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DIEGO AYO, ANDRÉS ROJAS Y GONZALO RIVERO SON IMPUTADOS POR LA FISCALIA

La denuncia fue interpuesta por la emisora estatal, que actualmente es dirigida por la exconcejal del MAS por Cochabamba, Rocío Molina.

Vía: Página Siete | 

La Fiscalía Anticorrupción emitió una imputación formal contra Diego A, Gonzalo R., Andrés Rojas y otros ocho exfuncionarios del canal estatal Bolivia TV, por la presunta comisión de incumplimiento de deberes y a uno de ellos por incumplimiento de contrato.

La imputación es contra 11 exfuncionarios, según la resolución. La denuncia fue interpuesta por la emisora estatal, que actualmente es dirigida por la exconcejal del MAS por Cochabamba, Rocío Molina.

“Se establece la existencia de indicios de responsabilidad funcionaria, ya que se habría identificado que durante la gestión 2020 durante el Gobierno De facto, (...) por lo que se habría producido contrataciones de forma irregular a favor de Diego A. con afectación económica al Estado irregularidades que fueron detectadas”, indica la resolución a la que accedió la ANF.

En la imputación también figuran Shirley G., Tirsah Q., Hugo A., Jhony C., Jaime R. Sandro M., Patricia P. y Óscar C., todos ellos, extrabajadores del canal gubernamental.

La resolución de imputación formal fue presentada por el fiscal José Rodríguez. Por su parte, el Ministerio Público presentó más de 100 elementos de convicción para sustentar la resolución, entre los que figuran informes, memorandos, resoluciones, entre otras.

El politólogo Diego A. presentó una propuesta televisiva a Gonzalo R., misma que iba a constar de 96 episodios y que tendría un costo mensual de Bs 20.880 y total de Bs 125.280.

La Fiscalía señala que Bolivia TV cuenta con un Manual de Funciones y Descripción de Cargos, mismo que insta de manera textual a “velar por el contenido y evaluar los proyectos de las propuestas de Coproductores y Productores independientes considerando la presentación, calidad, los contenidos en coordinación con Gerencia de Marketing y Ventas”.


DIEGO AYO: “LA ACUSACIÓN BUSCA ACALLAR A LOS QUE PIENSAN DISTINTO”

Vía: Brújula Digital | 

El politólogo Diego Ayo considera que la acusación contra él iniciada por la Fiscalía y referida a su paso como analista de BTV tiene un propósito político, acallar las voces críticas al gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción inició un proceso contra los periodistas Gonzalo Rivero y Shirley Gutiérrez, que fueron ejecutivos de BTV durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez, por la contratación de Ayo, que tuvo un programa que se emitía de lunes a jueves en horario nocturno.



“Es un tema administrativo que el gobierno lo convierte en acusación penal, con hasta 10 años de cárcel. La desproporción y la falta de sustento demuestran que esta es una acusación política, lo que busca el oficialismo es acallar a los que piensan distinto”, dijo Ayo a Brújula Digital.

Expresó que los operadores de justicia son los “verdugos” de un gobierno autoritario como el que encabeza el MAS.

La acusación de la Fiscalía, que fue dada a conocer por la agencia ANF, señala que la contratación a Ayo fue irregular, y señala entre otros el precio pagado a Ayo por la producción del programa, aunque el monto era bajo: unos 190 dólares por programa, que incluía todos los gastos y subcontrataciones. El monto mensual era de 20.880 bolivianos.

El fiscal José Rodríguez es quien presenta la acusación contra los tres, además de personal administrativo que trabajaba en el canal durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.

El fiscal Junior Flores hizo una acusación paralela, pero similar, contra los periodistas Andrés Rojas y Adriana G., que también fueron ejecutivos de BTV durante el gobierno transitorio. En ese caso, los acusan de haber contratado a un tercer periodista, Pablo Llano, pagándole un salario mayor al que establece una supuesta escala salarial para empresas estatales.

Las asociaciones de periodistas se solidarizaron con Ayo, Rivera, Gutiérrez, Rojas y Adriana G. y con el resto del personal administrativo que procesó los contratos.

En el comunicado, las asociaciones de periodistas “consideran desproporcionada y fuera de norma la acusación por la firma de un contrato, que debe ser tramitado por la vía administrativa pero que sin embargo la Fiscalía interpreta como un acto lesivo al Estado, tipificado como un delito sancionado con cinco a 10 años de cárcel”.

