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Por: Gonzalo Rodríguez Amurrio |
Los sistemas de justicia, por lo general o en condiciones normales, deben resolver adecuadamente casos en dos ámbitos de controversias: 1. Entre particulares y 2. Entre particulares y el propio Estado.
Hoy en Bolivia para la ciudadanía se ha acrecentado el sentimiento de indefensión en los dos ámbitos.
Cuando un régimen estatal ha apostado por un riguroso apego al estado de derecho procura garantizar una justicia independiente e imparcial, pues no teme ni tiene intereses creados para que sus actos: administrativos, legislativos y también judiciales sean objeto de procesos legales que debatan y resuelvan de qué lado está la razón.
Si el régimen estatal tiene características distintas al del respeto de los derechos de las personas siempre procurará tener la justicia maniatada de su lado, tanto para fines de supuesta estabilidad política (la monarquía española solía pensar que sin control de la justicia no se podía gobernar) como para “legalizar” la arbitrariedad de ciertos actos en los que directamente el régimen resulta interesado.
En el primer ámbito (controversia entre particulares) se sufre la retardación y falta de seguridad jurídica, en tanto que en el ámbito de las controversias de las y los ciudadanos con el Estado, se sufre el constante abuso de poder expresado en la arbitrariedad frecuente.
Bajo esas circunstancias, hasta denunciar la corrupción resulta un riesgo, porque la persona que denuncia puede terminar procesada; quien legítimamente demanda su libertad puede más bien ver caer sobre sí más grilletes y más rejas.
Los abusos de poder de otros órganos del Estado se trasladan al órgano de justicia, como si ello fuera la nueva normalidad.
Así, ciertas autoridades judiciales pueden compartir entre copas las anécdotas de haber puesto entre rejas a inocentes, o pueden sugerir entre sus contertulios partidarios acciones violentas hasta armadas contra regiones opositoras, a la par que tomaron decisiones para detenciones de dirigentes cívicos, sociales o políticos.
Poner la Justicia al servicio de un régimen estatal autoritario implica además degradar a la justicia en extremo. Los operadores de justicia, según el partido oficialista deben pensar igual que los mandatos políticos por ellos impartidos. Para ello deben carecer de personalidad alguna que como personas dignas los sostenga.
Deben estar tan endeudados con el partido para estar a su servicio. Vivir con la preocupación constante de que en cualquier momento ya no serán jueces, ya que incluso su propia “elección” no hubiera sido tal sin el favor del régimen.
A los ciudadanos comunes puede no preocuparles lo que pase en las controversias con el Estado, hasta que resulten afectados. Pero no hay duda que una justicia así degradada baja la calidad de sus servicios para resolver controversias entre particulares.
Jueces que se habitúan a lo arbitrario, con el correr del tiempo les dará lo mismo que sea en el ámbito de juicios entre particulares o con el Estado. Jueces que deben favores y que deben encubrir sus carencias de idoneidad y méritos profesionales, no le aportan capacidad para agilizar procesos ni a dar calidad los juicios entre particulares.
Y si fueron corroídos por el perverso régimen estatal autoritario, ya no encuentran diferencia de también ser corroídos por el dinero en los juicios entre particulares.
Finalmente, como paradoja se tiene que quienes han llevado a este estado de situación a la justicia boliviana, se presentaron, se presentan y se presentarán como sus salvadores; cumbres de justicia de por medio y cuanto invento que, como siempre solo buscan distraer la atención de la población para no luchar por lo importante: la independencia e imparcialidad de la justicia.
| Gonzalo Rodríguez Amurrio es exdirigente obrero, abogado y diputado por CC.
