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Por: M. Sc. Joshua Bellott Sáenz |
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que depende del Banco Mundial, determinó hace unos días que el Estado Boliviano cancele al Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA) la suma de 105 millones de dólares por un proceso arbitral interpuesto el 2018, dado que no hubo un trato equitativo y justo con la empresa; debido además, al injustificado retraso de Bolivia en el traspaso de la administración del servicio de administración de pensiones a manos del Estado.
Recordemos que Bolivia; hasta 1996, contaba con un sistema de pensiones de “reparto”, por el cual los trabajadores activos solventaban la pensión de los que ya no trabajaban. Sin embargo, dicho sistema fracasó debido a la insostenibilidad del mismo y la imposibilidad de pagar a todos los cotizantes una jubilación.
Por estas razones, en 1996 se promulga una nueva ley de pensiones que ordena la conformación de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), como sociedades anónimas encargadas de administrar los ahorros de largo plazo de los bolivianos. La nueva Ley creó, además, el Bono Solidario (BONOSOL).
La Ley de ese entonces, creó el Fondo de Capitalización Individual y los Fondos de Capitalización Colectiva, permitiendo a las AFPs realizar inversiones, cuyos límites máximos deberían ser determinados por el Directorio del Banco Central. En este sentido, se determinó que el límite máximo autorizado para inversiones en el extranjero no podía ser menor a 10%, ni mayor a un 50% de cada fondo de capitalización individual. Adicionalmente, se ordenó a las AFPs que mantengan por separado el patrimonio y los registros contables por la administración de los fondos de pensiones, ya que recibieron los mismos bajo la figura de fideicomiso.
La rentabilidad obtenida de las inversiones realizadas por parte de estas empresas, era clave para asegurar una jubilación digna y suficiente para todos los cotizantes. Sin embargo, el resultado fue contrario. Los primeros 10 años del nuevo siglo, demostraron que la rentabilidad fue menor al 5% e incluso en algunos casos, negativa.
El año 2006, el Movimiento al Socialismo gana las elecciones, con la promesa de nacionalizar las empresas estratégicas; decisión que posteriormente fue respaldada por una nueva Constitución Política del Estado, que encargaba entre otras cosas, que la administración de esos fondos previsionales esté en manos del Estado.
Por estas razones, se promulga la nueva Ley de pensiones N° 065 de 2010, ordenando la vuelta al sistema de reparto y la creación de un Fondo Solidario que permitiría compensar las jubilaciones del estrato más bajo. El Artículo 6 de dicha Ley, estipula que los Fondos del Sistema Integral de Pensiones sean administrados y representados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Lamentablemente, los resultados del nuevo Sistema nuevamente fueron cuestionados. Para 2012, un 38% del total de afiliados recibía la compensación solidaria, y en la actualidad, sobrepasa el 60%. Por lo que, sumada a la nula rentabilidad de las inversiones en los últimos 10 años, los rendimientos de los fondos de pensiones son sólo suficientes para financiar la jubilación de 3 de cada 5 personas. En ese mismo orden de ideas, se tiene que, menos de una tercera parte de la Población Económicamente Activa es beneficiada por el sistema de pensiones (un poco más de 2 millones de personas), pero resulta que menos del 13% de las personas ocupadas cotizan efectivamente al sistema, debido al aumento acelerado de la informalidad. Entonces, 84 de cada 100 personas mayores a 60 años no acceden a una pensión de vejez ni a una pensión solidaria de vejez; reciben sólo la Renta Dignidad. Conclusión, el sistema actual, tampoco es sostenible.
Además de que la Ley de 2010 redujo la edad de jubilación, entre otras cosas, determinó la continuidad de los servicios, obligando a que las AFPs continuaran realizando todas las obligaciones determinadas mediante el contrato de prestación de servicios suscrito con el Estado Boliviano, asumiendo las obligaciones, atribuciones y facultades conferidas a la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, mientras dure el periodo de transición (Art. 177). Evidentemente, parece que el trato no fue equitativo, ni justo.
Por otro lado, si bien la Ley establecía nuevamente un máximo de inversión en el extranjero, equivalente al 50%, en los hechos nunca fue así; y, adicionalmente, mediante regulación específica del ente fiscalizador se restringió la misma a un 10%, en el año 2017. Sin embargo, como las normas no fueron escritas en piedra, resulta que ni siquiera el 3% de las inversiones fueron acomodadas en el extranjero, el 26% fueron invertidos en títulos y valores del Estado (BCB y TGN), y más del 70% en títulos del sector privado nacional. Por supuesto, cabe anotar que inversiones en el extranjero, suelen ser más confiables y rentables, respecto a las inversiones en el país; hecho que perjudicó a los cotizantes y a las empresas que administraban esos fondos.
