La Fiscalía de Chuquisaca pide una pena de 20 años para los acusados de los supuestos delitos de organización criminal, deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, entre otros.
Vía: El Deber |
Este martes el juez Cuarto de Instrucción Cautelar en lo Penal, Andrés Arias, determinó apartar al Ministerio de Gobierno de la parte querellante contra los cinco miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que son acusados por los destrozos que se cometieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en octubre de 2020.
“Este fallo pone un precedente absolutamente trascendental, no solo para el caso de la Resistencia Juvenil Cochala, sino para todos los casos en los que el Ministerio de Gobierno toma el crédito de representar a las víctimas, de representar al Estado, de representar a organismos internacionales para supuestamente desmantelar a organizaciones paraestatales”, dijo Jorge Valda, abogado de los acusados.
Valda indicó que la RJC no es una “organización paraestatal” como lo señalaron desde el Ministerio de Gobierno y en su lugar pidió que se ocupe de desarticular a las bandas de narcotraficantes y a los grupos armados que han realizado avasallamiento en diferentes partes del país.
Además, consideró que el apartar al Ministerio de Gobierno es un “paso histórico” dentro de la defensa de los miembros de la RJC: Jassir Molina, Mario Bascopé, Fabio Bascopé, Milena Soto y Jaime Maldonado, quienes son imputados por los supuestos delitos de organización criminal, deterioro de bienes del Estado y de la riqueza nacional, entre otros.
Asimismo, dijo que el juez Andrés Arias actuó con “hidalguía, entereza y honestidad” al emitir su fallo que ayudará a “evitar que el Ministerio de Gobierno siga persiguiendo políticamente” a los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala.
Actualmente, Molina guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro de Oruro, Mario Antonio Bascopé y Fabio Alejandro Bascopé se encuentran en el penal de San Roque de Sucre, mientras que Milena Sotto y Jaime Maldonado tienen detención domiciliaria en Cochabamba. La acusación formal fue presentada en mayo.
La Fiscalía de Chuquisaca pide una pena de 20 años de prisión para los acusados de los delitos de organización criminal, deterioro de bienes del Estado y de la riqueza nacional, entre otros.
