propio de una dictadura que busca controlarlo todo: la represión violenta contra las manifestaciones o movilizaciones ciudadanas, la promoción y difusión del odio colectivo desde el aparato estatal, sembrando el desprecio, el miedo, la desconfianza y las tácticas militares de infiltración o espionaje político, cercos genocidas, ataques desproporcionados de la policía y el silencio indolente, tienen al presente a Bolivia polarizada y dividida, incrementada por un gobierno en obtusa y desalmada postura por no adelantar el Censo al primer semestre del 2023 tal como el mandato ciudadano le obliga. Este gobierno maquina estos conflictos o cualquier otro, para perseguir, intimidar y así desmovilizar violentamente ante su falta de vocación auténtica y capacidad para gobernar para todos los bolivianos por igual. Para este gobierno el ciudadano que ejerce sus derechos libremente o piensa diferente, es “el enemigo”.
Instamos a las autoridades y ciudadanía a sumarse en esta acción histórica para poner fin al terrorismo de Estado, los crímenes de la humanidad que un gobierno indolente y una policía desalmada, junto a hordas de violencia, milicias armadas y mercenarios contratados, vienen ejerciendo en contra de los ciudadanos durante este paro ciudadano. Alentamos a las víctimas a denunciar y pedimos a la población solidarizarse con ellas, para permitir que su testimonio, las pruebas y lo que viene aconteciendo al presente, no quede en la impunidad.
