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Este 14 de mayo concluye oficialmente la gestión defensorial que en 2016 inició David Tezanos y continuó Nadia Cruz como interina desde enero de 2019.
Y en tanto no hay señales de que se vaya a reinstalar la sesión para elegir a un nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, desde la veeduría ciudadana que ha seguido de cerca el proceso para la designación de tan importante cargo, se advirtió sobre los riesgos del vacío institucional que podría generar la indefinición a nivel de la Asamblea Legislativa.
La posibilidad de consenso parece esfumarse porque todo el proceso estuvo marcado por la falta de consenso, primero para definir el reglamento de selección y, luego, para la designación del titular de la Defensoría del Pueblo.
Sandra Verduguéz que en representación de la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, articulación integrada por diecisiete instituciones de la sociedad civil, coordinó la veeduría ciudadana detalló a Cabildeo Digital los problemas que marcaron ese proceso y que podrían explicar por qué desde hace más de una semana no se reinstala la sesión que debe designar un Defensor o una Defensora del Pueblo.
- ¿CÓMO SE ENCARÓ LA VEEDURÍA CIUDADANA?
Cuando solicitamos la acreditación en un inicio nos negaron porque objetaron la personería jurídica de Fundación Jubileo, que es una de las instituciones de OCD, finalmente nos acreditaron cuando el proceso estaba iniciado.
Hemos estado en las dos votaciones, luego de una escueta presentación del informe de la Comisión, se dio a conocer las hojas de vida de los siete postulantes habilitados. En esta instancia como observadores sólo podíamos observar, ya no quedaba nada por hacer.
Durante todo el proceso emitimos alertas diarias, después de cada etapa. Hubiera sido interesante que esas alertas sean consideradas por las tres fuerzas políticas de la Comisión, porque cada etapa precluía y si no se hacían las observaciones oportunamente ya no había opción de volver atrás.
Por eso, cuando se llegó a la votación con siete habilitados, quedó en evidencia que no se valoró adecuadamente los antecedentes, en algunos casos, acreditaban trayectoria en defensa de los derechos humanos, en otros, solo coordinación de eventos sobre derechos humanos. Algunos no hablaban un idioma originario pero ese requisito fue pasado por alto. Se pidió que presenten una propuesta, pero no la tomaron en cuenta porque no había parámetros para calificarla.
Haciendo un balance, el reglamento fue el origen de las imprecisiones e insuficiencias, no permitió calificar de manera objetiva a los postulantes, ni ver su trayectoria y experiencia, ni mucho menos aplicar parámetros de meritocracia.
Hemos anotado todos los temas que nos parecían irregulares. Hemos entregado nuestro informe, la observación ciudadana se limita a registrar y alertar esperando que en otras instancias se tomen medidas. Todavía falta en la cultura política apertura para considerar los aportes de la ciudadanía, el Defensor del Pueblo es una instancia de la ciudadanía, tal vez, la más importante para el ejercicio y vigencia de los derechos humanos, por ello, la elección debiera estar sometida al mayor escrutinio público, pero no fue así.
Hemos cumplido como observación ciudadana. Hemos tenido el apoyo de los medios de comunicación y eso es muy valorable porque permitió que la ciudadanía se involucre gracias a la difusión de nuestros hallazgos y comentarios, pero hasta ahí llegamos, con un informe con recomendaciones sobre aspectos técnicos que es lo que nos compete.
Estamos viendo que no se ha conseguido lo que se esperaba, el papel de los asambleístas no ha sido el que se esperaba, el consenso generó expectativas, pero se rompió. Todo muestra un proceso complejo, y es previsible que los futuros procesos de selección de autoridades sean parecidos, con reglamento imprecisos e insuficientes. Los parlamentarios deben pensar en su responsabilidad y, sobre todo, garantizar autoridades con independencia política por lo menos.
- ¿NO SIRVIÓ EL CONSENSO PREVIO?