Las entidades creen que “detrás de esta acusación se esconde la intención del Gobierno de convertir una falta administrativa en un delito penal para acusar a periodistas no por las funciones que cumplieron sino por razones políticas” y por ello demandan “el cese del acoso judicial contra los periodistas que lo único que hicieron fue ponerse al servicio de un medio estatal en un momento de aguda crisis democrática en el país”.


“SI QUIEREN QUE CALLEMOS, TENDRÁN QUE MATARNOS”, AFIRMA EL PERIODISTA GONZALO RIVERA ANTE INJUSTA IMPUTACIÓN

Human Rights Watch expresa su preocupación por la persecución judicial.

Vía: FM Bolivia | 

Se lleva la mano a la boca para tapar sus palabras al inicio de su programa de la tarde en radio y redes sociales. “Nos quieren tapar la boca”, denuncia el periodista Gonzalo Rivera y luego sentencia: “Si quieren que callemos, tendrán que matarnos”. Rivera y otros dos periodistas que trabajaron en la estatal Bolivia Tv en 2020 fueron imputados penalmente por la Fiscalía por un hecho administrativo.



Los periodistas Andrés Rojas, Gonzalo Rivera y Shirley Gutiérrez, además de otros ocho exfuncionarios del Canal 7, fueron imputados por supuesto delito penal de incumplimiento de deberes, entre otros, y el siguiente paso es la realización de una audiencia de medidas cautelares que puede derivar en la detención preventiva de los periodistas u otras medidas sustitutivas.

El motivo de la imputación fiscal es la contratación, en 2020, de un politólogo de profesión y analista político para la producción y difusión de un espacio de opinión en Bolivia Tv, un hecho administrativo que, según Rivera, ha sido convertido por el Ministerio Público en un supuesto delito penal con el objetivo de callar voces críticas al poder desde los medios de comunicación, tradicionales y digitales como Encontrados, dirigido por Gonzalo Rivera y Shirley Gutiérrez.

El destacado periodista, con más de 30 años de experiencia, entregó sus manos y dijo: “Si nos va a meter a la cárcel por decir la verdad, señor fiscal ahí están las manos, tápennos la boca. ¿Eso quieren? Mátennos entonces, eso es lo que están buscando, vamos a seguir diciendo la verdad”.

Rivera informó a su audiencia que Gutiérrez y él no quisieron hacer pública su comparecencia ante la Fiscalía de La Paz, entendiendo que se trataba un tema administrativo que tiene su propia normativa de resolución, pero una vez emitida la imputación, dijo, está claro que la intención es callar su voz, la del programa Encontrados y de la gente que se expresa a través de ese espacio radial y por streaming, de lunes a viernes.

La Asociación de Periodistas de La Paz, presidida ahora por el periodista Raúl Peñaranda, está en conocimiento de la acción judicial sobre Rojas, Rivera, Gutiérrez y otros comunicadores, e informó que analiza las acciones que llevará adelante esa institución para impedir que se penalice la labor de los periodistas en el país.

La fundación de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch expresó este viernes su “preocupación” por las acusaciones que han recibido periodistas y otros profesionales que trabajaron en la red BTV durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.

“Nos preocupan las imputaciones contra periodistas y otras personas que trabajaron en el canal estatal Bolivia Tv durante el gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez”, dijo a Brújula Digital el investigador de la Human Rights Watch para América Latina, César Muñoz.

Señaló que “las autoridades pueden y deben investigar todo indicio de delito. Pero esos procesos deben siempre respetar los principios del debido proceso. Uno de esos principios clave es la ‘proporcionalidad entre la acusación y las conductas alegadas’”.

El representante de Human Rights Watch recordó que en uno de los casos, la Fiscalía busca una condena de hasta 10 años de prisión por un contrato en que a una persona se le pagó más de lo que era supuestamente permitido. “Parece excesivo recurrir a la vía penal y demandar una pena de 10 años por alegaciones sobre los términos de ese contrato”, añadió.

Muñoz comentó de esa manera las acusaciones realizadas contra los periodistas Andrés Rojas, Adriana G., Pablo Llano, Gonzalo Rivera y Shirley Gutiérrez y el politólogo Diego Ayo, quienes trabajaron en Bolivia Tv el año 2020.









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DIEGO AYO, ANDRÉS ROJAS Y GONZALO RIVERO SON IMPUTADOS POR LA FISCALIA
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