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Por: Zulema Alanes B. |
La violencia desatada por el MAS en La Paz y Santa Cruz, derivará en un alto costo político y en el desprestigio del gobierno por la vulneración de los derechos ciudadanos, coincidieron dos analistas y un jurista entrevistados por Cabildeo Digital.
La organización de grupos de choque, la usurpación del trabajo de periodistas para labores de represión e inteligencia y la participación de funcionarios de alto rango en la brutal represión contra las protestas, se revertirán en contra del gobierno y podría configurar una crisis de derechos humanos, dijeron por separado el analista Gregorio Lanza, el politólogo Manfredo Bravo y el jurista Ramiro Orías.
En el balance, coincidieron en apuntar al gobierno como el responsable de las protestas, de avivar la violencia en las calles y pronosticaron que los métodos represivos del régimen no aplacarán las demandas.
SE VULNERAN DERECHOS FUNDAMENTALES
En opinión del jurista Ramiro Orías la respuesta estatal ante los conflictos sociales en La Paz y Santa Cruz evidencia “un patrón que contradice los principios y las obligaciones que tiene el Estado boliviano de respetar el derecho a la protesta y específicamente la obligación de proteger en todas circunstancias el ejercicio de la libertad de reunión y de expresión, así como la libertad de prensa”.
Y añadió que “una autoridad jerárquica camuflado, ministros liderando choques en las calles de Santa Cruz muestran que la cadena de mando está en el poder paraestatal” y subrayó que “cuando estos actores paraestatales liderados por funcionarios públicos están realizando actos de violencia vulneran la Constitución y deberían ser destituidos”.
El Artículo 114 numeral I de la Constitución establece que las autoridades públicas que “apliquen, instiguen, consientan cualquier forma de violencia física o moral serán destituidas sin perjuicio de las sanciones determinadas por ley.
Recordó que, como suscriptor del pacto internacional de derechos humanos, el gobierno “tiene la obligación de facilitar y garantizar el derecho a participar en todo tipo de protestas pacíficas y, en el caso de que estas fueran violentas, la actividad de las fuerzas del orden público tiene que desarrollarse con razonabilidad y proporcionalidad”.
Lamentó que esos derechos no estén garantizados y que “en los operativos no siempre participan uniformados de las fuerzas del orden, sino autoridades públicas, ministros y viceministros, con grupos civiles que cuando actúan bajo el amparo del Estado son parapoliciales o paramilitares, paraestatales, y esto significa responsabilidad del Estado”.
El paro por el censo en Santa Cruz y las protestas de los afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas, han puesto en evidencia que el gobierno no usa los métodos de dialogo y va directamente a la represión, dio el jurista.
Añadió que la detención de cocaleros, el allanamiento de domicilios particular sin orden fiscal, el despliegue de infiltrados entre los manifestantes, la usurpación del trabajo de periodistas, entre otras acciones, “podría configurar una crisis de derechos humanos”.
Aseguró que la conducta gubernamental incumple las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “que dedica todo un capítulo a la respuesta estatal en situaciones de conflicto y a la necesidad de garantizar los derechos humanos, preservar el trabajo de la prensa, proteger la libertad de expresión y establecer mecanismos de dialogo para evitar estos enfrentamientos”.
SANTA CRUZ RETOMA EL LIDERAZGO REGIONAL
La violencia desatada en Santa Cruz no ha logrado aplacar la protesta ciudadana y “contrariamente a lo que esperaba el gobierno se ha logrado articular a una serie de actores sociales, más que políticos, que han permitido generar conciencia colectiva para llevar adelante estos dos días de paro adicional pacífico y ejemplar y pacífica” según la percepción del politólogo Manfredo Bravo.
Dijo que, en el balance, “lo negativo fue la tensión provocada por el gobierno entre los liderazgos en Santa Cruz, el rol que asumió Jhonny (Fernandez), la participación de los ministros en esta actitud pandillera, han actuado como patoteros organizando grupos de choque para atacar a los ciudadanos y avivar la tensión en espacios como el Plan 3000, desvirtuando la esencia misma del funcionario de alta jerarquía”.
Lamentó que el gobierno haya elegido la violencia en lugar de la propuesta, “no existen argumentos técnicos verificables para postergar el censo hasta el 2024, el INE oficialmente ha anunciado un avance más o menos del 23% del proceso censal , por lo tanto si continua ese trabajo y concluye el relevamiento cartográfico, el censo se puede hacer en junio del 2023”.
Dijo que las razones del gobierno son políticas y económicas. “Estamos en una profunda crisis económica y no lo quiere aceptar, quiere seguir controlando los recursos desde el nivel central, el censo implicaría redistribuir lo que recibe el gobierno nacional y un nuevo pacto fiscal con mecanismos de compensación para los municipios más pobres. El gobierno no quiere transparentar el padrón electoral y tampoco poner en agenda la redistribución de escaños”.
En su criterio, sin sólidas respuestas técnicas no habrá solución al conflicto porque “Santa Cruz va a seguir luchando, aunque estemos solos, más que estar acompañados, que sería interesante, a los cruceños nos interesa la unidad de Santa Cruz para poder articular mejor con otros departamentos. Vendrán más medidas de presión, siempre nos ha tocado a los cruceños el sacrificio para que el país se beneficie”.
MÁS COCA PARA EL NARCOTRÁFICO
Además de provocar una disputa para debilitar el poder de Adepcoca e imponer el dominio del Chapare, al destruir el único mercado legal de la coca el gobierno del MAS abrirá las puertas para que la coca de los Yungas vaya se desvié al narcotráfico, aseguró el analista Gregorio Lanza.
“En el caso del conflicto cocalero se trata de una disputa para debilitar el poder de Adepcoca que ha estado estos últimos cinco años en la oposición al MAS, a la visión impositiva del Chapare, justamente para dividir a los productores de coca de los Yungas”, dijo.
Sin embargo, en su criterio “el uso de la violencia sistemática ha generado una reacción contraria, de lo contrario, no se explicaría por qué Alanes (el dirigente promovido por el gobierno) tiene que utilizar a la policía, si tuviera base legítima estaría defendiendo el mercado”.
Según el pronóstico del analista, “van a salir perdiendo porque no entienden todo el circuito de la coca y la cocaína, hoy el 90% de la coca pasa por el mercado de Adepcoca, van a destruir ese mercado, junto a la vulneración sistemática de derechos humanos, la violencia inusitada con el uso de provocadores y esto sesta significando que haya un rechazo de importantes sectores de la población”.
Dijo que las señales que ha dado el gobierno son preocupantes, “pareciera que Arce Catacora como presidente ha tomado el camino de no hacer nada, dejar que la estructura ministerial y que los diferentes grupos del MAS operen; esta actitud de bajo perfil que en un momento le ha favorecido con una alta valoración en las encuestas ahora le va a perjudicar porque no dice nada frente al paro en Santa Cruz y respecto al conflicto con los cocaleros, se ve que no hay una maquinaria articulada como en tiempos de Evo que tenía su cuarto de guerra”.
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