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El fiscal Sergio Mola informó el monto total que representaron las irregularidades de las obras que recibió Lázaro Báez investigadas en el caso
Vía: Infobae | Diario Actualidad |
Lo hizo el fiscal Diego Luciani al finalizar sus alegatos en el juicio oral. “Ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, sostuvo.
El fiscal federal Diego Luciani pidió hoy que la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.
Fiscal Diego Luciani“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo-. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.
El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina Kirchner: CFK: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.
Luciani también ponderó “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”. El fiscal dijo que la ex presidenta “defraudó a los ciudadanos que la votaron”.
“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal. En los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, sostuvo el fiscal.
En la audiencia de hoy el fiscal Sergio Mola expuso que la defraudación al estado nacional en las obras que recibió Báez fue de 5.321 millones de pesos. Y el fiscal Luciani pidió el decomiso sobre los bienes de los acusados por ese monto prorrateado entre los acusados. También solicitó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos. “Deviene de suma importante que de dictarse el decomiso de los bienes el destino sea instituciones de bien público para equilibrar el perjuicio de los graves delitos”, planteó Luciani.
Luego de la descripción de los hechos, Luciani pidió investigar a las empresas que se presentaban para licitar por entender que habrían sido espurias para simular la existencia de competencia con las firmas de Lázaro Báez. Ahí nombró a las empresas Petersen Esuco y Equimac. El fiscal también solicitó extraer testimonios para investigar “la posibilidad de ilicitudes con el proceso licitatorio al hospital materno infantil de Río Gallegos” y “de todos los posibles ilícitos que surgen del teléfono de José López”.
Como conclusiones finales, la fiscalía le apuntó al presidente Alberto Fernández y habló de la “injerencia indebida” en el curso del juicio. Fue cuando recordó que sus palabras en torno a que “la cartelización de la obra pública es un problema histórico de la Argentina”. “El Estado es víctima de estos delitos, pero no hay que confundir el estado con las personas que ocasionalmente conducen o administran” y la ciudadanía es víctima.{
El fiscal se refirió a las palabras de Alberto Fernández cuando habían detenido al a José López en 2016. “Le quisiera recordar que dijo públicamente que renunció como jefe de Gabinete por la corrupción en la obra pública”, señaló. Pero subrayó que ahora el jefe de Estado buscó correr el foco de esas declaraciones . “Para defender puerilmente a su compañera de formula evitó hablar de los hechos probados en el caso”, aseguró.
La fiscalía se quejó porque “dirigentes políticos se desentendieron de la corrupción”. “La corrupción dejo de ser un tema de agenda política, se opto por eludirla y se evito hablar de las consecuencias”, afirmó. Fue así que recordó que la Oficina Anticorrupción, durante este gobierno, dejó de ser querellante en diferentes causas o la Unidad de Información Financiera, en esta causa, resolvió no acusar. “Esto demuestra un intento para silenciar la imperiosa necesidad de juzgar estos hechos y de que la verdad salga a la luz”, afirmó.
Según sus palabras, “algunos altos funcionarios del Gobierno actual se han atrevido a descalificar las investigaciones de graves hechos de corrupción como el único fin de menoscabar al poder judicial”, dijo Luciani, tras subrayar que “el poder de las mayorías no es absoluto”
Cristina Fernández Kirchner“La misma imputada Cristina Fernández Kirchner desafió a este tribunal al aseverar ‘a mí me absolvió la historia’ cuando bien sabe que es el Poder Judicial” el que condena o absuelve ante eventuales delitos y en cumplimiento de garantías constitucionales, subrayó. “Los gobernantes deben rendir cuentas de sus funciones”, afirmó.
Y cerró su alegato hablando de la violación a los derechos humanos cuando se cometen crímenes de corrupción. “La corrupción afecta el Estado de Derecho”. “Los fondos extraídos ilegalmente hubieran servido para paliar la pobreza”, resaltó. “De haberse procedido de manera eficiente, las rutas hoy estarían terminadas”, agregó.
Las acusaciones
A la hora de pedir las penas, Luciani acusó a Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, a Lázaro Báez y al ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública.
“El orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita dirigida por la presidenta de la nación como jefa y por sus principales ministros como organizadores”, dijo Luciani sobre la asociación ilícita.
Para Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la fiscalía pidió XX años de prisión por abuso de autoridad y la inhabilitación por XX años para ejercer cargos públicos. Kirchner llegó acuso de integrar la asociación ilícita pero los fiscales señalaron que no probó su participación.
Al resto de los imputados los acusó del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Son Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
El juicio continuará el próximo 5 de septiembre cuando se inicien los alegatos de las defensas. Pero está pendiente el pedido que hizo hoy Cristina Kirchner para ampliar mañana su declaración indagatoria.
El fiscal federal Sergio Mola dijo hoy que el fraude contra el estado en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez fue de 5.321 millones de pesos, que equivalen a 926 millones de dólares. Así lo expuso en un tramo de la novena y última audiencia de alegatos de la Fiscalía en la que harán el pedido de condena para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, y el resto de los 12 acusados.
Mola terminó de analizar la parte económica de las irregularidades de las 51 obras que recibieron las empresas de Báez y concluyó que el fraude al estado fue de 5.321.049.272,47 de pesos. Para eso se apoyó en una planilla donde describió cada una de las obras y el monto del perjuicio.
En esta última audiencia Cristina Kichner no estuvo presente ya que fue autorizada por el Tribunal Oral Federal 2 a no estar en la etapa de alegatos por sus funciones institucionales como vicepresidente.
Mola inició el alegato con el análisis de la situación de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de Vialidad de la provincia de Santa Cruz respecto del delito de administración fraudulenta. Relató como a criterio de la Fiscalía los ex funcionarios incumplieron sus funciones en los controles al empresario Báez.
“A esta altura no es creíble que Abel Fatala no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”, dijo Mola sobre quien era funcionario de Planificación.
Al final de la jornada está previsto que los fiscales hagan el pedido de pena para todos los acusados. El fiscal Luciani acusó el viernes pasado a la vicepresidente de ser la jefa de una asociación ilícita. “Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández”, sostuvo Luciani. La Fiscalía también dijo que formaron parte de la asociación ilícita el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y Báez. “Está acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente y que cada uno realizó con dolo los aportes necesarios”, sostuvo.
La expectativa para hoy estará en cuántos años de prisión la Fiscalía pedirá para Cristina Kirchner. Puede ir de los 7 a los 16 años de prisión, sumando los mínimos y los máximos de los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. En lo que no hay duda es que solicitará que la vicepresidenta no puede ejercer más cargos públicos porque esa pena está prevista para el fraude en perjuicio de la administración pública.
“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, dijo Luciani en su primera audiencia, el 1 de agosto.
Los acusados en el juicio son 12: Cristina Kirchner, Báez, De Vido, Fatala, López, Periotti, Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. La Fiscalía desvinculó a Carlos Kirchner del delito de asociación ilícita porque sostuvo que no se demostró su participación.
Cuando finalicen los alegatos de la Fiscalía será el turno de las defensas. Cada una de las 13 tendrá tres audiencias para exponer su postura. La primera será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa del Tribunal es dar a conocer su veredicto antes de fin de año.
En la audiencia de hoy se sumó un anuncio sorpresivo de Cristina Kirchner. Por su cuenta de la red social Twitter anunció que quiere declarar mañana. “He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, tuiteó.
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