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Por: Zulema Alanes B. |
Una amplia coalición de instituciones de la sociedad civil, denunció “la pretensión del Gobierno de usurpar el mandato constitucional de la Asamblea Legislativa como un Órgano del Estado y de actuar de un modo autoritario desconociendo el Estado de Derecho”.
En un pronunciamiento, la alianza Observación Ciudadana de la Democracia, la Ruta de la Democracia y la Fundación Jubileo advirtieron que al amparo de un fallo judicial que otorga poder al presidente Luis Arce para designar al defensor del pueblo “el Gobierno estaría decidido a violar la Constitución Política del Estado, a no respetar la independencia de poderes y a concentrar el poder en el órgano Ejecutivo, atentando de esta manera contra el Estado de derecho y la democracia, con el consiguiente debilitamiento de los derechos y garantías de la población boliviana”.
La alianza institucional que impulsa la veeduría ciudadana de los procesos legislativos, se pronunció respecto de las consecuencias que podrían derivar del fallo emitido por la Sala Cuarta Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz que dispuso que si la Asamblea Legislativa no designa al defensor del pueblo, por dos tercios de votos, lo podrá hacer el Presidente del Estado, otorgando las facultades de la Asamblea Legislativa al órgano Ejecutivo.
Expresó su preocupación por el empantanamiento en el proceso de selección del Defensor del Pueblo y anunció que “ante la posible ruptura del orden constitucional, la alianza OCD Bolivia se retira como veedor del proceso de selección y designación del Contralor” proceso que actualmente esté en curso.
UN FALLO Y UNA ADVERTENCIA
La Resolución 178/2022 de la Sala Constitucional Cuarta del Distrito Judicial de La Paz, emitida el 14 de julio de 2022 en atención a una Acción de Cumplimiento, exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a designar un Defensor del Pueblo, prolonga el interinato de Nadia Cruz como Defensora del Pueblo y deja abierta la posibilidad de que el órgano Ejecutivo pueda nombrar, de forma directa, a autoridades como el Defensor del Pueblo, el Contralor del Estado, los magistrados del Órgano Judicial y el Fiscal General del Estado.
El fallo de la Sala Constitucional también dispone que “entre tanto se cumpla con lo dispuesto en la primera parte de la resolución, esta Sala Constitucional, bajo la observancia del artículo 12.2 de la Ley 870, entiende que la actual defensora del pueblo, Nadia Cruz, deberá seguir ejerciendo sus funciones hasta que la Asamblea Legislativo cumpla lo dispuesto”.
La Sala Constitucional exhortó también al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, a convoque a una sesión ordinaria o extraordinaria, “para que de forma inmediata procedan a la elección, designación y posesión del nuevo defensor del pueblo”.
Según el pronunciamiento de la alianza institucional, “con esta Resolución, el presidente Luis Arce, podría nombrar mediante decreto a altas autoridades del Estado, concentrando de esa manera en su persona los poderes y facultades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en desconocimiento del rol constitucional de la Asamblea Legislativa de representar a las mayorías y minorías”.
También manifestó su preocupación por “La advertencia del ministro de Justicia, Iván Lima, que señala que tendrá que ser otro órgano del Estado el que tome medidas de emergencia para nombrar a altas autoridades –si la ALP no toma la decisión y el mandato que le da la Constitución- demuestra que el Gobierno estaría decidido a violar la Constitución Política del Estado, a no respetar la independencia de poderes y a concentrar el poder en el órgano Ejecutivo, atentando de esta manera contra el Estado de derecho y la democracia, con el consiguiente debilitamiento de los derechos y garantías de la población boliviana”.
También expresaron su preocupación “ante la falta de compromiso y la incapacidad de lograr consensos por parte de la clase política en la Asamblea Legislativa Plurinacional –que finalmente tiene en sus manos la representación del pueblo a quien debe su mandato- porque está provocando el quiebre de la institucionalidad democrática con los consecuentes riesgos que eso conlleva”.
Dejan sentado que “denunciamos la pretensión del Gobierno de usurpar el mandato constitucional de la Asamblea Legislativa como un Órgano del Estado y actuar de un modo autoritario que desconoce el Estado de Derecho.
En cuatro oportunidades, legisladores del oficialismo y la oposición no lograron llegar a consenso para culminar el proceso de designación de quien debiera asumir el cargo en la Defensoría del Pueblo por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, según lo establece la Constitución Política del Estado.
DICTADURA GUBERNATIVA-JUDICIAL
La Resolución 178/2022 otorga al Órgano Ejecutivo potestad para nombrar a autoridades como el Defensor del Pueblo, el Contralor General del Estado, los magistrados del Órgano Judicial y el Fiscal General del Estado mediante decreto.
El fallo del tribunal establece que, si la Asamblea Legislativa “no cumple esta labor y es obstaculizada de manera constante, repetitiva (...) debe buscarse la coordinación y cooperación de poderes inclusive acudiendo al otro poder como es el Órgano Ejecutivo”.
También dispone que “entre tanto se cumpla con lo dispuesto en la primera parte de la resolución, esta Sala Constitucional, bajo la observancia del artículo 12.2 de la Ley 870, entiende que la actual defensora del pueblo, Nadia Cruz, deberá seguir ejerciendo sus funciones hasta que la Asamblea Legislativa cumpla lo dispuesto”.
La oposición en la Asamblea Legislativa interpretó que el fallo constituye evidencia de que el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) manipularon a la autoridad judicial para que el tribunal de curso a la acción de cumplimiento presentada, además, por una representación “paralela” de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb).
“Con esta resolución se quiebra el sistema constitucional, republicano y democrático reconocido en el artículo 12.I. de la Constitución, se convierte en un emperador al actual presidente que decidirá por sí y ante sí, desconociendo las atribuciones que le corresponden al Órgano Legislativo que representa a mayorías y minorías. La ALP queda anulada en su rol constitucional de garantía como el órgano más representativo del Estado. Se da inicio así a una desembozada dictadura gubernativa-judicial a la cabeza de Luis Arce”, destacó en un pronunciamiento la alianza opositora Comunidad Ciudadana.
La Constitución establece que los cargos de alta jerarquía deben ser elegidos en la Asamblea Legislativa pero el problema radica en el proceso de selección que habilita a postulantes con criterios que no garantizan la meritocracia.
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