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Por: Zulema Alanes B. |
El juicio contra la expresidenta Jeanine Añez por el denominado caso “golpe de Estado II” fue suspendido sin fecha por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción que, luego de una caótica sesión, decidió por unanimidad dejar sin efecto el auto de apertura del proceso que debía iniciarse este 10 de febrero.
Lo que empezó mal continuará mal, coincidieron analistas y constitucionalistas que recordaron que el proceso contra Añez vulnera la Constitución que establece que sólo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene atribución de juzgar al presidente o presidenta por delitos cometidos en su mandato previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por al menos dos tercios.
Pero no se consideraron razones constitucionales para la suspensión del inicio del proceso. “El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la capital, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, de forma unánime, dispone dejar sin efecto el auto de apertura de juicio de fecha 18 de enero de 2022", informó el presidente del tribunal Germán Ramos al cabo de casi tres horas de inicio de la sesión preparatoria del proceso que debió iniciarse este 10 de febrero.
En la acusación la fiscalía argumenta que se vulneró la Constitución y el Reglamento de Debates de la ALP en la sucesión presidencial del 2019 y responsabiliza a Añez de tomar primero la presidencia del Senado y luego presidir una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en sesiones sin quórum, para autoproclamarse presidenta.
También están acusados el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman; el exinspector general de las FFAA, Jorge Fernández; el excomandante de las FFAA, Sergio Orellana; el exjefe del Estado Mayor, Flavio Arce; el excomandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros; el comandante general de la Armada Boliviana, Palmiro Jarjuri; y el excomandante general del Ejército, Jorge Pastor Mendieta; y el excomandante general de la Policía Yuri Calderón. El primero y el último están prófugos.
La defensa de los exjefes militares y policial cuestiona la acusación no sólo porque no se ajusta a la Constitución sino porque la Fiscalía ni siquiera pudo individualizar la participación de cada uno de los acusados en los supuestos delitos.
CAOS Y DESCONTROL EN EL TRIBUNAL
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz –conformado por Germán Ramos (presidente), Marco Antonio Vargas Yupanqui y Liz Avilés Condori– perdió el control de la sesión en la que se debió dar inicio al juicio oral contra la expresidenta Jeanine Añez, siete exjefes militares y un exjefe policial.
Como estaba programado, la sesión virtual se instaló a las 9.00 horas en la plataforma Webex que a los pocos minutos se saturó por la cantidad de personas conectadas que hablaban al mismo tiempo y dejaban micrófonos abiertos cuando el tribunal concedió la palabra a las partes antes de ingresar a la consideración de incidentes y excepciones.
En su segundo día de huelga de hambre, Jeanine Añez se conectó a la audiencia virtual desde la cárcel de Miraflores, en compañía de Norka Cuéllar, una de sus abogadas, y por secretaría se dio a conocer la lista de testigos, abogados y otras partes interesadas presentes en la audiencia. El que brilló por su ausencia fue el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, principal accionante del proceso.
En tanto, en puertas del tribunal sectores afines al gobierno arengaban contra la exmandataria y sus ataques eran respondidos por grupos que respaldaban a Añez y rechazaban el juicio por injusto e inconstitucional.
En medio de problemas técnicos y protestas callejeras, se reclamó por la falta de notificación a testigos y el incumplimiento de plazos para la instalación del juicio.
Los abogados de la defensa calificaron como actividades procesales defectuosas que una instancia de suplencia hubiera emitido el auto de apertura el 18 de enero y, asimismo, que no se hubiera cumplido el plazo de 20 a 45 días que establece la norma para la apertura del proceso.
Luego de casi tres horas de una accidentada sesión virtual que fue interpretada como una total improvisación, se dejó sin efecto el auto de apertura del juicio provocando el rechazo del Senado, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría, y el Ministerio Público.
El tribunal anunció que se procederá a corregir y sanear los procedimientos y suspendió la audiencia virtual dejando establecido que la nueva fecha para el inicio del juicio debe ser fijada luego de que se emita un nuevo auto de apertura.
