.jpg)
El 28 de octubre se cumple un año de la mayor agresión al periodismo.
Vía: Público.bo |
Este miércoles 28 de septiembre se cumplen 11 meses del secuestro y tortura a periodistas, trabajadores y policías en el predio Las Londras, municipio de Guarayos. Hasta la fecha no se hizo justicia, ya que dos detenidos fueron liberados y beneficiados con arresto domiciliario pues el juez no los halló peligrosos, pese a que las imágenes muestran que actuaron armados y encapuchados.
Casi un año después, la defensa de las víctimas lamentó que no se cumpla con los mandamientos de apremio contra los imputados. Además se identificó a casi 30 personas que debían de ser llamadas como testigos, pero la Fiscalía no emitió las citaciones.
La defensa lamentó que el Instituto de Investigaciones Forenses, (IDIF), niegue las pericias sicológicas a las víctimas. El IDIF negó las pericias sicológicas con el argumento de que solo se realizan exámenes a víctimas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), sin tomar en cuenta de que una periodista fue agredida.
La Policía sigue realizando vigilancia en Las Londras, pero los agentes no tienen autorización para actuar y desalojar o detener a los integrantes del grupo de avasalladores. Policías que pidieron reserva de sus nombres afirmaron que están cansados de permanecer en el lugar en esas condiciones, soportando inclemencias del tiempo y sin condiciones, solo como vigilantes y sin posibilidades de desalojar a los invasores de tierras.
El expediente establece que el 28 de octubre de 2021, el grupo armado de encapuchados avasalladores redujo e hizo tender en el suelo a los policías, los desarmaron, le pisaron el cuello a un coronel, le sacaron sus uniformes, los golpearon a culatazos. Lo mismo hicieron con los periodistas y civiles obreros; incluso les obligaron a beber aguas servidas. Dispararon y destrozaron contra las cámaras de los periodistas.
A otro comunicador le dispararon y destrozaron su reloj. Pese a ello, el periodista Percy Suárez logró captar imágenes, que después evidenciaron cómo actúa el grupo armado.
Los policías, periodistas y obreros fueron liberados después de más de 7 horas de secuestro y torturas. Los encapuchados los hicieron firmar un documento en el que se comprometían a no regresar jamás por el lugar y que ellos se quedarían de dueños de los predios para siempre.
En sus investigaciones, la Fuerza Especial de Lucha Crimen y la Fiscalía identificaron a varias personas, por lo que el 25 de noviembre del año pasado se procedió a la detención de Evert Sixto Canaza en San Julián.
En esa oportunidad, Paulino Camacho instigó y levantó a pobladores y logró escapar con las manillas en sus manos. Los fiscales y policías fueron atacados a balazos. Incluso un coronel, jefe del comando de San Julián, fue encerrado en una celda. Era el segundo ataque del grupo irregular.
En febrero de este año es detenido en Santa Cruz Paulino Camacho Vedia, oportunidad cuando emprendió a cabezazos a agentes de inteligencia. No obstante, ya fue liberado por el juez de Guarayos Roberto Cruz Hurtado. El único detenido es Nelson Rivadeneira Escalante.
En junio pasado el mismo grupo armado de encapuchados volvió a realizar otro ataque a los predios de Las Londras con el saldo de personas heridas a bala. La acción obliga a la Policía a desplazar al lugar a un contingente de agentes, pero solo ejercitaron una especie de presencia y vigilancia y no se procedió al desalojo de ninguno de los avasalladores armados.
El 30 de junio el mismo grupo de avasalladores, a nombre de la Federación Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios San Julián Norte, ofrecieron una rueda de prensa entre San Julián y Cuatro Cañadas. En la oportunidad aparecieron los imputados Nicolás Ramírez Taboada y Martín Tejerina Villalobos, sobre quienes pesa mandamientos de apremio.
Los integrantes del grupo exigieron la inmediata libertad de Nelson Rivadeneira Escalante. También tildaron a los periodistas de mentirosos, pidieron que se saque de circulación inmediata el libro Periodismo versus terramafia, la expulsión de la Policía de los predios, además acusaron a los fiscales y jueces de inútiles y serviles y advirtieron que no permitirán más que se melle la dignidad del grupo, que solo busca libertad y tierras, porque les pertenece.
La defensa de las víctimas dirigida por la abogada Raquel Guerrero y el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, pidió de manera formal la ampliación de las investigaciones al grupo. La defensa presentó videos, y fotos de la conferencia de prensa con la participación de los mismos procesados.
Los defensores fundamentaron que la peligrosidad de los avasalladores era evidente porque lanzaban amenazas no solo a los periodistas, sino a todas las autoridades. Sin embargo, la comisión de fiscales integrada por Osvaldo Tejerina, Wálter Cisneros y Delmy Guzmán, en una resolución del 15 de agosto, rechazó la petición de las víctimas.
Los fiscales argumentaron que no existen pruebas contundentes para ampliar las investigaciones por considerar, además, que ese grupo no se adecúa a una organización criminal.
%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1).jpg)
