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| Foto: EFE |
Por: Zulema Alanes
El fantasma del voto rural empezó a rondar nuevamente en el escenario electoral. En medio de la preocupación por una eventual dispersión del voto entre las opciones que se enfrentan al Movimiento Al Socialismo, la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional se reinstaló como otro campo de batalla para el electorado.
Desde el 2010, con la aprobación de la Ley 026 de Régimen Electoral y la Ley 421 de Distribución de Escaños, las reglas de la distribución y asignación de escaños inclinaron la balanza en favor del voto rural. Con esas reglas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) logró controlar la Asamblea Legislativa Plurinacional con dos tercios de los votos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, durante dos gestiones sucesivas, pero también apeló de manera sistemática “al voto oculto del campo” para autoproclamar sus triunfos electorales, incluida la fraudulenta elección de octubre 2019.
Un fantasma que no espanta
La distribución de escaños se diseñó en base al Censo Nacional de Población 2012, que registró una población de 10.059.856 habitantes, 67,5% es urbana y 32,5%, rural, sin embargo, el Reglamento de Distribución de Circunscripciones de 2014 establece que, de un total de 63 circunscripciones uninominales, 27 están en áreas urbanas y 36 en zonas rurales, a las que se suman siete circunscripciones especiales indígenas, haciendo un total de 43 diputaciones rurales.
Según esta distribución, el 70% de los electores urbanos sólo elegirían el 50% del total de los escaños uninominales y para el analista Carlos Cordero estos datos muestran asimetrías en la representación urbano-rural, pero “han sido socialmente aceptadas y políticamente validadas y aprovechadas por el MAS”.
Carlos Böerth, en cambio, aseguró que esa conclusión no toma en cuenta el concepto de “urbano” que aplica el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que incluye a poblaciones con más de 2.000 habitantes, mientras que lo rural refiere a poblaciones con menos de 2000 habitantes.
“Aplicando este concepto de urbano, gran parte de las circunscripciones provinciales aglutinan población urbana y rural, y varias de ellas son predominantemente urbanas” puntualizó Böerth.
Puso como ejemplos, los casos de “la Circunscripción 4 en Chuquisaca, que incluye el municipio de Monteagudo, cuya población es casi 50% urbana. La Circunscripción 18 de La Paz que es fuertemente urbana por el peso de las ciudades de Patacamaya, Sica Sica y otras. Lo propio sucede en la Circunscripción 19 donde figura Viacha. En Cochabamba las circunscripciones 23 (Sacaba) y 28 (Quillacollo y Colcapirhua) son urbanas. Y así sucesivamente en 8 de los 9 departamentos”.
Böerth concluyó que tomando en cuenta esos ajustes, “las circunscripciones uninominales urbanas suman al menos 39 (55,7%) y las rurales 24 (34,3%) y las 7 circunscripciones especiales indígenas originarias 10%. Lo q si es evidente son las grandes diferencias en la base poblacional de las circunscripciones uninominales, algunas tienen más de 100 mil electores y otras menos de 60 electores, pero esta disparidad responde a otros factores, y no sólo a la relación urbano – rural”.
Las 60 diputaciones plurinominales y las 36 senadurías –cuatro por departamento– se distribuyen proporcionalmente, según la cantidad de votos del binomio a la presidencia y vicepresidencia.
Aun de las divergencias y de la preocupación por el peso mayor del voto rural, la definición de un nuevo mapa de asignación de escaños debe esperar hasta el siguiente censo de población previsto para el 2022.
El fantasma del fraude
La distribución de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional constituye un desafío mayor en las Elecciones Generales 2020. No es suficiente ganar la elección, también es necesario tener el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional y, para ello, la lucha ciudad-campo puede ser decisiva.
Después del primer gobierno de Evo Morales (2006-2010) en el que la Cámara Alta tenía mayoría opositora, por dos gestiones legislativas (2010-2015 y 2015-2020) el MAS logró dos tercios en la Asamblea Legislativa.
Después del fraude electoral de octubre de 2020 una sombra de dudas se cierne sobre ese prolongado dominio político que la dirigencia política del MAS atribuyó al “voto oculto del campo”. De hecho, el 21 de octubre de 2019, cuando la diferencia de votos entre Carlos Mesa y el MAS era de apenas siete puntos (38% y 45% respectivamente), Evo Morales declaró que “Con los votos, en las áreas rurales, se va a garantizar el proceso de cambio”.
La misma lógica discursiva de febrero 2016, cuando Álvaro García Linera aseguró que el voto rural dirimiría “el empate técnico” a favor del Sí en el referendo constitucional. Y de 2015, cuando tras una semana de suspenso, con opositores y oficialistas declarados ganadores en la segunda vuelta para la Gobernación del Beni, el candidato del MAS se impuso con “votos rurales” en una elección bajo sospecha de fraude.
La antropóloga y dirigenta cocalera de los Yungas, Alison Spedding, aseguró que se ha construido un mito sobre el voto rural a favor del MAS y pronosticó que las próximas elecciones decantará el descontento de un electorado “que ha estado condicionado por múltiples factores, como la división de las organizaciones de base, la distribución de obras condicionada al clientelismo político, la persecución de dirigentes, entre otros”.
Añadió que “aunque el fraude no ha permitido conocer en detalle el voto rural en octubre pasado, era evidente que el MAS no logró la votación esperada y, al contrario, el descontento fue capitalizado por la oposición”. Aseguró que despejado el fantasma del fraude no hay que temer al fantasma del voto rural.
