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Jueces sin carrera judicial "fueron puestos" para sentenciar a la expresidenta Jeanine Áñez. Es otra irregularidad que confirma, una vez más, cómo el gobierno de Luis Arce interfiere en este proceso.
La hija de la exmandataria, Carolina Ribera, denunció que los jueces técnicos Marco Antonio Vargas y Liz Rocío Avilés fueron posesionados el 18 de enero de este año aún cuando estaban "aplazados" para acceder al cargo de juez.
Son dos de los tres jueces que integran el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, que se encarga del caso golpe de Estado II contra la expresidenta y los exjefes militares, quienes no tienen carrera judicial y "fueron puestos" solo para sentenciar a Áñez.
"Los dos jueces, Marco Antonio Vargas y Liz Rocío Avilés, que estaban aplazados y no les daba para llegar a ser juez fueron posesionados el 18 de enero después de la acusación de mi madre. Fueron posesionados solamente para que lleven este proceso contra Jeanine Áñez con la instrucción de que sea condenada", dijo Ribera en contacto con El Deber.
El Ministerio Público presentó la acusación formal contra Áñez el 30 de noviembre de 2021. Los delitos por los que se la enjuicia son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.
LA AUDIENCIA
El Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de La Paz decidió declarar un nuevo receso dentro del juicio por el caso de supuesto ‘golpe II’, por cansancio de las autoridades judiciales. La sesión será reinstalada este miércoles a las 14:00, según dispuso el presidente de este tribunal, Germán Ramos Mamani.
“Habiendo sido amplia la exposición por parte de la señora abogada del Ministerio de Gobierno, este Tribunal va a disponer un receso hasta el día de mañana (hoy) a horas 14:00 en virtud a que también en horas de la mañana tenemos programada una audiencia de juicio oral en el cual la suscrita autoridad es presidente; también se debe considerar que la presidencia de este Tribunal desde horas 8:30 de la mañana ha llevado una audiencia hasta mediodía, de cesación a la detención preventiva solicitada por la ciudadana Jeanine Áñez Chávez”, dijo el juez Ramos.
RESPUESTA
"A mi madre le han negado todos sus derechos en este proceso que es ilegal de principio a fin. Además de negarle y prohibirle estar presente en su propio juicio. Ayer lo solicitó dos veces y se lo negaron. No hay argumentos jurídicos de parte del presidente del Tribunal de por qué no puede estar en el juicio", reclamó la hija de la expresidenta.
El Órgano Judicial, mediante circular, determinó que las audiencias de juicio oral sean presenciales.
Fiscalía “combinó” delitos y agravantes para pedir 15 años de pena contra Añez
Vía: Página Siete |
Omar Mejillones y Junior Flores manifestaron que en 2019, la entonces senadora, “en complicidad de las FFAA y la Policía”, impidió la participación de legisladores que representaban a 11 millones de bolivianos.
Los fiscales Omar Mejillones y Junior Flores hicieron una sumatoria de agravantes para justificar el pedido de 15 años de cárcel para la expresidenta Jeanine Añez y los exjefes militares, procesados por el caso del supuesto golpe de Estado II. Señalaron que la entonces senadora actuó con dolo y que al cometer dos delitos se incrementarán los años de cárcel con la mitad de la pena por el cargo más grave: resoluciones contrarias a la Constitución Política y a las leyes.
“(Concurso real) El que con designios independientes, con una o más acciones u omisiones, cometiere dos o más delitos, será sancionado con la pena del más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad (de la condena)”, señala el artículo 45 del Código Penal.
Añez y los exjefes militares fueron acusados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
La condena por el primer delito va de cinco a 10 años y de uno a cuatro para el segundo, por lo que la posible sentencia contra los acusados será con base en el tipo penal más grave. En ese sentido, y al haber solicitado la pena máxima -según la explicación de la Fiscalía- por existir “concurso real” o combinación de dos delitos, se sumarán otros cinco años a la pena solicitada, tal como lo establece el mencionado artículo 45.
El lunes, en la reanudación de la audiencia de juicio para ingresar a la etapa de los alegatos finales, el fiscal Omar Mejillones fue el primero en exponer los argumentos de la acusación contra Añez y los exjefes de las FFAA: Pastor Mendieta y Flavio Arce. Al final de su argumento, el fiscal solicitó al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz la pena de 15 años de cárcel y el pago de costas por daño económico al Estado.
Dicha condena también fue solicitada para el excomandante en Jefe de las FFAA, Williams Kaliman, y para el excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, enjuiciados en calidad de rebeldes.
Acusan por dolo a Añez
La Fiscalía mencionó que, en complicidad con miembros del Comando en Jefe de las FFAA y oficiales de la Policía, Añez dio órdenes para impedir que asambleístas -en su mayoría del MAS- participen en la sesión 198 del 12 de noviembre de 2019, luego de la cual asumió la Presidencia.
Mejillones aseguró que Añez “se autoproclamó” luego de suspender la sesión, debido a que no existía el quorum reglamentario, además que no trató las renuncias de Evo Morales, Álvaro García, Susana Rivero, Víctor Borda y otros legisladores del MAS, quienes por instrucción de Adriana Salvatierra habían dimitido, como lo reveló Omar Aguilar, legislador de ese mismo partido en esa gestión.
“Son órdenes que han vulnerado los derechos políticos de 11 millones de bolivianos”, afirmó Mejillones. El fiscal sostuvo que Añez actuó de forma “dolosa”, debido a que al ser abogada y contar con una experiencia de 10 años como legisladora electa, conocía las normas que regían las convocatorias para las sesiones en la Asamblea, por lo que de forma deliberada infringió el protocolo.
Por su parte, el fiscal Flores señaló que los exjefes militares incurrieron en la omisión de sus deberes, al no defender el gobierno de Evo Morales. “Por eso establecemos que (en el caso de los miembros del Comando en Jefe) el no haber hecho absolutamente nada debe ser sancionado”, alegó.
Para Norka Cuéllar, abogada de la expresidenta Añez, el alegato del fiscal Mejillones se constituye en una “narrativa política” con la que pretende justificar una sentencia que -sostuvo- tiene los lineamientos del Gobierno. Sobre los argumentos de Flores, los calificó de “falsedades”, debido a que el fiscal omitió varias declaraciones que desvirtúan su versión.
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