Por: Amalia Pando |
El abogado Diego Benavides fue detenido a las 10 de la mañana del pasado 14 de junio cuando ingresaba a su oficina particular. Allí lo esperaba un policía vestido de civil que no llevó identificación ni una orden de aprehensión. Diego pensó que estaba siendo secuestrado hasta que apareció en la FELCC, de allí fue llevado frente a un juez y poco después terminó en la cárcel de San Pedro con una detención preventiva de cuatro meses.
Fue una detención exprés con todos los vicios de ilegalidad. Sin investigación previa, sin indicios ni menos pruebas, sin derecho a la defensa y sin respeto a las mínimas garantías del debido proceso.
LAS MUJERES DEL RÉGIMEN
La joven abogada Brenda Lafuente Fernández, forma parte de la jerarquía gobernante que tiene el poder de mandar a la cárcel a quién se le ponga en el camino.
Tiene el perfil de Gabriela Zapata, la ex del jefazo, quien antes de sus 19 años ya era ejecutiva de CAMC o Jessica Montaño que hizo temblar Entel en la gestión de Oscar Coca. Pero Brenda Lafuente es de una nueva tanda de jovencitas en la cima del poder, junto a Cielo Veizaga , la futbolista de 19 años posesionada como viceministra de Deportes y la propia hija del jefazo, Eva Liz Morales, quien no solo consiguió su primer empleo en la Procuraduría del Estado con un sueldo de abogada experimentada sino también una vacuna vip.
SIN EXPERIENCIA
En enero pasado Brenda Lafuente juró como Directora Ejecutiva de una entidad técnica del sector minero, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM.
Su evidente inexperiencia en este rubro fue motivo de denuncias ante el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, responsable de su nombramiento, y pedidos de renuncia.
La Federación de Cooperativas Mineras de La Paz, el 22 de febrero, la acusó de cohecho pasivo, y la CSUTCB, el 3 de abril, pidió su renuncia.
En el parlamento, las diputadas Verónica Aguilera y Jennifer Torrico también denunciaron la ilegalidad de este nombramiento que incumple el requisito de seis años de experiencia en el sector minero.
El 17 de marzo, el diputado Guillermo Benavidez, de Comunidad Ciudadana, le envió al ministro Villavicencio una petición de informe sobre el nombramiento de Brenda Lafuente. El ministro no respondió hasta la fecha.
LA LEY DEL EMBUDO
Mientras la Fiscalía y el ministro de Minería encubren a Brenda Lafuente, la Fiscalía el 26 de mayo imputó al alcalde de La Paz, Iván Arias, por un supuesto nombramiento ilegal, que habría ocurrido cuando ejercía como ministro de Obras Públicas en 2020. Arias se libró de ser detenido gracias al respaldo popular, pero está arraigado y tuvo que pagar una fianza de 30 mil bolivianos.
El CONTRAATAQUE
Para defenderse, la Directora de AJAM contraatacó con denuncias de corrupción y aprehensiones a funcionarios de esa entidad. Y en la bolsa de acusaciones y acusados metió al hijo del diputado Benavidez, el que hizo la petición de informe al ministro Villavicencio.
Así, en un acto de “vendetta”, Diego Benavides fue detenido, sin derecho a pataleo, acusado de aprobar resoluciones contrarias a la ley. Diego Benavides, trabajó en AJAM desde el año 2017 como analista legal, cargo que le exige emitir opinión jurídica, pero sin autoridad alguna para firmar resoluciones.
En cambio, hay otra resolución contraria a la Constitución y las leyes que debe ser drásticamente sancionada. Es el fallo del Tribunal Constitucional que en 2018 le dio a Evo Morales el inexistente “Derecho Humano” a la reelección indefinida, que pronto será motivo de un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
A FAVOR DE LOS CHINOS
Y mientras las cárceles se llenan de opositores, los fiscales y jueces se hacen los locos frente a los delitos que comete el oficialismo como una denuncia grave que está congelada en la Fiscalía contra Brenda Lafuente y su padre Miguel Lafuente.
La empresa minera Guarajyas, que está peleando unas cuadrículas mineras, afirma que el ciudadano chino Huay Kung Tang recibió favores de la Directora de AJAM, que fueron gestionados a través de su padre, quien oficialmente no trabaja en esa entidad, pero recibe en su WhatsApp todo tipo de solicitudes de “ayuda”.
NADIE ESTÁ SEGURO
Bajo el actual régimen donde la Justicia está sometida a la voluntad de una camarilla gobernante, cualquier ciudadano puede ser acusado sin razón y aprehendido injustamente.
Por ejemplo, el poncho rojo y ex dirigente de la CSUTCB, Nelson Condori, ha sido citado a declarar inicialmente como “testigo” de un homicidio de una persona no identificada que supuestamente perdió la vida no se sabe dónde ni cuándo.
Es otra artimaña para que los perseguidos del gobierno se presenten a la Fiscalía sin necesidad de buscarlos.
Nelson Condori es el poncho rojo que se dio un abrazo con el cívico cruceño Luis Fernando Camacho un día antes de la huida de Evo Morales. Poco después, durante los 10 días de furia masistas, su casa fue incendiada.
Así también, ANF informó que la CIDH admitió recientemente otro caso de violación de los Derechos Humanos, el número 27 contra el Estado boliviano.
Se trata del Mallcu de Sorata, Ascencio Cruz, quien estuvo detenido medio año. La organización de abogados que lo defendió, Derechos en Acción, relata que “el juez que lo procesó lo hizo sin justificativo jurídico y le aplicó una norma que ya no se encuentra vigente. Dentro de su detención de medio año fue golpeado, expuesto al frio, privado de sueño, de agua y de alimentos. El trato degradante que recibió de parte de la Policía llegó al punto de que por falta de agua tuvo que lavar con su propio orín las heridas causadas por sus agresores “.
El régimen es particularmente cruel con los sectores populares que le hacen frente. ADEPCOCA con sus muertos, desaparecidos y detenidos es testigo sobreviviente de este trato.