Esta es la carta que el CONADE le envió al presidente del TSE Óscar Hassenteufel Salazar, presidente del Tribunal Supremo Electoral
Ref.: Presentamos denuncia de financiamiento de un narcotraficante sentenciado al
Movimiento Al Socialismo, solicitamos investigación transparente y sanciones efectivas y proporcionales al ilícito cometido.-
Señor Presidente:
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia CONADE adjunta copia de nota difundida en medios de comunicación, cuyo contenido es una carta del Vicepresidente del MAS dirigida al narcotraficante argentino Miguel Ángel Salazar Yavi, cuyo nombre verdadero es José Miguel Farfán, sentenciado a 15 años de prisión por el Tribunal Oral.
Federal N°2 de Salta, el año 2019, al encontrarlo con 411 kilos de cocaína boliviana.
Resulta que el denunciante es el Diputado del MAS, Rolando Cuéllar, cuyas declaraciones confirman que el Movimiento Al Socialismo recibió “grandes contribuciones económicas desde las elecciones del 2014 hasta la fecha (2017). Adjuntamos la nota en cuestión.
La Ley de Organizaciones políticas, Ley N° 1096, establece en su ARTÍCULO 71. (RESTRICCIONES):
“I. Las organizaciones políticas no podrán gestionar, aceptar o recibir, directa o
indirectamente, total o parcialmente, ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o apoyos que provengan de manera probada de las siguientes fuentes:
a) Entidades y empresas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia,
exceptuando el fortalecimiento público administrado por el Órgano
Electoral Plurinacional.
b) Cualquier entidad pública o privada extranjera, con las excepciones establecidas en la presente Ley.
c) Agrupaciones religiosas o espirituales.
d) Personas naturales o jurídicas propietarias de juegos de azar.
e) Personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores, sea en entidades públicas o privadas.
f) De carácter anónimo, salvo que se trate de colectas públicas.
g) Otras de origen ilícito”.
Dineros provenientes del narcotráfico habrían sido utilizados en los actos electorales donde participó el MAS desde el año 2014 hasta el año 2019-2020. Esta ventaja fraudulenta, esta conducta antimoral, antilegal, debe ser investigada por el Tribunal Supremo Electoral y establecer los efectos que han tenido esos dineros sucios en los resultados electorales. Es lo mínimo que deben hacer lo vocales y comunicar a la opinión pública dichos resultados. No se trata de lavarse las manos señalando que el Ministerio Público debe investigar la concurrencia de delitos. Estamos hablando del financiamiento ilegal a una organización política cuyos logros electorales a nivel de autoridades electas son objeto de la ventaja sucia del narcotráfico.
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