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Por: Edwin Herrera Salinas |
El país no deja de estremecerse con crímenes abominables. Tampoco deja de asombrar el desinterés del Gobierno por acabar con la angustia nacional. Entre enero y junio de este año, hemos sido testigos, a través de los medios de comunicación, de monstruosidades cometidas en el occidente y en el oriente, en El Alto y Yapacaní, mientras la reforma judicial sigue siendo una entelequia.
Richard Choque Flores nos puso los pelos de punta con las violaciones y asesinatos cometidos desde hace 11 años, pero el espanto fue mayor al saber que operadores de justicia corruptos urdieron su salida de la cárcel con argucias. Ya en libertad condicional, el sentenciado a 30 años sin derecho a indulto volvió a violar, matar y enterrar los cadáveres en su propia casa.
Los hermanos Salazar Téllez, cuatro para ser exactos, nos indignaron cuando se informó que desde hace años perpetraron violaciones grupales contra niños, con la agravante de que contagiaron con VIH Sida a al menos dos pequeños abusados, uno fallecido el 11 de junio de este año y otro llevado al exterior por temor a los agresores. Violaban, infectaban y amenazaban.
En el caso del violador y asesino serial de El Alto, el exjuez Rafael Alcón y un consorcio mafioso de operadores de justicia, entre ellos un forense, un fiscal, una abogada y una trabajadora social, lo sacaron ilegalmente de la cárcel en diciembre de 2019 para que cumpla detención domiciliaria inventando una enfermedad terminal.
En cuanto a los hermanos violadores e infanticidas de Yapacaní, la actuación del fiscal Julio César Bustos, del médico forense del IDIF Luis Fernando Moreno, y la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Silvia Suazo habrían impedido que el peso de la ley caiga sobre quienes sembraron el terror en el municipio cruceño.
Bustos dijo al diario Página Siete, ni bien los medios pusieron interés en el niño abusado sexualmente por los Salazar Téllez desde el 2020, que el proceso judicial se había extinguido con la muerte de uno de los hermanos que guardaba detención preventiva en la cárcel de Palmasola y pereció por el VIH Sida en fase terminal.
La liberación de Richard Choque Flores no había sido la única. El país se cayó de espaldas al enterarse que decenas de peligrosos criminales, con sentencias sin derecho a indulto, estaban nuevamente en las calles gracias a las mafias judiciales. El Gobierno organizó una comisión de seguimiento de esos casos y al empezar junio dio cuenta de que 21 de ellos fueron recapturados. Otros 29 siguen libres.
Diez jueces de ejecución penal fueron echados y ocho fiscales corrieron la misma suerte. En el caso de Yapacaní, la Fiscalía de Santa Cruz organizó una comisión de fiscales para revisar el cuaderno de investigaciones e indagar todas las actuaciones de los funcionarios judiciales y municipales que tuvieron algo que ver con el asunto.
Sin embargo, El Alto y Yapacaní no son los únicos lugares donde la injusticia se hace sentir de la peor manera. El miércoles 15 de junio el Tribunal Segundo de Sentencia de Quillacollo, en Cochabamba, otorgó detención domiciliaria al temido abogado Jhasmani Torrico, pese a estar sentenciado a seis años de prisión por extorsiones y torturas.
Los jueces que otorgaron detención domiciliaria a Torrico por segunda vez son Salomé Guzmán, Richard Cruz y Patricia Ortuño, quienes valoraron los descargos del abogado filmado golpeando a un ciudadano y tiene en su contra ocho acusaciones de haber conformado consorcios de jueces, fiscales, abogados y policías para extorsionar en Cochabamba.
Las comisiones de seguimiento y de fiscales son simples remiendos que no solucionan ninguno de los problemas de fondo que hacen a la crisis del sistema judicial boliviano complaciente con el gobierno de turno, corrupto, ineficiente, indolente y mediocre.
Solo sirven para aplacar la furia ciudadana y pasar los momentos críticos. Luego todo vuelve a la “normalidad”, los consorcios se rearticulan y vuelven las excarcelaciones ilegales, la extinción de procesos, la disminución de penas y el extravío de expedientes que provocan la mentada retardación de justicia.
Al Gobierno no le interesa transformar el sistema judicial porque le sirve para perseguir, amedrentar, extorsionar y tener a disposición un bolsón de empleos públicos para incorporar a militantes del MAS.
Van cuatro anuncios de reforma judicial en este año y medio de gobierno de Luis Arce y ninguno de ellos ha pasado de ser una impostura. Dice la receta autoritaria que el primer paso para desmontar la democracia es tomar el control de la justicia y en Bolivia el sistema judicial ha sido expropiado por el masismo y sus conmilitones.
El grupo de juristas independientes se ha puesto al frente del manejo infame de la justicia con una propuesta que busca cambiar la elección de las máximas autoridades judiciales del país, que finalmente deben encargarse de la limpieza integral.
A un año de la elección de nuevos magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, están frente a frente la opción autoritaria de mantener cooptada a la justicia nacional y la propuesta de transformarla con una iniciativa ciudadana de modificación parcial de la Constitución vía referéndum popular.
Es hora de que la sociedad salga del letargo, comience a plantearse qué tipo de justicia merece el país y se ponga en acción. Los crímenes no desaparecerán, pero la administración de justicia puede ser revalorizada con una cirugía a corazón abierto.
| Edwin Herrera Salinas es periodista
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