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Por: Amalia Pando |
Los jueces en Bolivia son peones de la Inquisición, sería bueno que el relator de la ONU se interese en ello. Es un sistema para echar a la hoguera a cualquier enemigo del régimen. No hay defensa, no puede haberla, y la sentencia ya está redactada antes inclusive de conocerse la acusación.
Un ejemplo magnífico de este sistema ocurrió en Santa Cruz, en las narices del relator Diego García - Sayán durante el proceso contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el médico Rómulo Calvo, quien está en el banquillo de los condenados con el pretexto de haber faltado a su trabajo en la Caja Petrolera donde está declarado en comisión por sus labores sindicales.
La acusación es descarada pues el oficialismo mantiene en YPFB a 821 dirigentes en comisión. 176 de ellos nunca van a trabajar y ganan entre 20 a 40 mil bolivianos al mes, además de horas extras y trabajos nocturnos. ¡Válgame Dios!
“El juez (Primo Felipe Flores) acababa de decirnos que no se habían presentado pruebas y cuando reclamé que sí presentamos ocho fojas de pruebas, me mandó a callar y me apartó del proceso”, relató a El Deber Martín Camacho, abogado del procesado.
Sin abogado, el juez quiso designar a uno de oficio, pero Calvo se opuso: “No puedo aceptar un abogado impuesto por el Ministerio Público, por lo que voy a esperar un abogado de mi confianza”
Así, Calvo se quedó sin abogado y la audiencia que posiblemente determine su aprehensión se postergó hasta el día siguiente.
LIMA, EL JEFE DE LA INQUISICIÓN
Iván Lima desde el Ministerio de (in)Justicia conduce la Inquisición. No sólo tiene aterrados a los opositores sino también a los jueces. Dijo que 1000 de ellos serán destituidos. De acuerdo a ley, el gobierno no tiene tuición sobre los jueces, pero en la Inquisición todo vale.
Lima decide quién sí y quién no. El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, ese no, a pesar de los contratos por 21 millones de bolivianos para las 41 ambulancias fantasmas y de yapa un televisor de 21,500 bolivianos. Si eso no es sobreprecio ¿qué es?
LIMA Y KHAN
El fiscal británico de la Corte Penal Internacional, CPI, Karim Khan resolvió que no tiene competencia para investigar a Evo Morales por la “Masacre del Oxígeno” que dejó alrededor de 40 muertos, ocurrida en agosto de 2020 cuando por órdenes de Evo Morales sus seguidores bloquearon el paso de los tubos y camiones con oxígeno que esperaban con urgencia los agonizantes pacientes de Covid-19.
Iván Lima a tiempo de festejar la resolución de la CPI dijo que será vinculante y de cumplimiento obligatorio. ¿Qué? Khan no le dio a Evo Morales ningún tipo de inmunidad ni lo declaró inocente, solo resolvió que la Fiscalía de la CPI no tiene competencia para investigarlo. Pero la Fiscalía de Bolivia sí tiene competencia y obligación, pero eso ocurrirá cuando se acabe la Inquisición, quién sabe cuándo.
La resolución de Khan ha sido aprovechada para abrir otro proceso inquisitorio, esta vez contra el exprocurador del Estado, José María Cabrera por haber pedido a la CPI dicha investigación en septiembre de 2020 cuando todavía estaban tibios los cuerpos de las víctimas de la “Masacre del Oxígeno”.
El relator de la ONU debería percatarse además que Lima, el jefazo de la Inquisición, es parte del Poder Ejecutivo y por lo tanto, en términos constitucionales, sin competencia para determinar la suerte de 1000 jueces o decidir qué es vinculante o no, y de conocer primero que nadie las decisiones de quiénes se autoincriminan para acogerse a un proceso abreviado, tal como viene ocurriendo con los militares detenidos.
DERECHOS HUMANOS CON SIGNO POLÍTICO
Las comisiones y cortes internacionales de los Derechos Humanos fueron muy Importantes para frenar o al menos denunciar a las dictaduras militares que durante más de una década en América Latina cometieron crímenes atroces contra militantes de izquierda.
Pasado el tiempo, esa izquierda resucitó inmersa en el populismo, y cuando ya estaba acomodada y bien pagada, tomó el control de esos organismos para cobrar venganza y proteger a los suyos, corruptos o no.
ABRÃO Y ANTONIA
El brasileño y seguidor de Lula, Paulo Abrão, en su calidad de presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, visitó Bolivia para una sola cosa, certificar la postverdad del MAS sobre las masacres de Senkata y Sacaba.
Abrao escribió un tweet a propósito de la huelga de hambre que cumple Jeanine Añez que dice “no es una presa política sino una política presa”. Este texto tan hiriente prueba la enorme “imparcialidad” de la CIDH, otro dato que el relator visitante de la ONU también podría observar.
Ese tweet me recuerda a Emilio Masera, el almirante verdugo de la dictadura argentina (1976-1983) quien lanzó una célebre frase para burlarse de los defensores de los Derechos Humanos, como hoy lo hace Abrao. Dijo en un discurso “de qué derechos humanos hablan, aquí se respeta a los humanos derechos”
Tras el retiro de Abrão de la CIDH, asumió la conducción de ese organismo Antonia Urrejola quien le negó a Jeanine Áñez las medidas cautelares que podían evitar su detención. Antonia consideró que Jeanine no estaba tan mal, sugirió que le dieran un poco más de comodidad. Tuto Quiroga la calificó como la carcelera de Jeanine.
Antonia Urrejola designada por Gabriel Boric, será desde el próximo 11 de marzo la nueva canciller de Chile.
DE FACTO, IPSO FACTO
Para esta gente, incluida Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jeanine Añez fue una presidente “de facto” porque se autoproclamó en una sesión corta del Senado y sin quórum.
La Constitución de Bolivia dice que cuando un presidente abandona su cargo, como lo hizo Evo Morales, procede la sucesión constitucional automática, ipso facto, sin necesidad de juramento ni quórum de ningún tipo.
Como escribió Franz Barrios “Cuando la Sra. Añez asumió la presidencia pudo haber estado acompañada de solo una polilla y el proceso entero pudo haberse hecho en un nano-segundo: no se hubiera alterado en nada la mecánica legal prevista. “
Diego García-Sayán, relator especial para la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas que se encuentra en el país, está muy bien enterado de nuestra Constitución y de la Inquisición imperante en Bolivia. ¿Qué podemos esperar de él? Nada. Él responde al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que desde el 1 de enero de este año está manejado por los 10 peores regímenes del mundo, entre ellos China, Rusia, Venezuela y Cuba, países sometidos a cruentas dictaduras que se ríen como lo hizo el almirante Massera de los Derechos Humanos.
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