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LOS CRÍMENES AMBIENTALES DEL RÉGIMEN MASISTA

Por: José Luis Saavedra | 

El régimen MASista es muy hábil para distraernos con temas baladíes, como la narco-política y los vínculos con el narcotráfico, es decir los narco-vínculos de sus más connotados militantes (García y compañía); y el narco-financiamiento, es decir los aportes y contribuciones económicas de los traficantes de cocaína a la campaña del MAS (cfr. “Cuéllar denuncia financiamiento narco al MAS con carta atribuida a Gerardo García”, Página Siete, 29 junio 2022).

En tanto, el gobierno del MAS no sólo no atiende y -creo- no entiende las problemáticas fundamentales del país, tales como la violencia machista y femi-genocida contra las mujeres (cfr. “Bolivia es uno de los países con más feminicidios per cápita del mundo”, ANF-Brújula Digital, 28 noviembre 2021), sino y más aún arremete -ecocidamente- contra los pueblos y las territorialidades indígenas. Y es acerca de estas violencias socioambientales (por razones de espacio nos circunscribimos a cuatro casos) que discurriremos en el presente artículo.

Previamente, conviene aclarar por qué hablamos de crímenes ambientales. El concepto de crímenes contra el medio ambiente aún no existe en la categorización jurídica del país, por ello acudimos a la potestad jurisdiccional de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que reconoce los graves y extensos daños ambientales -ecocidio- como crímenes de lesa humanidad y que en consecuencia activan sus propias competencias (cfr. “La Corte Penal Internacional juzgará casos de delitos ambientales y acaparamiento de recursos naturales junto a genocidios y guerras”, Alianza por la Solidaridad, 20 septiembre 2016).  

Un primer ámbito (el orden es indistinto) de depredación gubernamental es la exploración y explotación hidrocarburífera en la Reserva de Tariquia, una de las fuentes más importantes de agua para el sur del país. Aquí es evidente que el régimen MASista (a través del Sernap) es el que ha otorgado las licencias ambientales y ha allanado el camino para el ingreso de las empresas petroleras a la Reserva. ¿Cuál son los impactos y efectos de esta invasión petrolera? La devastación empieza por la habilitación (en el Plan de Manejo) de áreas para actividades extractivas, la implementación de proyectos petroleros y la consiguiente afectación de la zona núcleo de la Reserva; y continúa con la destrucción de los hábitats naturales, flagrantes atentados contra las diversas formas de vida (biodiversidad) y múltiples violaciones de los derechos humanos, dado que no ha habido consultas previas, libres, ni informadas con los habitantes de la zona. Y ahora mismo las empresas petroleras están avanzando con la apertura de caminos de doble vía y están ingresando maquinaria de perforación, ignorando -impunemente- los reclamos y protestas de las comunidades, ciudadanos tarijeños y organizaciones medioambientales.       

Un segundo ámbito de atentados perpetrados por el régimen MASista es la laguna Concepción, en la Chiquitania, que se secó por completo, es decir que está absolutamente seca sin posibilidad alguna de recuperación (grado extremo de irreversibilidad). “Esta importante reserva de agua contaba con una extensión de más de cinco mil hectáreas que hoy son un territorio vacío, seco y en gran parte sin vegetación” (Jhannise Vaca Daza). Y ¿cuáles son las causas de este desastre ambiental? Centralmente, los asentamientos humanos (activamente alentados por el mismo gobierno); y el drenaje de sus aguas, para riegos y alimento de ganado, fueron presionando hasta exterminarla. En general, “las opiniones de expertos, que se han pronunciado sobre el colapso de la laguna, indican que los factores causantes son la deforestación, contaminación del agua e incendios forestales” (Ibid.). así, pues, los desmontes, los incendios, los asentamientos ilegales y la salvaje expansión de la frontera agrícola están acabando y devastando nuestro frágil equilibrio ambiental.          

Un tercer ámbito de violaciones de derechos de los pueblos y territorialidades indígenas es el constituido por la carretera por el núcleo del TIPNIS, donde viven unos 14.000 indígenas de los pueblos trinitario-moxeño, yuracaré y chimán. El régimen MASista recurre a “argumentos (como el bloqueo de Santa Cruz) en ningún caso sustentados por estudios económicos, financieros y ambientales previstos por la ley y el sentido común y menos por el respeto a la voluntad y autodeterminación de los pueblos que lo habitan” (Roger Cortez Hurtado). El pasado reciente 23 de junio el Gobernador de Beni planteó nuevamente (por enésima vez) retomar la construcción de la carretera por el TIPNIS. Y ¿cuáles serían los costos y consecuencias?, hay varios libros sobre esta temática y por hoy bastará con decir que “La apertura de vías por el Tipnis precederá al saqueo de recursos naturales, asentamientos ilegales para materializar los proyectos de expansión empresarial de capitales cocaleros hacia la ganadería, la soya y el mercado de tierras. Las alternativas propuestas para prevenirlo, como la militarización de la carretera, son inviables y no impedirán que este gran núcleo hídrico regulador y reserva de biodiversidad sea contaminado y destruido” (Ibid.).     

Un cuarto ámbito de depredación MASista es el constituido por la actividad minera aurífera -mayoritariamente ilegal y sin licencias ambientales- en la Amazonia norte (de La Paz), más específicamente (aunque no únicamente) en los parques Madidi, Cotapata y Apolobamba, que afecta severamente a los pueblos indígenas, como los Esse Ejja, Leco, Tacana y Pacahuara, y comunidades del lugar, hoy convertidos en territorios mineros. Estas expoliaciones, devastaciones y avasallamientos mineros tienen al menos dos graves consecuencias: una, el ejercicio impune del terror y la violencia de los cooperativistas mineros contra los defensores ambientales y las personas (incluyendo legisladores) que están tratando de denunciar esta minería ilegal. Otra, el uso delincuencial del mercurio, es decir las emisiones antropogénicas de mercurio, que constituye un grave riesgo para la salud, y además de incumplir flagrantemente con el Convenio de Minamata (sobre el Mercurio). ¿Qué hay que hacer?, esencialmente, revertir las concesiones mineras en las áreas protegidas, especialmente en el Parque Nacional Madidi.  

Como podemos ver y observar, estamos frente a problemáticas realmente angustiantes y frente a las que urge pergeñar y barruntar respuestas alternativas y que no pueden ser sino las que emerjan de las luchas, resistencias y movilizaciones radicalmente bio-céntricas y, como bien dice la vicepresidenta afrocolombiana, Francia Márquez, que vuelvan a poner la vida en el centro de todo y así podamos vivir sabroso, es decir vivir en paz y con dignidad.         



| José Luis Saavedra es miembro de Somos Sur y profesor de teoría y política poscolonial.













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