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Si la propuesta no vulnera la CPE, deberán recabar 1,5 millones de firmas.
Vía: Público.bo |
El colectivo de juristas independientes presentó este jueves ante el Tribunal Supremo Electoral su propuesta de reforma judicial, con el fin de que el Órgano Electoral les entregue los libros para lograr la adhesión de 1,5 millones de bolivianos en un referendo ciudadano, informó Página Siete Digital recogiendo información de una nota de prensa de los juristas.
El documento está elaborado sobre la base de buscar la independencia, mayor presupuesto y la revitalización. “La propuesta de reforma estructural de la administración de justicia trabajada por el grupo de juristas independientes tiene tres cimientos fundamentales”, señala la nota de prensa.
El primer cimiento está referido a lograr independencia, idoneidad e imparcialidad de los jueces supremos del país, con el cambio de la forma de selección y elección.
Para ello se plantea crear la Comisión Nacional de Postulaciones, que sea la que convoque postulantes, califique méritos y conforme ternas cerradas que vayan a la Asamblea Legislativa para una designación por dos tercios de votos, pero sometida a Referendo popular aprobatorio.
En la propuesta se incorporó al fiscal general, para que su designación pase por la rigurosa calificación de la Comisión de Postulaciones. Además, se agregó el establecimiento diferenciado de ternas femeninas y masculinas para garantizar la paridad de género en el Órgano Judicial.
El segundo cimiento es que se logra un presupuesto suficiente para garantizar y ampliar un servicio judicial digno, con más jueces y fiscales, mejor pagados y con infraestructura y medios de trabajo que lleguen a todo el país.
Se inscribe en la Constitución un 3% de presupuesto para la administración de justicia, cambiando al mismo tiempo la composición y designación del Consejo de la Magistratura, para tener una eficiente administración de los recursos judiciales. Asimismo, se plantea que el Consejo de la Magistratura asigne anualmente un presupuesto a la justicia indígena originaria.
Por último, la revitalización de la justicia indígena originaria y la creación de la justicia de paz, como instrumentos constitucionales de resolución de controversia sin necesidad de jueces, fiscales y abogados.
Acompañados por decenas de ciudadanos, representantes de los juristas independientes y de los comités departamentales para la Reforma Judicial, dejaron en ventanillas del TSE la documentación exigida por ley. Es decir, un memorial, la exposición de motivos, el texto normativo y las preguntas que deberán ser sometidas a control de constitucionalidad.
En la exposición de motivos, los juristas señalan que en Bolivia no existe una correcta y verdadera administración de justicia, ya que no es un servicio público de calidad y la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso a ella.
“En su mayoría carece de autoridades y funcionarios idóneos; sus miembros demuestran frecuentemente ausencia de ética, capacitación y experiencia; al tiempo de mostrarse subordinados al poder político, a la influencia económica y a las jerarquías internas, lo que imposibilita imparcialidad y probidad en sus actos”, señala una parte del documento.
Mencionan que la crisis del sistema judicial fue una de las mayores preocupaciones de la población para tratarse en la Asamblea Constituyente de 2006; sin embargo, a más de 13 años de la promulgación de la Constitución Política del Estado y casi 11 después de la primera elección de autoridades judiciales por voto popular, es un hecho que en Bolivia no se produjeron cambios, y que la crisis continúa y empeoró a niveles intolerables.
En julio de 2021, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) entregó un extenso Informe sobre la crisis que el país sufrió el último cuatrimestre de 2019, donde advierte que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia.
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