863, EL NÚMERO CLAVE DE UNA CRISIS QUE ESTÁ POR ESTALLAR

Por: Humberto Vacaflor G. | 

El tema del censo pasa a un segundo plano debido a que la crisis económica está a pocas horas de estallar, lo que tiene muy ocupado, y aterrado, al gobierno. 

El presupuesto para 2023 no fue presentado al parlamento, a pesar de que el plazo era el 31 de octubre, lo que muestra que no existen recursos propios ni la posibilidad de conseguirlos en el exterior.

Y ocurre que la ejecución del presupuesto de este año es un secreto, porque el gobierno oculta las cifras, pero se sabe que apenas llegará a 60%.

Según Siglo 21, “en lo que va de 2022, las importaciones mensuales de combustibles promediaron US$ 368MM, por lo que las divisas del BCB (863 millones de dólares) apenas alcanzarían para dos meses de importaciones de combustibles solamente.”

De enero a septiembre, el valor de las importaciones de diésel y gasolina sumó 3.323 millones de dólares, mientras que las exportaciones de gas natural sumaron 2.305 millones.

El experto Álvaro Ríos calculaba que este nivel de déficit, de 1.000 millones de dólares, llegaría en diciembre, pero la cifra se adelantó debido a que el consumo de combustibles crece más rápido que nunca mientras la producción de gas natural baja más rápido que nunca.

La subvención de los precios de los derivados de petróleo en el mercado interno equivale a 1,5% del PIB pero con los precios elevados que se dan en el mercado externo llegará a 3,7%. Es insostenible.

Ante esa situación, el gobierno no tiene otro recurso que emitir moneda, lo que llevará a que crezca la inflación. Deberá reducir el gasto porque no puede aumentar el ingreso.

“Este último mes, la producción de gas fue de 38 millones de metros cúbicos (cuando entre 2013 y 2014 era de 62 millones).

Un exministro de economía opina que en este momento lo único que se puede hacer es aplicar un 21060, el famoso decreto con el que Víctor Paz Estenssoro frenó la hiperinflación en 1985.

Eso supone reducir el gasto público, lo que implica el despido de miles de empleados, como ocurrió con el 21060, cuando Comibol despidió a casi todos sus trabajadores, con beneficios extraordinarios financiados con un crédito del Banco Mundial.

Ahora, un 21060 dispondría el despido de muchos empleados públicos, que suman 530.000. En 2006, cuando el MAS llegó al gobierno solamente eran 200.000.

Esta vez será necesario eliminar o reducir la subvención en el precio de los combustibles o elevar el precio al consumidor, lo que en Bolivia se llama “gasolinazo”.

Esto es peor que el conflicto del censo.