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Uno de los jóvenes está con detención preventiva en la cárcel de Palmasola y los otros tres con detención domiciliaria sin salida laboral.
Vía: ANF |
El abogado Jorge Valda defensor de los cuatro jóvenes detenidos el pasado 8 de agosto en el Plan 3.000 durante el paro cívico de 48 horas en Santa Cruz, presentó en esta jornada una tercera acción de libertad para lograr que sus clientes se defiendan en libertad.
El abogado Jorge Valda defensor de los cuatro jóvenes“En una acción de libertad, lo que se demanda es el respeto a un debido proceso dada a una privación de libertad ilegal se ha demostrado con elementos documentales y audiovisuales cómo se implantaron pruebas y el abuso de la Policía y del Ministerio Público. Un Tribunal de Garantías Constitucionales tiene la facultad de ordenar la reposición de obrados, corregir defectos procesales y dar la libertad y eso vamos a pedir para los cuatro detenidos, mañana se llevará la audiencia”, explicó el abogado Valda a la ANF.
El pasado 8 de agosto cuando se desarrolló la primera jornada de paro cívico en Santa Cruz, efectivos policiales llegaron al Plan 3.000 para desbloquear, los manifestantes se resistieron y se enfrentaron a los uniformados, se hizo uso de una gran cantidad de agentes químicos para dispersarlos y de manera indiscriminada se procedió a arrestar a las personas, entre ellos a la diputada de Creemos (CC) Haidy Eliana Muñoz.
Como resultado de los enfrentamientos se arrestó a 17 personas, cuatro de ellos pasaron a ser cautelados y la justicia dispuso para Carlos Andrés Aguilera detención preventiva en el penal de Palmasola y para Diego Roberto Condori Barba, Ronald Barba Lobo y Marco Antonio Chávez detención domiciliaria sin salida laboral.
El abogado Valda aclaró que presentó como pruebas fehacientes y contundentes videos y fotos donde se ve el abuso policial y el allanamiento (a domicilios) que realizó la Policía sin tener una orden judicial, además que los efectivos al aprehender a su cliente presumiblemente implantaron pruebas.
"En los videos se ha podido advertir que en el momento de la detención de Carlos Andrés Aguilera él no portaba ninguna mochila, al contrario estaba siendo reducido por efectivos policiales que lo golpean para subirlo al carro policial. Pero cuando detienen a Diego Condori Barba que es el vicepresidente del subcomité se ve cómo un policía que no estaba al interior del domicilio allanado se acerca con la mochila que contenía 14 petardos, que la Fiscalía llama explosivos, y esa prueba fue implantada porque se ve en el cuaderno de investigación que esa mochila es la misma que la Policía registró en el acta”, acotó.
El abogado señaló que otra prueba contundente es la declaración de sus clientes a quienes que se les obligó a firmar actas en blanco que no contenían datos, no fue llenada por un fiscal y tampoco tiene su firma y denunció que la Policía pretendería cubrir sus falencias con la firma de un investigador. La tercera prueba que llama la atención es la declaración de los supuestos “testigos” que son policías.
“Recién obtuvimos las fotocopias del cuaderno de investigación y llama la atención que exista la declaración de un supuesto policía, quien es denunciante Grober Quispe, que según a lo que averiguamos no está en los registros de la Contraloría o de la Policía por lo cual es el primer elemento de falsedad, y los otros tres testigos que serían sargentos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) La Paz que declaran de forma idéntica inculpando a mis clientes y eso se llama prueba montada”, indicó el jurista.
El abogado ratificó que la Policía y la Fiscalía pretenden demostrar algo que no existe, precisó que no es lo mismo tener petardos a tener armas de fuego, y que se pretende generar una nueva línea jurisprudencial para encarcelar a inocentes. “Lo mismo está pasando con el problema de Adepcoca y de los jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala y de La Paz”, acotó.
Asociación delictuosa, instigación publica a delinquir tenencia, porte o portación ilegal de armas y atentado contra los servidores de la seguridad del Estado son los delitos que pesan contra los cuatro jóvenes del Plan 3.000.
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