Con estos antecedentes, resulta que recién el 2015 se dispuso, mediante Decreto N° 2248, la creación de la Gestora Pública que debía iniciar operaciones el 2016, traspasando los aportes de 1,8 millones de afiliados (aquella vez), siendo pospuesta 15 meses adicionales, por otro decreto; y así, sucesivamente, dado que supuestamente este traspaso debería efectuarse el 2021. En la actualidad, sabemos que esta acción será completada en septiembre de este año. Sin embargo, en medio de esta inseguridad jurídica para las AFPs se tuvo escándalos de corrupción que terminaron con un claro daño económico al Estado.
El 2017 el Estado boliviano pagó 3 millones de dólares, de un total de 5,1 millones a la empresa panameña Sysde international INC, encargada de la provisión de software a la Gestora Pública, que nunca entregó. Posteriormente, hubo otro contrato con la empresa colombiana Heinsohn Business Technology a la cual se pagó 10,4 millones de dólares por la supuesta compra de un software, en el que, además, se determinó pagar 1,6 millones por derecho anual de uso o alquiler por la licencia del código fuente, durante 40 años, por lo que, el Estado perdería 78 millones de dólares adicionales. Por esta transacción, tampoco se tuvo ningún resultado.
Después de mencionar todos estos antecedentes, podemos afirmar que este proceso de transferencia de los fondos de ahorro de todos los bolivianos, no sólo no concluyó, sino que estuvo plagado de incapacidad y corrupción, en desmedro de los intereses de quienes somos parte de este Estado y del sistema de pensiones. Por estas razones, el pueblo en la actualidad, no sólo duda de la sostenibilidad del sistema, sino también de su propia utilidad. Lo cierto es, que no sabemos siquiera si nuestro dinero está siendo bien invertido.
A pesar de todo lo mencionado, es importante apuntar un aspecto importante: ¿Cuál fue el destino de nuestros ahorros?
Se sabe que las AFPs estuvieron administrando más de 20 mil millones de dólares, de los cuales, como ya mencionamos, un 26% fueron utilizados por el Estado, pero más del 70% de los mismos, fueron invertidos en forma de depósitos a plazo fijo en el sistema bancario (un monto aproximado de 13 mil MM de usd). Con estos fondos, los bancos apalancaron la otorgación de créditos aceleradamente, por un monto cercano a los 200 mil millones de bolivianos en la actualidad. Si bien el ahorro de cada boliviano podía servir para garantizar un crédito, el gobierno prefirió destinar estos recursos a un intermediario, que pide una garantía adicional al prestamista y hace negocio con plata ajena. O sea, en última instancia, lo ciudadanos dimos nuestra plata al sistema financiero, para endeudarnos a nosotros mismos.
Una connotación delicada de lo que acabo de explicar, es que, si entramos en una fase de depresión económica en la que los ingresos de los ciudadanos se van deteriorando, el pago de esos créditos puede peligrar, y con esto, no sólo se desestabilizaría el sistema bancario, sino también, el riesgo de pérdida de nuestros ahorros de toda la vida.
Por último, debemos recalcar que el pago de estos 105 millones de dólares es básicamente inevitable. Si bien el Estado puede optar por 4 recursos que podrían de alguna manera evitar dicha multa; en el caso específico presentado, muy difícilmente serán tomados en cuenta por un laudo arbitral definitivo y obligatorio.
Las causas de este problema y las pérdidas que debe asumir el Estado con plata de los propios ciudadanos, deben encontrar responsables por un daño económico que superará los 120 millones de dólares.
Recordemos que el 2006, se pensó en nacionalizar las empresas estratégicas, sin medir las consecuencias, pese a las advertencias realizadas por las mismas empresas que amenazaron con acudir a la CIADI e interponer demandas. El propio jefe de Estado, que ni siquiera conocía la existencia de este tribunal internacional, decidió seguir adelante en cumplimiento a sus promesas electorales; y como todo es política en este país, el 2007, nuestras autoridades anunciaron el retiro de Bolivia a la CIADI, con el argumento de que era un tribunal que fallaba siempre a favor de las transnacionales.
Por información sobre este tema, conocemos que la AFP Previsión quería transar en su momento, por 15 millones de dólares, y lamentablemente ahora debemos pagar casi 10 veces más ese monto, por lo que debemos preguntarnos: ¿Quién realmente está a favor de las transnacionales?, ¿Debemos seguir permitiendo que la incapacidad y la corrupción derrochen los escasos recursos de los bolivianos?
| M. Sc. Joshua Bellott Sáenz es economista
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