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El relator insta también a que se elija a la brevedad un Defensor del Pueblo. También recomienda impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes para la selección y designación de magistrados.
Este miércoles se conoció el informe final de García-Sayán, documento que consta de 20 páginas y que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en las próximas semanas.
Producto de su visita a Bolivia, el representante constató que “los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados” y pone como ejemplo el caso que involucra a la expresidenta Jeanine Áñez.
Sostiene que los proceso “golpe I” y “golpe II”, relacionados con la exautoridad, “han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero” y recuerda que, en el transcurso de su estadía en Bolivia, se enteró sobre la huelga de hambre que cumplía la exmandataria, siendo “testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso”.
“Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud”, explica el escrito difundido por El Deber.
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