Carolina Ribera, hija de la expresidenta, dijo a Cabildeo Digital que lo que corresponde es “suspender el juicio porque Jeanine Añez no tiene por qué ser procesada” y señaló que “de persistir en este juicio injusto las sesiones deben ser presenciales, este debe ser un juicio público, para que el país y el mundo sea testigos de la injusticia”.
Aunque se conoció la objeción de varias instancias de gobierno a la decisión del tribunal de suspender la apertura del proceso, el ministro de Justicia Iván Lima aseguró que “como gobierno estamos acatando y respetando la decisión de la justicia, no la estamos cuestionando” y aseguró que dos exjefes militares se acogerían a un proceso abreviado.
El jurista Juan Del Granado insistió que el tribunal “atropella la Constitución, no cumple el debido proceso y debería excusarse porque de existir delitos la expresidenta debe ser procesada por el Tribunal Supremo de Justicia luego de una resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
En tanto el analista político Franklin Pareja que el juicio a Añez “puede derivar en el quiebre total del sistema democrático, porque peligrosamente se está imponiendo la supremacía política por encima del Estado de Derecho”.
“Estamos viendo que solo hay un órgano supremo que es el Ejecutivo. En los últimos años que ha gobernado el MAS hemos vivido un proceso de desinstitucionalización, se echó por la borda lo que institucionalmente se ha construido. La democracia ha retrocedido hasta antes de 1982”, dijo a Cabildeo Digital.
HUELGA DE HAMBRE Y RECLAMO INTERNACIONAL
La suspensión del juicio para ser parte de los cálculos del gobierno y sus operadores en la justicia porque en círculos del MAS se admitió que no era “políticamente correcto ni estratégicamente aconsejable iniciar el juicio ordinario cuando Añez está en huelga de hambre, hay que ejerce presión para que levante la medida extrema”.
Áñez se declaró el miércoles en huelga de hambre en su celda de la cárcel de Miraflores alegando que no debe ser sometida a un juicio ordinario sino a un juicio de responsabilidades aprobado por dos tercios de la Asamblea Legislativa.
"Tomo una de las decisiones más duras de mi vida, hoy ingreso en huelga de hambre, estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley, que la comunidad internacional entienda que la justicia es de Evo Morales y Luis Arce", dijo en una carta al país.
Un día antes de que anunciara la extrema medida, 21 expresidentes de Iberoamérica denunciaron que la detención de Añez era “arbitraria y contraria a los principios fundamentales de un Estado de Derecho” y recordaron que el presidente Luis Arce como candidato reconoció “la naturaleza constitucional de la presidencia de transición que ejercía Añez” por lo que reclamaron un juicio justo y con las garantías correspondientes e invocaron el derecho de la expresidente a “gozar de un juicio en libertad, con debido proceso y una tutela judicial efectiva”.
JEANINE AÑEZ TOMÓ LA PALABRA
"La justicia ha desprotegido, desoído y desamparado durante 335 días mis derechos fundamentales"
"(Existen) violaciones a la Constitución y las leyes cometidas por el Gobierno a través de sus ministros y fiscales, avaladas por cada uno de los jueces que han conocido estos ilegales procesos y han hecho oído sordo y simulan ceguera para evadir el respeto a los derechos humanos, el derecho internacional y el debido proceso",
"Hace 335 días que se me niega el derecho a un proceso justo, independiente, transparente y público. Un proceso conforme a la Constitución y a la ley de juicio de responsabilidades de exmandatarios y magistrados vigente en nuestro país".
"Fui secuestrada el 13 de marzo, porque no hay otro calificativo para mi detención, sin haberme notificado ni llamado a declarar frente a la denuncia que inició todo este calvario"
"Siempre cumplí con mis obligaciones y mis responsabilidades, jamás estuvo en mí rehuir de alguna de ellas, menos abandonar mi país, mi casa, mi hogar y mi familia"
"Pretenden juzgarme mediante un proceso irregular, plagado de ilegalidades desde su mismo origen. (...) Tengo derecho a un proceso justo, señor juez, con un tribunal competente, como es el Tribunal Supremo de Justicia"
"Soy inocente de lo que me acusan en este proceso y en los otros donde además de condenarme desde hace 11 meses a ser una presa política, el Gobierno, la Fiscalía y la justicia me han condenado, impiden que me defienda en libertad y en un proceso justo"
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