A un año de la detención de Jeanine Áñez, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo conocer un informe sobre derechos humanos, a través del cual apunta al gobierno de Luis Arce de dirigir el proceso en contra de la expresidenta y otras exautoridades. Además de ejercer presión sobre los jueces que llevan esos casos.
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Ayer fue publicado el documento Informes Nacionales sobre Prácticas de Derechos Humanos, el cual hace un resumen ejecutivo respecto de las vulneraciones que acontecen en varios países del mundo.
En el caso de Bolivia, afirma que “tanto el jefe de Policía, Jhonny Aguilera, como el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, volaron a Trinidad, Bolivia, donde vivía Añez, para supervisar su arresto. La presencia de estos altos funcionarios, altamente irregulares para una operación de arresto, fue un indicador de que el gobierno al más alto nivel estaba dirigiendo el proceso contra Añez y otros, ejerciendo una tremenda presión sobre los jueces que ya carecían de independencia real”, detalla un fragmento del reporte difundido por Página Siete, sustentado en documentos de organismos de derechos humanos.
El documento sigue indicando que entre el 12 y 13 de marzo de 2021 fueron arrestados los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán y la exjefa de Estado. Posteriormente, fueron detenidos exjefes policiales y militares y otras autoridades del gobierno de transición por el caso de “golpe de Estado”, supuestamente perpetrado en 2019.
El informe de EEUU observa que el proceso de Añez fue desdoblado en los casos golpe I y golpe II. También que el tiempo de detención preventiva excedió el límite de los meses establecidos. A ello se sumó el hecho de que al tratarse de una expresidenta se le negó un juicio de responsabilidades.
“En una entrevista del 23 de marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que el gobierno inició un proceso penal contra Añez porque el gobierno carecía de los votos en la legislatura para autorizar su juicio político. Los expertos legales señalaron que la declaración del ministro sugería que el gobierno estaba más interesado en el encarcelamiento de Añez que en darle un juicio justo”, se lee en el documento.
Otro hecho que se registra en el informe es que desde el Ministerio de Gobierno se minimizó el intento de suicidio de la exgobernante. “El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó sus lesiones de ‘simplemente arañazos’ y alegó que el trato preferencial del gobierno a Añez causó disturbios en los reclusos. Los grupos de derechos humanos criticaron ampliamente el encarcelamiento de Añez por parte del Gobierno y su negativa a concederle la libertad bajo fianza a pesar de su débil salud”, complementa.