Asambleístas departamentales de oposición piden que Fiscalía impute a Canelas por tráfico de influencias.
Canelas, que funge como gobernador de Cochabamba, contrato los servicios de Oscar Freddy Zambrana Alba, hermano de la pareja del señor Iván Canelas, incurriendo en un acto de corrupción que merece una investigación, dijo el asambleísta Mario Orellana.
También se conoció que Iván Canelas, contrato a Oscar Freddy Zambrana Alba, como Secretario de Obras y Servicios de la gobernación de Cochabamba.
“Este es un caso de corrupción abierta. Parece que la Gobernación es otro nido de corrupción, donde el nepotismo y el tráfico de influencias, están a la orden del día”, apuntó.
El asambleísta denunció en conferencia de prensa que el hermano de la pareja del gobernador, Oscar Freddy Zambrana Alba, presuntamente se favoreció con el contrato de adjudicación de la supervisión de obras de la construcción del ducto 2 de Misicuni, que llevará agua de Jove Rancho a Colcapirhua y la zona sur de la ciudad.
Anunció que presentará el caso al Viceministerio de Transparencia por indicios de presunto tráfico de influencias y exhortó a esta instancia a actuar como ha sucedido con las denuncias a opositores en otros casos. “Ojalá que no se hagan a los locos”, pidió.
Orellana indicó que la licitación No. 09/2018, que convocó a empresas interesadas en la supervisión técnica para cuatro lotes del Proyecto Construcción aducción 2 PTAP Jove Rancho-Colcapirhua-zona sur, “claramente fue direccionada” para beneficiar a la empresa asociación accidental A&A y Asociados con un contrato de casi 10 millones de bolivianos (9,8 millones).
De acuerdo con el asambleísta, seis de las siete empresas fueron descalificadas por tecnicismos arbitrarios, como la obligación de presentar actas de recepción definitiva o certificados de cumplimiento de contrato, que no estaban previstos en el DBC pero que fueron exigidos por la comisión calificadora a las seis empresas.
La asociación A&A está conformada por cinco empresas: una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) y cuatro unipersonales, una de ellas corresponde a la constructora Zipaquira, perteneciente al O. F. Z.A, exsecretario de Obras y Servicios de la Gobernación (gestión 2015) y “casualmente hermano de la pareja del gobernador Iván Canelas”, resaltó Orellana.
Por tanto, el asambleísta afirmó que se trata de un evidente caso de corrupción y de tráfico de influencias del Gobernador con uno de sus presuntos allegados.
Orellana expresó: “El Gobernador está creyendo que descalificando o poniendo en tela de juicio el trabajo que hacemos, él va a soslayar estas responsabilidades que le llegan a él directamente”. Además, pidió que el Gobernador “no actúe de manera irresponsable favoreciendo este tipo de contratos”.
“Estamos demostrando a la población cochabambina que usted ha favorecido al hermano de su pareja con un contrato de aproximadamente 10 millones de bolivianos”, aseveró.
Lo primero que hará el asambleísta es exponer este tema en el pleno de la Asamblea Departamental este martes para que se brinde la información del caso y para que los legisladores tomen acciones al respeto.
Según el asambleísta Orellana se utilizó un tecnicismo arbitrario y “bastante extraño” para descalificar a seis de las siete empresas que presentaron sus propuestas.
El requisito fue la presentación de copias de actas de recepción definitiva de los proyectos en los que participaron antes, cuando en el Documento Base de Contratación (DBC) no existía esta exigencia. Bajo ese criterio, se descalificaron a seis de la siete empresas, excepto a la asociación accidental A&A y asociados.
Se evidenció que la comisión calificadora no revisó los documentos de la asociación A&A y asociados, teniendo como prueba el Formulario A-3 que acredita la experiencia general y específica de las empresas proponentes, en el cual la constructora Zipaquira (parte de la asociación A&A y asociados) no acreditó nada en cuanto a su experiencia.
//Edwar Ayma Romay CABILDEO COCHABAMBA//
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