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FUNDACIÓN TIERRA: EN GUARAYOS HAY VIOLENCIA PARAMILITAR SIMILAR A COLOMBIA

El director de la Regional Oriente de la Fundación Tierra abordó los conflictos agrarios, el rol del INRA y otros actores, la falta de institucionalidad en el país, y un problema que se hace una bola de nieve

Vía: El Deber | 

Hace poco, la Fundación Tierra presentó su trabajo "Territorios indígenas enajenados. El furtivo mercado de tierras de la TCO Guarayos". También hace poco, una marcha que se autodenominó chiquitana, bloqueó varios puntos y se dirigió a La Paz con varias demandas. Coincidentemente, esto se dio un par de semanas antes de que el INRA anunciara, por edicto agrario, una agenda de inspecciones en varios municipios, para evaluar la Función Social (FS) de la tierra.

Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de Fundación Tierra, hace un análisis de este tema, que no encuentra una luz al final del túnel, sino que se pone cada vez más violento, tal como demostró el suceso de Las Londras.

- ¿Qué pasa con el tema de la tierra y los conflictos?
La marcha de los chiquitanos, entre comillas, corresponde a gente en nuevos asentamientos en la Chiquitania, que marcharon hasta La Paz y que están pidiendo titulación de esas tierras. Son los mismos que bloquearon Pailón y otros tramos como Guarayos. Además de eso tenemos el otro conflicto, que son las tomas de tierras con niveles cada vez más altos de violencia en las acciones.




En el tema de la Chiquitania, hemos venido señalando desde hace un tiempo que desde 2013 se dieron autorizaciones de asentamiento a nuevas comunidades que han sido creadas para recibir tierra. No son de la zona, tampoco vienen de otras áreas rurales, expulsados por la pobreza, sino que son comunidades creadas en los centros urbanos, como San Julián, Cuatro Cañadas, Santa Cruz de la Sierra, El Torno, Yapacaní, Chapare, Quillacollo. 

Entonces, estas comunidades recibieron esas autorizaciones de asentamiento y algunas se han asentado, otras han dejado alguna gente, como señal de que están presentes. Otras han ido a sacar madera, a hacer carbón, vender madera con los permisos que da la ABT para desmontes hasta de 20 ha y más bien hacen aprovechamiento forestal, sea para madera o para carbón, y cuando alguna de estas comunidades se ha querido asentar, sobre todo a partir de 2019, cuando vinieron los incendios, se encontraron ya con cierta resistencia en los niveles locales.

Por eso soy de los que cree que desde 2020 hasta hoy no hubo nuevas autorizaciones de asentamiento, pero son todas esas que tenían orden de asentamiento y no pudieron asentarse en su momento, los que están presionando para poder hacerlo porque ellos tenían dos años para demostrar que cumplían la Función Social (FS), y si no, perdían el derecho a la tierra, por eso es que hoy presionan para tener un título.


¿Qué hay detrás de esto?
La tierra es dinero, es poder, es una mercancía, aquí hay intereses económicos y este es el primer elemento. Todos aquellos que han recibido una autorización de asentamiento, ya incluso muchos de ellos han transferido ese derecho de posesión, han generado todo un mercado negro, oculto, clandestino de tierras. 


Si se revisa una carpeta, que nadie las conoce, y eso es una total falta de transparencia en el INRA, podremos verificar cómo han ido cambiando y sustituyendo los nombres de los beneficiarios, y cuando salga un título, excepcionalmente habrá coincidencia entre los primeros que solicitaron y los que salen en el título. Han hecho cambio de nombre porque hay un mercado de tierras irregular y clandestino. Esa es una situación.

También desde el Gobierno hay un interés político y es evidente, se trata de llevar gente leal al partido de Gobierno, a la región de la Chiquitania, que electoralmente estuvo en contra del Gobierno del MAS, entonces se trata de controlar políticamente el territorio, y la forma de hacerlo es llevando a la gente allá.

Hay intereses económicos, políticos; dentro de toda esta gente que pide tierras también hay gente que necesita tierra, que no la tiene, que está haciendo negocios, porque que te den una parcela de tierra gratuita, y sin hacer esfuerzo alguno, salvo el de la influencia política, ya permite hacer un negocio vendiendo esas posesiones a otros. 

Muchas de esas comunidades, que están de 20 a 30 beneficiarios, van quedando reducidas a tres o cuatro familias, que son los que finalmente terminan de dueños de la comunidad. 

Ese es un fenómeno y hay un segundo elemento, que es el de Guarayos, que si bien existe esta misma situación de la Chiquitania, hay otros elementos que lo complican mucho más. Guarayos es una zona de mayor valor en términos de capacidad productiva, de rentabilidad del suelo, y las tierras de Guarayos, en gran parte todo lo que está entre el Río Grande y la carretera que va a Santa Cruz-Guarayos-Trinidad, básicamente son concesiones forestales que la ABT ya revirtió. 

Al revertir esas concesiones forestales, el INRA ya las ha declarado como tierras fiscales. Entonces, las principales que están en disputa son estas que eran concesiones forestales que la ABT revirtió porque cumplieron su tiempo, y el INRA las declara tierra fiscal, y sobre esa tierra fiscal aparecen muchos que están disputando derecho de propiedad, muchos de ellos ligados a los que eran empresarios, y que aparecen pidiendo derechos agrarios, pero también aparecen nuevas comunidades en las zonas asentadas.  

Lo que estamos viendo en los últimos dos años es que, encima de esos que ya están peleando, están apareciendo estos otros grupos, con un nivel de organización, no solo social, sino hasta de tipo paramilitar, y están tomando esas tierras, sobreponiéndose, tanto a los empresarios que las piden, como a las comunidades que ya estaban en la zona, peleando esa tierra desde hace algunos años. En estricto sentido, realmente aquí todos son ilegales.

No tenemos una institucionalidad que actúe con transparencia y apego a la norma, sino más bien en función de las influencias que recibe, entonces tenemos que van apareciendo nuevos grupos peleando por esa tierra.

Otro elemento en Guarayos es el tema de las tomas de propiedades que incluso ya están saneadas, no solo en Guarayos, también en la Chiquitania, y esto comienza a ser una amenaza para el trabajo del INRA de 25 años de saneamiento de la propiedad agraria, porque el objetivo principal, el básico, es regularizar el derecho de propiedad, y si la propiedad saneada es invadida, avasallada, y el propietario no tiene la garantía jurídica de una defensa rápida, inmediata y no recibe protección ante ese derecho propietario, lo que estamos haciendo es que estamos invalidando el trabajo de 25 años del INRA, los resultados del saneamiento. 

Estamos viendo que hay una institucionalidad agraria que no responde a estos problemas, que no hay quién haga respetar el derecho propietario, una vez saneado, y lo que finalmente funciona es la fuerza, y esto es peligroso, porque si el Estado no actúa en la defensa de los derechos, estamos dejando a cada ciudadano que haga lo que pueda, y en este sentido creo que Bolivia no está rumbo a ser una Venezuela, sino una Colombia, con grupos de carácter paramilitar tomando tierras, metiendo bala, y cualquier momento podemos tener grupos de paramilitares que se enfrenten a estos otros, y una vez que estos monstruos cobran vida, nadie lo puede controlar y no sabemos adónde puede ir esto a parar. 

La ausencia de Estado, de autoridad, de institucionalidad, legalidad en el tema de tierras, nos está abriendo las puertas a un posible infierno, que ya lo han vivido en otros países como Colombia.








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