Con todas las dificultades observadas, el proceso que hasta ahora no termina de definir quién será el Defensor del Pueblo, es un mal precedente. Se habló de consenso, pero el consenso desapareció. El fracaso es una muestra de cómo funciona la Asamblea Legislativa, los consensos no tienen estabilidad y no puedan dar certezas a la población, no hay madurez para negociar abiertamente y asumir responsabilidad en la elección de autoridades. Al final no hubo consenso, hay incertidumbre en la población sobre quién será el próximo Defensor del Pueblo.
- ¿QUÉ IMPACTO TUVO LA OBSERVACIÓN CIUDADANA?
Al inicio, la Comisión tuvo cierta apertura y transparencia porque fueron dando a conocer las listas de postulantes, pero, la transparencia se acabó cuando no difundieron las impugnaciones, 133 impugnaciones, pero como ciudadanía no hemos conocido quiénes y por qué razones fueron impugnados. Hubo impugnaciones de dos postulantes que consideraron injusta su eliminación, pero esto no se ha conocido en detalle.
No podemos afirmar que haya consignas, pero podemos comentar sobre el papel de la Comisión en las diferentes etapas. El reglamento consensuado pareció funcionar bien en las primeras etapas, porque ninguna de las fuerzas políticas expresó desacuerdos, no hubo reclamos, parecía que el consenso funcionaba, pero conforme avanzó el proceso estaba claro que no fue así.
Hicimos observaciones, pero no las tomaron en cuenta. Simplemente al final, cuando se terminó la etapa de entrevistas reaccionó Comunidad Ciudadana (CC) y denunció que había una clara línea política para beneficiar a determinados candidatos. Los parlamentarios debieron tener una actuación más activa en este proceso, de modo que cuando se llegue a la etapa de votación tengan más elementos para justificar su decisión. Como OCD enviamos los informes, pero no tenemos confirmación de que los hayan leído o no.
Lo más crítico fue la falta de objetividad en los sistemas de evaluación definidos en el reglamento. Como OCD, junto con la Plataforma de Monitoreo a la Justicia, presentamos una propuesta de reglamento a la Asamblea Legislativa con un sistema de puntajes para eliminar discrecionalidad, no sabemos si fue tomado en cuenta.
- ¿CUÁL ES LA SENSACIÓN DE ESTE PROCESO TRUNCADO?
Sabemos que hay crisis de las instituciones, falta de confianza, escenario de desinstitucionalización, hay que saber qué hará la ALP después de esta experiencia, esperamos que en el futuro las comisiones actúen de diferente manera, con un reglamento más serio, es un trabajo arduo, proceso largo.
No somos los únicos que tenemos un alto grado de frustración sino la ciudadanía en general, después de participar en un proceso que pensamos venia de un consenso o que podía alcanzar algunos estándares para la designación de un Defensor del Pueblo independiente políticamente, capaz, con experiencia y méritos. Los que estamos viendo ahora no nos da esa sensación, la gente se pregunta que Defensor del Pueblo se elige por una negociación, este nivel de frustración está en la ciudadanía y todos estamos…
Sea quien sea designado defensor del pueblo debemos seguir viendo como desempeña su papel si realmente tiene independencia política y seguiremos emitiendo alertas y observaciones.
Lamentablemente hay muchos levantamos, conversando con parlamentarios hay frustración. En la oposición se sienten abrumados por la mayoría y porque no significa mucho su participación, sin embargo, tienen que cumplir un rol en la Asamblea Legislativa y tienen compromiso con la ciudadanía y deben cumplirlo con rigurosidad y mayor conocimiento.
Los parlamentarios deben mejorar su rol de oposición y el oficialismo debe representar mejor a la ciudadanía y, en conjunto, estar mejor preparados y ser más rigurosos y acuciosos en las decisiones que toman, es lo que se requiere para preservar la institucionalidad. Lo ocurrido en la frustrada elección del Defensor del Pueblo es una mala señal de cómo funciona la Asamblea Legislativa y es un mal antecedente.
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