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Por: Zulema Alanes B. |
En un pronunciamiento público, Amnistía Internacional denuncia “la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución contra defensor de derechos humanos” y exige que “si no hay evidencia sólidas y admisibles en la imputación contra Waldo Albarracín, el proceso penal en su contra debe concluir sin más”.
Como foro internacional de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional realiza investigaciones “cada vez que se comete un abuso en algún lugar del mundo” e impulsa campañas para reclamar por la restitución de los derechos vulnerados.
El comunicado oficial de la organización pide al Estado boliviano que deje de utilizar al sistema de justicia para hostigar a personas defensoras de derechos humanos y anuncia que continuará “monitoreando el proceso penal que enfrenta Waldo Albarracín”.
“La Justicia debe garantizar que el debido proceso legal y las garantías del derecho internacional sean observados, que la investigación sea rigurosa e imparcial de forma que se respete el derecho de la persona bajo investigación, incluyendo la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la prisión preventiva” destaca el pronunciamiento sobre la situación del activista de derechos humanos.
Recuerda que las autoridades bolivianas “tienen la obligación internacional de garantizar una investigación independiente e imparcial y con apego a todas las garantías del debido proceso para las personas involucradas en la causa”.
EL PATROCINIO GUBERNAMENTAL
El Ministerio Público abrió proceso contra Waldo Albarracín por la supuesta comisión del delito de “abandono de mujer embarazada” a denuncia de Zuleica A., que en marzo de 2021 aseguró que la abandonó durante la gestación de una bebé que a esa fecha tenía cinco meses y estaba en terapia intensiva del Hospital Materno Infantil.
El Gobierno decidió patrocinar a la denunciante y asignó la tarea abogado Aldo Torrez, director del Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu),
El 3 de enero de 2022 el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra de Albarracín. Un mes después, en una audiencia virtual, la justicia le impuso una fianza de Bs.10.000 y determinó su arraigo y detención domiciliaria por el periodo de seis meses.
El 11 de marzo, el director de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu), Aldo Torres, que patrocina a la denunciante, informó que una prueba de ADN descartó la paternidad de Albarracín.
«La muestra sanguínea del señor Waldo Albarracín y de la menor J. Z. A. A., no son genéticamente compatibles para una relación de paternidad biológica», señala el informe del Laboratorio de Genética Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Torres anunció que el Sijplu solicitará la nulidad del proceso familiar abierto contra Albarracín por abandono de mujer embarazada, pero una semana después, el 18 de marzo, el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, anunció que el gobierno continuará patrocinando a Jhanet Z. A., que denunció al exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín por “abandono de embarazada”, aun después que la prueba de ADN confirmara que el exdefensor no es el padre de la niña cuya paternidad se le atribuye.
"Si viene una mujer a pedir el patrocinio del ministerio, no le puedo pedir el examen de ADN y no puedo pensar que me está mintiendo(...) A esta señora que ha presentado denuncia contra Waldo Albarracín, como cualquier ciudadana, yo le voy a creer y voy a mantener la credibilidad de ella mientras un juez dicte sentencia", afirmó a los medios.
Lima señaló que la prueba de ADN es uno de los elementos que se deben tomar en cuenta, pero también subrayó que existen otros “elementos que se han presentado y la palabra de la víctima, porque esa mujer es una víctima, tienen que ser escuchados por un juez, ese juez debe decidir y él es el que va a ser responsable de la decisión”. E insistió que “…hasta que se dicte la sentencia, vamos a continuar el patrocinio".
VENGANZA, DESPRESTIGIO Y EXTORSIÓN
A Waldo Albarracín no le queda duda de que el proceso iniciado en su contra por un supuesto “abandono de embarazada” forma parte de una estrategia de “desprestigio y extorsión” y de uso de la justicia como mecanismo de “venganza política” del Gobierno.
Aseguró que su vida y la de su familia cambiaron radicalmente desde marzo de 2021 cuando se activó la demanda en su contra aun cuando en reiteradas oportunidades solicitó la prueba de paternidad que su denunciante se negaba a realizar.
“No me sorprende el resultado. Corresponde ahora que la Fiscalía, que fue la que ordenó la realización de esta prueba de ADN, no se desdiga de su propia orden” dijo a poco de conocer el informe del IDIF.
Albarracín afirmó que está claro el interés político del Gobierno que “auspició una campaña de desprestigio en sus redes sociales, en medios estatales y privados afines al oficialismo, patrocinó la denuncia con abogados del Ministerio de Justicia y pagó costosos edictos”.
En su opinión “Al Gobierno le interesaba desprestigiarme y a ella le interesaba extorsionarme. Querían restarme credibilidad ciudadana, seguramente con la idea de que yo no vuelva al país, de que no vuelva a defender los derechos democráticos”.
A día de hoy, Albarracín permanece en la clandestinidad hasta que “se cierre este caso porque es lo que corresponde” y advirtió que “Hay una intención de meterme a la cárcel, movidos por el odio político injustificado, van a inventar acusaciones en mi contra, aunque lo único que yo hice es defender la democracia, exigir que se cumpla el resultado del referendo (21F), denunciar el fraude electoral. Esos fueron mis delitos”.
VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO
Frente al panorama descrito, Amnistía Internacional expresa su “preocupación por violaciones al debido proceso” en la investigación penal que enfrenta Albarracín desde febrero de 2022 por presunto “abandono de mujer embarazada” en la justicia boliviana.
En su pronunciamiento oficial recuerda que un juez determinó su detención domiciliaria “pese a que no se habían presentado pruebas de su paternidad con relación a la hija de la denunciante”.
Destaca que, aunque se dio a conocer por los medios de comunicación, el informe del IDIF declarando que las muestras sanguíneas analizadas no eran genéticamente compatibles para una relación de paternidad biológica, “hasta la fecha, la Fiscalía no compartió oficialmente el resultado del examen con las partes y las medidas restrictivas de libertad contra Waldo Albarracín siguen vigentes”.
Considera que” el uso indebido del sistema penal contra personas que defienden los derechos humanos viola el derecho internacional y podría generar un ambiente intimidatorio para otras personas que llevan a cabo esta labor legítima”.
Trae a colación que, en agosto de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtió sobre “graves deficiencias por parte de las autoridades a la hora de garantizar la autonomía e independencia del Poder judicial y de la Fiscalía General del Estado, la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política y el uso abusivo de la prisión preventiva. En igual sentido, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, luego de una visita al país en febrero de 2022, ha expresado su preocupación por las dificultades sistémicas para el acceso a la justicia y la altísima proporción de detenciones preventivas”.
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