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INCUMPLIMIENTO DE DEBERES

Por: Susana Seleme Antelo | 

Artículo 154. La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado. Constitución Política del Estado (CPE)


La postergación del Censo de Población y Vivienda, en principio por dos años, de 2022 a 2024, remite al citado artículo de la Constitución. Las razones para “la retardación de un acto propio” de funciones del servidor público, en este caso el presidente del Estado Pluri, antes República de Bolivia, han sido políticas, nunca técnicas. Si técnicas, las razones correspondían al Instituto Nacional de Estadística (INE) no al vocero o algunos comedidos, que creen que la sociedad se traga el cuento de que dos más dos son tres. 

El artículo 298, numeral 16 de la CPE establece que los censos oficiales son “Competencias privativas del nivel central del Estado”. Y debía hacerse este 2022, después de 10 años del anterior. A pesar de las excusas presentadas por el régimen, técnicamente bien podía realizarse en 2023, según la propuesta cruceña, de La Paz y la Asamblea de El Alto.

Esta postergación es prueba palpable de la ineptocracia del régimen, “sistema de gobierno en el que los menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para producir” promovidos “por  una izquierda populista y demagoga...” *. Es la ineptitud que camufla el origen político de un centralismo rampante: el régimen no quiere censo para no ejecutar el pacto fiscal que regularía la distribución de los recursos económicos entre el gobierno central y entidades territoriales autónomas: departamentos, alcaldías, universidades y Pueblos Indígenas. Sin ese pacto, el centralismo seguirá concentrando más del 85% de recursos y riquezas generadas por la sociedad boliviana.

Tampoco quiere una representación política parlamentaria de acuerdo a población. Le guste o no al centralismo obtuso, el censo es una necesidad para Bolivia, para no ir a ciegas en la obligación estatal de ejecutar políticas públicas para el desarrollo sustentable.  ¿Por qué reclama la institucionalidad cruceña ese censo? ¡Porque Santa Cruz es hoy la síntesis de las múltiples determinaciones que conviven en Bolivia! Y porque el modo de producción cruceño produce excedentes y crea riqueza, a partir de la agropecuaria y su industrialización para la exportación. Es capitalista con economía de libre mercado, produce sustentos para la reproducción de la fuerza de trabajo, aun desde la informalidad comercial, como estrategia de supervivencia. Por eso atrae como imán a la migración interna.   

Hay cifras que impactan, según el abogado y escritor Carlos Hugo Molina: mientras Chuquisaca, en 2021 obtuvo ingresos por $us 64 millones, en Santa Cruz, llegó a $us 3.500 millones. ¡Es la determinante económica en última instancia! Sí, pero está cruzada por la variable independiente de la política. La política i) como el arte de gobernar desde las instituciones, no solo como poder de dominación, ii) arte que depende de los hombres y mujeres dedicados a la política, es decir, los políticos, y iii) y de las y los ciudadanos, la sociedad civil, en permanente diálogo y debate desde lo político. 

 En el caso del censo, como en otros, ese ritual se cumplió con zancadillas, con cartas bajo la manga, con engaños, mentiras y deliberada falsedad desde el gobierno central, frente a la institucionalidad departamental y municipal. Amén de las formas taimadas o abiertamente como ‘sobornos’: a falta de censo, el centralismo promete compensaciones monetarias, sin tomar en cuenta la Bolivia que está en Santa Cruz de la Sierra y sus provincias, pero también en Beni, Cochabamba y Pando, gente expulsada por la pobreza. Esa es la impotencia estatal de contener la Nación para darle condiciones y esperanzas reproductivas y productivas en sus lugares de origen. 

Mientras más demore el censo, quienes perderán serán las y los migrantes internos, pues no habrá coparticipación tributaria para darles salud, educación y servicios. Son y serán los desplazados descartables en los departamentos que reciben esa inmigración imparable, pues no tendrán el sostén estatal para “el vivir bien”, del que alardean. Dónde quiera que vayan, engrosarán el universo de la informalidad en capitales y en ciudades intermedias, mientras los llamados interculturales, ejército político de reserva del Movimiento al Socialismo (MAS) seguirán avasallando tierras productivas, Parques Nacionales y Reservas Forestales, en Santa Cruz y en el Chaco. Otros engrosarán el comercio cuentapropista en El Alto, también el informal, o se convertirán en el primer eslabón de la cadena capitalista ilegal coca-cocaína, en Chapare, donde opera el ex Morales, siempre cocalero.

Tampoco hubo diálogo y debate transparente entre la institucionalidad cruceña, la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y otras afines al centralismo. Tampoco hubo política para ganar aliados a favor del censo 2023 en el resto del país. 

Los dos paros exitosos cumplidos en Santa Cruz para lograr el censo en 2023, quedarán como victorias tácticas. Así como va la política, con sus tres componentes, estratégicamente perdimos esta batalla: el centralismo decidió que será en 2024, si le da gana. Entonces, la guerra política de alta o baja intensidad, continuará pues el presidente incumplió su deber y le ha hecho un daño político y económico a la sociedad boliviana. 



*Jean d’Ormesson, filósofo y escritor francés. 

| Susana Seleme Antelo es periodista y analista política    









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