.jpg)
Dicho ministerio le da un plazo de 48 horas al periódico para que informe.
El Ministerio de Obras Públicas anunció en una carta “acciones legales” contra el periódico Página Siete, al que otorga un plazo de 48 horas para que informe a esa cartera de Estado las causas que motivaron la publicación del reportaje titulado: “Dos malls con cientos de locales y patios de comidas dan otro rostro a la Uyustus”, difundido el 3 de abril de este año.
Vía: Público.bo |
El Ministerio argumenta que el Gran Vía Mall, que está citado en la nota, está ubicado “en predios del Estado boliviano (ENFE)” y que, pese a eso, está siendo construido por particulares. Asegura que sobre ese terreno existen procesos legales y administrativos cuya finalidad es la recuperación del mismo.
Y, por tanto, el ministerio protesta por la publicación de Página Siete, presume erróneamente que es una nota de promoción y lanza el anuncio de acciones legales, además de dar a este periódico un plazo para informar respecto de aquella publicación.
“Solicitamos que para fines consiguientes que en un término de 48 horas, se nos haga conocer a esta cartera de Estado, las causas que motivaron la mencionada publicación, que contraviene la norma citada líneas supra, exhortándole dar cumplimiento al Art. 108 en sus nums. 1 y num 14 y el Art. 24 de la Constitución Política del Estado; caso contrario anunciamos acciones legales correspondientes conforme a derecho (sic)”, indica la carta enviada a la directora de Página Siete, Mery Vaca, que está fechada el 19 de abril y está suscrita por el director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, Luis Alejandro Cabrera.
El artículo 108, en su numeral 1, establece que los bolivianos están obligados a cumplir la Constitución y las leyes; el numeral 14 dice que entre sus deberes está el de “resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia”; y el artículo 24 hace referencia al derecho de petición que tienen todos los bolivianos.
Página Siete rechaza cualquier “anuncio” de acciones legales atentatorio a la libertad de expresión y le hace notar al ciudadano firmante que los medios de comunicación independientes no tienen la obligación de informarle al Gobierno sobre sus publicaciones, puesto que Bolivia es un Estado democrático y la libertad de expresión está garantizada por el artículo 106 de la Constitución Política del Estado. Además, es derecho de todos los bolivianos y bolivianas “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”, según dispone el inciso 6 del Art. 21 de la Constitución Política del Estado.
La carta recibida por este periódico parte además de una premisa errónea. El objetivo del citado reportaje es informativo y en ningún caso promociona determinada actividad privada. Y aun si así fuera, éste o cualquier medio de comunicación estarían en su derecho de hacerlo lícitamente. Si una entidad pública tiene procesos en curso respecto de determinados bienes, puede bien hacerlos conocer y dejar sentada la posición estatal a ese respecto, lo que también es de interés público noticioso.
Página Siete invita más bien al ministro Édgar Montaño a una entrevista con este medio para que explique la situación legal de dichos predios, aspecto que el periodista que elaboró la noticia no estaba obligado a conocer.
Sería de interés público saber si, por ejemplo, incluso dando por ciertas las afirmaciones de la carta del Ministerio de Obras Públicas, dado que hay “procesos legales y administrativos” de recuperación de predios del Estado, eso implica que existen controversias pendientes de resolución judicial que definan quién tiene la razón legal o qué viene haciendo el Ministerio a ese respecto para cuidar el interés público, el cual no se protege con diligencia anunciándole acciones legales a la prensa
%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(2).jpg)
.jpg)
