La acción de repetición enmarcada en la Constitución permite iniciar un proceso contra el expresidente, sus exministros y la Gestora Pública por daño económico
Vía: El Deber |
La alianza Comunidad Ciudadana analiza la activación de una acción de repetición, sustentada en la Constitución, para responsabilizar al expresidente Evo Morales, los ministros que firmaron los decretos de la nacionalización y funcionarios de la Gestora Pública por provocar daño económico al Estado, luego del fracaso en el laudo arbitral que obliga a Bolivia a pagar $us 105 millones al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
“La Constitución también señala que cuando se pierde o cuando hay resoluciones que disponen pagos patrimoniales por parte del Estado, se deben hacer repeticiones a quienes han causado el daño. Ese es un elemento que vamos a trabajar y es muy poco probable que la justicia genere espacios de repetición a Evo Morales y a quienes en su momento firmaron los decretos de nacionalización”, afirmó el diputado Marcelo Pedraza, en contacto con EL DEBER.
El artículo 113 de la Carta Magna establece que “en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño”.
Durante su visita a Argentina, el también líder del MAS, Evo Morales, reveló que argentinos, españoles, cubanos y venezolanos fueron los asesores de las nacionalizaciones. Señaló que técnicos y entonces ministros advirtieron que el Estado iba a ser pasible a demandas ante tribunales internacionales.
Morales en más de una ocasión admitió que sus ministros estaban en contra de la nacionalización y prometió revelar los nombres en un libro que publicará cerca a las elecciones de 2025.
Los legisladores recabarán toda la información e iniciarán investigaciones antes de plantear el recurso. Mientras se mostraron preocupados por el juicio contra AFP Futuro, cuyo fallo podría ser desfavorable al Estado.
Sobre una supuesta apelación del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), según especialistas, el Estado solo se puede pedir una revisión y una anulación del fallo solo si existen nuevos elementos de prueba.
El país tiene 90 días para plantear una solicitud de revisión y se deberá esperar su admisión. Se admitirá cuando se demuestre que no se valoraron pruebas.
