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Por: Susana Seleme Antelo |
“La Comisión concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial", en perjuicio "de las víctimas identificadas en el presente informe". Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
El Informe conocido a fines de septiembre pasado, pone el dedo en la llaga: con la judicialización de la política empezó el daño deliberado cometido por el Movimiento al Socialismo (MAS) contra el Estado de Derecho, los DDHH y la democracia en Bolivia. El Poder Judicial y la administración de Justicia, subordinados al poder Ejecutivo, ya con el ex Morales como jefe del partido, ya con Luis Arce, presidente, presentan un abismo de injusticias, corrupción, extorsión y clientelismo abominables.
Son 16 años de afrenta a la ética política, al Derecho, al respeto a las múltiples determinaciones de la realidad y a la convivencia entre diferentes. La arbitraria condena de 10 años a la expresidenta Jeanine Añez, es un dolido ejemplo de la vil politización de la justicia.
El informe CIDH se remonta a la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando una violenta explosión despertó a los habitantes del centro de Santa Cruz de la Sierra, seguida de atronadores balazos, acción ejecutada en el hotel Las Américas por grupo de élite de la Policía.
El resultado: tres cadáveres acribillados y ensangrentados: Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpad Magyarosi, húngaro-rumano, Michael Dwyer, irlandés. En otras legislaciones, ese delito se denomina ‘ejecución extrajudicial, extralegal o sumaria’, cuya especificidad trasciende el asesinato puro. Hubo dos sobrevivientes torturados, con detención abusiva y prolongada: el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó. Luego, el proceso político con carátula judicial “terrorismo” contra 39 imputados, algunos presos durante más de 10 años, por delitos jamás cometidos. Antes, en septiembre de 2008, fue la masacre de Porvenir, Pando, con un saldo de 13 muertes, su entonces prefecto hecho prisionero y cientos de exiliados.
El objetivo político era matar a otros para sembrar miedo. Destruir vía la intimidación a la Media Luna y a los líderes de los departamentos que exigían autonomía: Pando, Beni y Santa Cruz, en el Oriente de Bolivia, más Tarija en el Sur, con prefectos electos, por primera vez en la historia republicana, en 2005, al mismo tiempo que Morales presidente. Una perfecta Media Luna, con Santa Cruz a la vanguardia, nunca separatista ni divisionista, sí anticentralista consciente de los derechos de sus ciudadanos libres, no súbditos de autoritarios nacionalistas populistas.
Eran tiempos del “empate catastrófico” que el ‘jacobino’ A. García Linera, ex vice del también ex Morales, argumentaba recordando a Antonio Gramsci, con la sentencia “lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir”. Lo nuevo era el “proceso de cambio” del MAS, con el “Socialismo del siglo 21” pregonado por Hugo Chávez, arropados teóricamente por el “populismo de izquierda” de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe.
Lo viejo era la demanda autonómica de la Media Luna, potente interpelación política al centralismo y su secante superestructura vertical. Esa Media Luna pretendía restarle poder al poder concentrador siempre en detrimento de las regiones, batalla de alta o baja intensidad, según la dominación que ejerza el poder central. El empate derivó en unas autonomías constitucionalizadas, pero amputadas por el centralismo.
El sangriento incidente en el hotel cruceño fue ordenado por el ex Morales, que no se arrepiente de haberlo hecho. (Sucre. Correo del Sur Digital.2.X22). En un video filmado en el aeropuerto de Cumaná, Venezuela, horas después del mismo 16 de abril, abrazado por Hugo Chávez y en presencia de Raúl Castro y otros, dijo que “Era una trama terrorista de la derecha separatista” para atentar contra él y el vicepresidente. “Metieron bomba y bala. Resistieron".
Porvenir y el asalto al hotel Las Américas fueron el inicio de “la larga carrera de maldad, la terrible banalidad del mal”, como sentenció Hannah Arendt en su oportunidad. La maldad fue aplicada en otras ocasiones, tanto que el siempre violento Morales, hoy dice “No me arrepiento, lo volvería a hacer”. (Correo del Sur. idem)
Fue terrorismo de Estado y dio lugar al ‘juicio del siglo’, así calificado por el periodista Harold Olmos, en su monumental libro “Labrado en la memoria”, que detalla la feroz cacería a opositores cruceños, sus métodos antijurídicos, con imprescindibles contextos internos y externos.
Según el Boletín Siglo 21. (No 1755/03.10.2022) la embajada de Venezuela habría pagado los pasajes al grupo extranjero y participado en la planificación del asalto al hotel Las Américas. Todo apunta a que Rósza fue contratado por los servicios de inteligencia bolivianos como doble agente, para infiltrar a los autonomistas, montar la falsa trama terrorista y justificar la persecución contra Santa Cruz, siempre bastión opositor al régimen centralista y autoritario.
Sin ir muy lejos, en 2019 contra el fraude que montó Morales en las elecciones de ese año, porque quería y quiere el poder para toda la vida. O hace dos años, contra la narrativa impostora del “golpe de Estado”. Como hoy, por el incumplimiento del deber constitucional de realizar el censo de población cada 10 diez años.
¿A quién pensarán matar ahora, si la meta sigue siendo eliminar a la autonomista, liberal y resiliente Santa Cruz?
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